Prohibe a empresas que otorgan créditos exigir seguro de cesantía a jubilados

El señor NAVARRO.- Gracias, Presidente.

Presidente, de la lectura del informe de este proyecto de ley que apunta a un problema real y concreto, hay algo que no me cuadra: el Gerente General de la Asociación de Cajas de Compensación, don Renato de la Cerda, manifiesta “absoluto acuerdo de su representada con el proyecto”. Y dice: “Ninguna de las cinco Cajas que operan en Chile exige ese seguro a los pensionados, aseveró.”. Dice que no existe, que no es cierto.

Imagen: editor2702.wordpress.com

Luego, el señor Director Nacional del Servicio del Consumidor, don Juan Antonio Peribonio, el mismo que efectivamente pactó en enero 2 mil pesos de compensación para todos los que habían reclamado por La Polar y se vendieron 700 millones de dólares en bonos que compraron las AFP, el mismo, porque nunca la Superintendencia de Valores supo, dice que: “el seguro de cesantía es siempre voluntario y que en los contratos de crédito de consumo no hay seguros obligatorios. En consecuencia, si el proveedor lo exige como condición para otorgar el préstamo infringe la ley N° 19.496. Sólo podrá contratarse dicho seguro si se satisfacen las siguientes condiciones: que se informe al consumidor que es voluntario, así como sus características de cobertura, precio y forma de pago; se le reconozca la libertad de decidir si lo toma o no, y se le respete el derecho a contratarlo en la compañía de su elección. De lo contrario, el proveedor incumple su obligación de proporcionar al consumidor una información veraz y oportuna, transgrede el derecho de éste a la libre elección, lo discrimina arbitrariamente y, en su caso, incurre en negativa injustificada de proveer el producto.”.

O sea, las cajas de compensación no lo exigen; el señor Director dice que es un delito. Bueno, ¿y en qué estamos entonces? O sea, ¿para qué es esta ley, si está regulado? Es solo voluntario. Lo dice Peribonio, lo dice el Director o el Jefe de las cajas de compensación.

Mi tema es que nadie está fiscalizando las cajas de compensación y particularmente claramente hace rato que la Superintendencia de Valores y Seguros no fiscaliza nada. ¿Qué dice el Jefe del Área de Protección al Inversionista y Asegurado de la Superintendencia de Valores y Seguros, señor Fernando Pérez? “manifestó en el seno de la Comisión que no es procedente prohibir la oferta y contratación de un seguro de cesantía por el mero hecho de ser el asegurable un jubilado o pensionado, porque no existe impedimento legal para que esa persona pueda prestar servicios bajo un contrato de trabajo,”.

Y dice que además el SERNAC no recomienda una prohibición absoluta, porque en definitiva algún jubilado puede tener actividad remunerada.

Entonces, tengo una contradicción, señor Presidente. La ley prohíbe. Las cajas de compensación dicen que no es obligatorio. El SERNAC dice que es sancionable. Aquí falta fiscalización. Claramente nadie fiscaliza a las cajas de compensación. Y hay múltiples elementos que nos llevan a decir si SERNAC nos dice que esto está prohibido pero alguien nos dice que ocurre, bueno la responsabilidad es del SERNAC. El señor Peribonio debería tener… y no se consigna ninguna fiscalización. Se lo invita a la Comisión y dice que la ley lo prohíbe pero no da cuenta de los reclamos, no da cuenta si existen hechos que ameriten que efectivamente podamos establecer dicha prohibición. Porque ya está establecida en la ley.

Señor Presidente, falta fiscalización a las cajas de compensación.

Yo, la verdad es que cada vez que veo a los jubilados pidiendo préstamos o a los trabajadores pidiendo préstamo, me digo: ¿cuál es el negocio? O sea, dicen que efectivamente son las mejores, porque en definitiva es gente que no tiene crédito en otro lugar. Muchos de los trabajadores que laboran con nosotros van a la caja de compensación y, por cierto, les prestan de manera inmediata, porque además se lo descuentan del finiquito; tienen un préstamo asegurado. Si el trabajador no paga, se le descuenta del finiquito. Por lo tanto, tiene asegurado su retorno cuando hay un contrato de por medio.

Señor Presidente, el tema de la protección a los consumidores, a los pequeños inversionistas es un tema mucho más profundo que un contrato o no de seguro de cesantía. Yo espero que la Comisión de Economía pueda abordar más profundamente el tema de la fiscalización de las reglas que permiten proteger al consumidor de un conjunto enorme de abusos que en el sistema del retail, las tarjetas de crédito, las cajas de compensación eventualmente pueden existir. Lo que sucede que siempre las descubrimos ex post.

En las cajas de compensación nos dicen que no es obligatorio. Uno podría decir: “Tranquilo, no es obligatorio”. El Directo del SERNAC nos dice que es un delito, que efectivamente está prohibido por la ley.

Entonces, qué estamos legislando. Lo cierto es que se requiere fiscalización. Este proyecto de ley nace de la exigencia de que hay personas que se le ha cobrado el seguro de cesantía siendo jubilados. Pero quiero señalar lo que ha dicho el SERNAC: es un delito, está prohibido, es siempre voluntario.

