PROBLEMÁTICA INDIGENA: EL PS NO PUEDE SER NEUTRAL

VOTO POLITICO
Presentado al Pleno del Comité Central del Partido Socialista
Santiago, marzo 16 de 2002

PROBLEMÁTICA INDIGENA: EL PS NO PUEDE SER NEUTRAL

niños-mapuche

Dentro de su estrategia de monopolizar y politizar el tema de la seguridad ciudadana en perfecta coherencia con sus objetivos políticos -largamente explicitados- y con un apoyo mediático incondicional, la derecha ha sido capaz, una vez más de situar en la agenda pública la idea-fuerza de que los hechos de violencia producidos en el marco del conflicto mapuche son actos ligados al terrorismo, a la inconstitucionalidad, a una vigencia parcial del Estado de Derecho y, finalmente, a la delincuencia común.

Como parte de esta misma estrategia, un objetivo político adicional ha sido el cuestionamiento a la gobernabilidad y a la ‘mano blanda’ del gobierno. A ello se ha sumado una serie de hechos producidos en el marco de la descomposición evidente de la Conadi, ente que ha ratificado bajo distintas direcciones que no es la instancia adecuada para abordar, coordinar, proponer e interlocutor con el mundo indígena en general, y con el mapuche en particular.

Frente a esto, el gobierno ha seguido profundizando las políticas de ‘judicialización’ y ‘militarización’ del conflicto y se ha hecho eco de los argumentos expresados por los mismos que suscribieron la inserción publicada en El Mercurio, el domingo 10 de marzo del presente año. En ese plano han resultado sorprendentes, por su aroma autoritario, las declaraciones del subsecretario Correa Sutil, al referirse a los hechos como ‘actos delictivos’ y a los participantes y detenidos en las manifestaciones de oposición a la construcción de la Central Ralco como ‘un grupo de cobardes’.

Recordar que desde hace más de una década la Concertación ha dado algunos importantes pasos en el proceso de reencuentro e incorporación plena de los pueblos originarios. Desde el Pacto de Nueva Imperial suscrito por el ex Presidente Patricio Aylwin hay muchas cosas que no se han hecho y otras tantas ni siquiera las hemos comenzado a hacer. Se han cometido errores en esta materia, pero sin ninguna duda es la Concertación la única que puede ofrecer un camino viable a este tema de tanta importancia social y humano. Si dejamos pasar el pasar el tiempo y no profundizamos el proceso iniciado junto con la recuperación de la democracia no debe llamar entonces la atención que en las próximas elecciones municipales y parlamentarias, sólo por este tema, perdamos uno o dos puntos porcentuales de apoyo en las urnas, los que claramente pueden tener un alto costo político para la Concertación y para Chile.

Frente a este cuadro actual, que no es sino una agudización de un conflicto larvado a través de siglos y que en el marco de la República tampoco se ha sabido enfrentar y resolver; consecuentemente con su compromiso de representar a los sectores postergados y discriminados de la sociedad y por la responsabilidad de participar del gobierno encabezado por el Presidente Ricardo Lagos, el Partido Socialista de Chile no puede ser neutral, y por ello debe:

1. Proponer al Presidente de la República la generación de una nueva institucionalidad que dando cuenta de lo efectivamente avanzado por la Conadi, supere esta instancia ya deslegitimada y que hace mucho dejó de tener la posibilidad de ser interlocutor de los pueblos originarios. En ese contexto surge la posibilidad de crear la figura de un ministro especial que cumpla la función de coordinador interministerial que articule el cumplimiento de las políticas de las distintas carteras en materia de asistencia, protección, promoción y desarrollo indígena. Esta es una figura que ya existe en otros países, como México, y que ha dado buenos resultados.

2. Solicitar al ejecutivo asignar la condición de discusión inmediata al proyecto de suscripción del Convenio 169 de la OIT, que se encuentra actualmente en el Senado luego de haber sido ratificado por la Cámara de Diputados hace más de un año, y cuya aprobación no requiere mayor discusión toda vez que luego de una presentación de parlamentarios de oposición el Tribunal Constitucional ratificó la plena validez jurídico y constitucional de dicho instrumento.

