Procedimiento aplicable para protección del interés colectivo o difuso de los consumidores

Los seis años que han transcurrido desde la modificación de la Ley 19.496 el SERNAC y algunas asociaciones de consumidores y abogados no vinculados a organizaciones se han presentado 53 demandas colectivas. Sin embargo, hay consenso en que no se han logrado los resultados esperados. Hay bastante desilusión.

Imagen: ligaciudadana.blogspot.com

Cabe señalar que la primera demanda colectiva interpuesta por CONADECUS contra el Banco del Estado ya cumplió cinco años desde que se inició y todavía no ha podido obtener sentencia en primera instancia, lo cual, por cierto, hace poco creíble de que se esté en presencia de una ley que proteja a los usuarios, en este caso, del BancoEstado, de las cuentas de ahorro. Si efectivamente se tardan cinco años en establecerse una primera instancia.

Excepto por la demanda interpuesta por ASOCOT contra la Universidad del Mar, en Arica, no se conoce que haya otras sentencias en juicios de interés colectivo que se hayan presentado en los tribunales hasta la fecha.

De las respuestas que han tenido… o más bien las consultas que han hecho las 14 asociaciones de consumidores y de las intervenciones realizadas en el Seminario de Derechos Colectivos que se realizó, se puede asumir que hay temas que han generado las diferentes dificultades que enfrenta la ley.

Lo primero, las limitaciones que impone la ley para la rápida resolución en los tribunales de las demandas colectivas son numerosas.

Una de ellas es la relativa a la admisibilidad, que es la que aborda este proyecto.

La normativa de admisibilidad permite el ejercicio de prácticamente todos los recursos, con lo cual transforma esta etapa, que por naturaleza debería ser sencilla y de rápida resolución, en una verdadera instancia de proceso.

En los hechos, lo podríamos asimilar a la cuestión previa de la acusación constitucional. Es decir, se debate todo en primera instancia. No hay una diferenciación entre los temas de fondo y la admisibilidad.

Por lo tanto, el inicio de la admisibilidad contiene ya una resolución del tema de fondo, dado el proceso largo y de profundo contenido.

Esta investigación, señor Presidente, de admisibilidad , se efectúa en un promedio de dos años y es común que llegue hasta la Corte Suprema. O sea, en primera instancia. Aquí hay distinguidos abogados, constitucionalistas, miembros de la Comisión de Constitución del Senado. Yo quisiera saber en dónde se demora dos años la admisibilidad y en dónde, en qué proceso llega a la Corte Suprema la admisibilidad.

Por lo tanto, por cierto, el proyecto coayuda a eliminar esta situación aberrante del punto de vista de ejercicio de los derechos.

Por ejemplo, la facultad del juez para recibir a prueba la admisibilidad se ha utilizado por el demandado -la industria, la empresa, el proveedor- para dilatar el proceso, por cuanto, si no existen hechos sustanciales controvertidos, el demandante se encuentra en la disyuntiva de aceptar el término probatorio o apelar, con lo cual hay pérdida de tiempo igual en ambos casos.

Sin embargo, hay una demora importante y es el hecho de que la resolución que declara la inadmisibilidad… perdón, la admisibilidad, es apelable para los efectos (artículo 52, inciso tercero), disposición que hace imposible la continuidad del proceso que versa sobre el fondo. Y allí la dilación.

Señor Presidente, si bien lo ha planteado el Senador Zaldívar, este proyecto va a proveer una admisibilidad rápida para ir en definitiva al tema de fondo, hay aspectos importantes que no están contenidos. Le preguntaba al Senador Zaldívar. Yo hubiera querido que un proyecto de esta naturaleza, que busca proteger el derecho de los consumidores, se hubiera abordado la inclusión del daño moral.

Una de las grandes limitaciones que impone la ley a la plena reparación del daño sufrido por los consumidores es la norma contenida en el artículo 51, número 2, que señala que las indemnizaciones que se determinen en este procedimiento no podrán extenderse al daño moral por el actor. En las asociaciones encuestadas, asociaciones de consumidores, hay unanimidad de opinión en cuanto a que dicha disposición debiera eliminarse.

Por cierto, si hay daño moral y el daño moral se puede provocar por una acción del proveedor, esto no debiera tener una limitante. Si efectivamente se comprueba.

No se permite, además, financiar la demanda con subsidios del fondo concursable.

Entonces, ¿quién protege al consumidor? ¿Quién le presta atención al desamparado consumidor que en definitiva es víctima de un abuso, tratándose que sea un caso justificable?

Todas las asociaciones coinciden en que las demandas colectivas son altamente costosas. ¡Tenemos demandas de cinco años!

Y esta situación podría afrontarse mediante subsidios del Estado, por cuanto efectivamente el Estado debiera buscar la protección del consumidor. Aquí no hay ombudsman en Chile. Y, por cierto, entonces, hay mayor desamparo.

La disposición que prohíbe que con dineros del fondo concursable es el artículo 11 bis, que prohíbe o excluye el financiamiento de actividades de las asociaciones de consumidores, que se refieren a representar el interés colectivo y difuso de los consumidores ante las autoridades jurisdiccionales…

Termino, Presidente, un minuto.

Y, por tanto, la verdad es que estamos abordando solo una parte. Es decir, va a haber un proceso de admisibilidad rápido, pero la verdad es que nadie garantiza el tiempo de duración del mismo, y, más aún, no se puede establecer el daño moral; no hay posibilidad de financiarlo con los fondos concursables, que, como cada día afortunadamente hay más asociaciones, los recursos se reparten en más partes y, por tanto disminuyen.

Señor Presidente, claramente voy a votar a favor. Hay elementos y hay otros proyectos de ley que pudieran perfeccionar y modificar la actual ley favoreciendo a los consumidores. Esto es una modificación parcial, positiva. Están pendientes los temas que he señalado. Y también, por cierto, el desconocimiento de las partes de las normas y precedentes que determinan que debiera existir una campaña permanente de educación a cargo del Estado, a cargo de SERNAC, con los recursos necesarios disponibles.

Voto a favor, señalando las insuficiencias o cómo hubiéramos querido quedara este proyecto.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución ahora, señor Presidente!

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