Entonces, claramente uno debe deducir que cuando se le ha vendido de manera mañosa, sin advertencia, o se le ha obligado de manera indirecta, sugiriendo, la verdad entonces es que necesitamos otro tipo de legislación, no volver a prohibir, sino de verdad fiscalizar y establecer condiciones en donde la información siempre esté a disposición del consumidor.

La Superintendencia de Valores está centralizada en Santiago. Por cierto, existen los SERNAC en Regiones. Pero creo que en materia de regular se requiere fiscalizar, se requieren visitas inspectivas, se requiere una acción más dinámica en terreno ¿de quien? De la Superintendencia de Valores. ¿Quién va ir a fiscalizar a las cajas de compensación en Magallanes, en Concepción, en Arica, en Iquique? El SERNAC recibe denuncias, no fiscaliza en terreno. Es más, este Congreso le ha prohibido plata para que haga investigaciones de mercado de la calidad de determinados productos.

Entonces, yo espero que -voy a votarlo a favor- que en el seno del debate podamos abarcar este conjunto de elementos que yo he señalado, que ha señalado la Senadora Allende, porque el tema es mucho más complejo. Se retrata de la debilidad estructural, crónica de las instituciones que tienen que velar por los derechos de los consumidores. La Superintendencia de Valores y Seguros no lo hace. Está absolutamente demostrado. No lo hizo en La Polar y en definitiva no lo hace en las cajas de compensación, no lo hace en los contratos donde se les exige seguro de cesantía a los jubilados y también a otras personas, como las dueñas de casa.

Entonces, lo que estamos haciendo es nuevamente prohibir lo ya prohibido, cuando en definitiva se trata de legislar con más fiscalización. Yo espero que la misma voluntad de votar favorablemente la tengamos cuando aumentemos los recursos del SERNAC, aumentemos los recursos de la Superintendencia, aumentemos el número de fiscalizadores y tengamos medidas preventivas, porque en definitiva se trata de prever la estafa, prever el robo. Los delincuentes que estafaron a la gente de La Polar ahí siguen. Para quienes leen El Mercurio el día domingo, queda muy claro. El señor Pablo Alcalde sabía de mucho tiempo y era el homenajeado por el retail, la figura, el ícono del retail. Y La Polar se ha transformado, por cierto, en el ícono de la sinvergüenzura, en el ícono del fraude, en el ícono del robo, en el ícono de los delincuentes de cuello y corbata.

Entonces, no bastan las lamentaciones. La Superintendencia de Valores no actuó. ¡El lunes 13, cuando concurrí a presentar la denuncia, el señor Francisco Coloma estaba reunido con Heriberto Urzúa! ¡Y el muy farsante sale de la Superintendencia y dice: “Vamos a investigar hasta el final”!

A la semana lo sacaron, porque era parte del complot, era parte de los ladrones. ¡Y el señor Superintendente lo recibe en su oficina con cafecito…! Y al señor Senador de la República lo recibe su atractiva Jefa de Gabinete. Muy complacido, pero en definitiva estaba con los malos. Y a la salida, los malos dicen que van a investigar.

Yo tengo mis severas dudas de la capacidad de esa Superintendencia de Valores. Este es un proyecto que dirige su acción a prohibir lo prohibido. Señor Presidente, yo estoy dispuesto a apoyarlo, porque da espacio a un debate mucho mayor para poder establecer de verdad una fiscalización real, una fiscalización que permita prever los delitos. Porque una vez ocurrido el fraude, una vez que se han esquilmado a los consumidores, la verdad es que recuperar la plata cuesta mucho.

Y, por lo tanto, aquí de lo que se trata es de prever, de prevenir, de fiscalizar. Y si este debate, al seno de este proyecto, que tiene un objetivo real y concreto, nos permite profundizar en la legislación que regule a las cajas de compensación y particularmente prever el abuso a los consumidores, bienvenido sea. Pero el tema es mucho más profundo. El retail tiene empresas evaluadoras, empresas de contabilidad, como Price Waterhouse, que dicen que efectivamente no tienen responsabilidad porque son los antecedentes que les presentaron.

Las aseguradoras de riesgo particularmente y las evaluadoras de riesgo ha quedado demostrado que en definitiva no hacen su pega y que las empresas auditoras tampoco la hacen, que están en concomitancia con las empresas de la industria.

Tenemos un problema mucho más profundo. En el tema particular de la exigencia de seguro de cesantía es una parte muy pequeña y nos permite abrir un debate en las cajas de compensación. Yo en eso participo, porque nos han llegado un conjunto de denuncias que, para ser responsables, tienen que ser documentadas. Si eso nos permite profundizar en el tema, bienvenido el debate. Yo voy a presentar indicaciones, señor Presidente, creo que su proyecto está bien orientado pero requiere un mayor trámite, mayor profundidad. Voy a votar a favor.

¡Patagonia sin represas!

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