Por lo anterior no cabe sino la ratificación de este instrumento jurídico internacional que data de 1989, y en el que se da tratamiento a diversas cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas y tribales, como los derechos sobre la tierra, el acceso a recursos naturales, la sanidad, la educación, la formación profesional, las condiciones de empleo y los contactos transfronterizos, trámite que sólo depende de la voluntad política del gobierno.

Valorar el hecho de que uno de los aspectos fundamentales del Convenio núm. 169 es su reconocimiento de la necesidad de adoptar medidas especiales con el fin de abordar la especificidad cultural de los pueblos indígenas y tribales y tener en cuenta sus prácticas e instituciones tradicionales, prestando especial atención a la educación, la administración de justicia, la consulta con estas poblaciones y los procesos generales de desarrollo.

Destacar que la adopción de este Convenio permite el abandono del planteamiento integracionista y paternalista del convenio predecesor y el reconocimiento de las culturas y las visiones del mundo de estos pueblos, así como de la importancia de su plena participación en los procesos de toma de decisiones y de otros factores que les atañen, de modo que se garantice el derecho a determinar sus propias prioridades. La aplicación de estos principios exige necesariamente la realización de consultas significativas con los interesados.

Reiterar que la adopción de este Convenio internacional es ineludible para un país como el nuestro, para un gobierno progresista como el que encabeza el Presidente Lagos y es un compromiso ético y político para los socialistas chilenos.

3. Implementar en el marco de la Conferencia Nacional de Organización, convocada para este año, aquellos acuerdos aprobados por el XXVI Congreso Ordinario del Partido Socialista, realizado en Concepción en 1996, especialmente aquel que mandató a la Mesa Directiva en el sentido de constituir la Vicepresidencia Nacional de Asuntos Indígenas, cuestión que ha sido mediatizada en el tiempo y que hasta hoy no ha sido llevada a la práctica. El PS no puede mantenerse, orgánica y políticamente, fuera del conflicto que desde hace siglos enfrenta al Estado y a las comunidades indígenas, especialmente mapuche. Seguirlo haciendo sería una irresponsabilidad asumida conscientemente.

4. Fijar la fecha de realización del Congreso Indígena del PS, largamente pospuesto y cuya convocatoria inicial fue para el año 2001 sin que llegará nunca a materializarse. La coyuntura política obliga a generar todas las condiciones necesarias para su concreción, en la idea de que de allí surjan lineamientos y propuestas del mundo socialista para abordar y enfrentar el tema indígena en todas sus dimensiones.

5. Crear los mecanismos que le permita contar, en las próximas elecciones municipales y parlamentarias, con candidatos pertenecientes a los pueblos originarios. Para ello debe implementar los mecanismos para promover a aquellos militantes que cumplen con ese requisito, así como a aquellos independientes que reconozcan en el socialismo chileno un espacio para también dar la lucha electoral que permita a sus pueblos tener representación en los municipios y en el Parlamento. De no hacerse este importante esfuerzo no deberemos sorprendernos que sea Lavín y la UDI quienes tengan candidatos indígenas para postular en ambos procesos eleccionarios.

6. Enfrentar cultural y políticamente aquel fenómeno que permite que en aquellas comunas, distritos y circunscripciones con alta población indígena las elecciones arrojen de manera mayoritaria resultados favorables a la derecha. Este análisis debe ser riguroso y acabado, dando cuenta de los resabios latifundistas que aún subsisten y, sin duda, nuestra propia distancia.

