Prohibición de uso de plaguicidas de elevada peligrosidad

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, son múltiples los informes científicos que señalan que esta propuesta que ha presentado la Senadora Rincón es extremadamente necesaria.

El “Estudio del efecto genotóxico de mezclas de plaguicidas en mujeres temporeras de la VIII Región, Chile”, del que es autora Soledad Duk, en la que se observa una multiplicación anormal del núcleo de las células en temporeras que están expuestas a plaguicidas versus otras personas que fueron estudiadas como grupo de control que no trabajaban en un ámbito de exposición ocupacional, y esto podría predisponerlas, aun sin tener ningún síntoma en el momento de la evaluación a un cáncer.

Imagen: servisurco.com.co

Hay un tercer informe de las investigadoras Alejandra Rojas, María Elena Ojea y Ximena Barraza, de la Universidad de Santiago en colaboración con la Maternidad del Hospital Regional de Rancagua, titulado “Estudios científicos sobre plaguicidas y salud” que establece una asociación positiva entre exposición a pesticidas y la inducción a malformaciones congénitas, observándose que entre los años 1996 y 1998 hubo una prevalencia superior al 40 por ciento de anomalías osteomusculares, del sistema nervioso central y cromosomopatías, es decir, un conjunto de evidencias.

Este porcentaje revela claramente que estamos en un problema. El señor Director del SAG ha dicho que el SAG tiene facultades para regular y también para prohibir el uso de pesticidas tóxicos o de alta peligrosidad.

El debate es con qué mecanismos el SAG va a obligar a quienes utilizan estos tóxicos a relevar los más peligrosos y reemplazarlos por aquellos más amigables con el medio ambiente y, por cierto, de menos riesgo para la salud humana.

Si no hay fiscalización, si no hay operación del SAG, no va a haber cambios. En general, la tendencia va a ser a utilizar los más baratos, los de mayor efecto masivo.

Y, por tanto, creo que este debate es extraordinariamente conducente para poder establecer si el SAG está usando esas facultades. A mí me gustaría saber cuántos plaguicidas ha prohibido y cómo no se ha regulado si el señor Director del SAG dice que tiene la facultad.

Me gustaría saber si el SAG ha recibido los informes médicos que yo he señalado y cuáles son las medidas que ha tomado en coordinación con el Ministerio de Salud. Porque el problema existe. No es inventado. El alto riesgo para las trabajadoras temporeras, para los vecinos de los campos adyacentes a las forestales, que son miles y miles de campesinos y también de población urbana, existe. El tema es que no sabemos lo que se le está echando a las plantaciones agrícolas ni a los bosques en las Regiones, particularmente Novena, Región del Biobío, Araucanía y del Maule. Y lo que queremos es que los productos que allí se utilicen sean del menor riesgo, que sean lo menos peligrosos posible, amigables con el medio ambiente.

Este debate, yo esperaría una vez más, tener la posibilidad de contar con el Ministro no solo de agricultura, sino también con el Ministro de Salud, porque estamos frente a un problema de salud pública, no estamos frente a un tema de producción agrícola, y por tanto, claramente yo espero que en el avance del proyecto, voy a votar a favor, podamos tener la posibilidad de debatir estos temas con los encargados.

La Fiscalización es extremadamente precaria en el Maule, me señala la Senadora Rincón, dos fiscalizadores, la verdad es que esto no tiene nombre. O sea, lo que tenemos es una pantalla de fiscalización, no es posible esa fiscalización, igual que la CONAF, cuando teóricamente revisa los planes de manejo, es una revisión de oficina, no van a terreno, no tienen la capacidad material ni de recursos monetarios suficientes ni humanos para poder hacerla.

Entonces, tenemos el libre albedrío. La situación de la Región del secano costero, el distrito 42 en el sector de la provincia de Ñuble, en la Región del Biobío, es extremadamente grave. Existen múltiples denuncias y las incidencias de cáncer en niños en esa zona aún no han podido ser dilucidadas. Más del 60 por ciento de los niños internados en el Hospital Regional provienen de comunas aledañas o a cultivos agrícolas o a plantaciones forestales.

Y ahí algunos dice “No, solo es coincidencia”. Ese es un tema que debe responder la salud pública de mi país, y yo espero, estimada -por su intermedio, Presidente- Senadora Rincón, que podamos contar con el Ministro de Salud en la consiguiente discusión de este proyecto, porque estamos frente a un problema real y de extrema preocupación, por cierto de la población, no solo de los trabajadores.

Voto a favor, señor Presidente, ¡Patagonia sin represas!

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