7. Respaldar abierta y decididamente la aprobación de la reforma constitucional, que actualmente se encuentra en Senado y que tiene por objetivo formal modificar el artículo 1º de la Constitución Política de la República, con el objeto de dar protección jurídica y beneficios para el desarrollo de los pueblos indígenas. El PS debe mandatar a sus senadores para que repongan en esa instancia el concepto pueblos originarios que se aprobó en la Cámara de Diputados, rechazando el concepto puramente demográfico de poblaciones indígenas que se quiere imponer desde el Senado. Internacionalmente sólo el concepto pueblos originarios, o como en Canadá naciones originarias, convierte a los indígenas en verdaderos sujetos de derecho.

8. Analizar y proponer al país, al gobierno y al Poder Legislativo acciones y decisiones respecto de iniciativas que hoy se debaten y que tienen incidencia en la temática indígena. Entre ellas, el proyecto de creación de nuevas comunas, provincias o regiones y donde ha surgido la idea de crear una nueva zona que comprenda a las provincias de Arauco (en la VIII Región) y Malleco (en la IX Región), sin que esto se convierta en una ‘reservación’.

9. Apoyar el proyecto presentado por el ex Diputado DC Francisco Huenchumilla, denominado ‘Reforma Constitucional que reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas y les otorga participación política en el Estado’, que data de junio de 1999, y que propone la creación de un Registro Electoral Indígena, de donde surjan los diputados y senadores de ese 8 por ciento de chilenos que reconocen su pertenencia un pueblo originario, propone también la existencia de concejales indígenas en aquellas comunas donde exista más de un 5 por ciento de población indígena y plantea la incorporación también proporcional a los gobiernos regionales.

10. Establecer como la posición oficial del PS respecto de la proyección que se ha hecho del próximo Bicentenario de la Independencia Nacional, señalando expresamente que Chile no puede llegar a ese importante hito histórico arrastrando problemas que datan del inicio de la construcción de la República. La celebración del Bicentenario no se puede materializar sólo a través de la ejecución de importantes obras públicas. El reconocimiento constitucional y el desarrollo de políticas auténticamente integradoras, justas, no discriminatorias y la generación para espacios de autonomía dentro del Estado Nacional para los pueblos indígenas puede ser un hito aún mayor a alcanzar.

11. Fijar una posición expresamente crítica frente al ejercicio de la autoridad respecto de las comunidades indígenas, considerando inaceptables actuaciones como las del subsecretario Correa Sutil, las que lejos de ayudar a controlar la situación exacerban los ánimos de manera unilateral y sólo nos hacen recordar a aquellos ministros de Pinochet que veían en cada acción de protesta a su régimen ‘acciones vandálicas propiciadas por gruidos aislados de elementos extremistas, agitadores, infiltrados, etc.’.

12. Rechazar explícitamente las presiones que a través de algunos medios de comunicación ciertos sectores del país, como la Corma y otros gremios, quieren convertir en parte de la realidad y orientarlas de acuerdo a sus intereses, tal como ocurrió con la inserción publicada en El Mercurio el domingo 10 de marzo, sobre un informe policial aún no identificado. Sobre lo mismo, además, dejar sentado que son el gobierno legalmente constituido y con plenas facultades y los tribunales los únicos que pueden tomar decisiones que afecten, positiva o negativamente, a las personas vinculadas a estos hechos, y no grupos racistas de extrema derecha como el autodenominado comando ‘Hernán Trizano’ quienes pueden tomar la justicia en sus manos.

13. El PS debe tener una opinión unánime respecto a la absoluta capacidad y competencia de los tribunales ordinarios para conocer las causas que por los conflictos en zonas indígenas se lleven ante la justicia, estableciendo claras distancias respecto de la participación de los tribunales militares en ellos, quienes hasta ahora sólo han mantenido como política el encarcelamiento masivo de indígenas.

14. Mandatar a la bancada de diputados del PS a hacer entrega del presente voto político al Presidente de la República, con el objetivo de que conozca la opinión partidaria sobre la problemática que enfrenta al Estado y a los pueblos originarios y tome conocimiento de las propuestas políticas que los socialistas chilenos entregan para superarla.

Alejandro Navarro Brain
Diputado
Miembro Comité Central PS

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