Proponen ampliar plazo para deudores de crédito universitario

Diputado Navarro dijo que para recaudar más recursos debiera ser hasta noviembre

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Su convicción de que “en el espíritu de la ley, que busca recuperar la mayor cantidad de recursos posibles, el plazo del 19 de agosto es muy corto, por eso hemos propuesto ampliar la fecha límite hasta noviembre próximo”, manifestó el diputado Alejandro Navarro, autor del proyecto de acuerdo que se fundamenta “en el aseguramiento de una más efectiva difusión del proceso y una mejor implementación de los mecanismos administrativos y técnicos que permitan su eficaz desarrollo”.

El parlamentario señaló que “el plazo existente hasta el 19 de agosto para que los deudores llenen el formulario, cuando recién se comenzó el pasado 6 de junio, resulta claramente insuficiente. Creemos que 9 semanas, que en realidad se traducen a sólo 51 días hábiles reales para efectuar el trámite, no es un plazo suficiente para los objetivos que persigue el espíritu de la ley y que, entendemos, también son los del Ministerio y del Consejo de Rectores”:

“Esta situación se sustenta -agregó- en las propias cifras entregadas por Educación, que señalan que hasta el 23 de julio pasado, es decir, a seis semanas de iniciado el proceso, sólo el 23,9% de los morosos ha renegociado, ya sea en la página web reprograma.cl o en las sedes de cada plantel integrante del Consejo de Rectores”.

Navarro dijo que “considerando este porcentaje de repactación y que cada uno de los que hicieron su trámite debió cancelar un máximo de 7 UF, hasta ahora se han recaudado cerca de 1.600 millones de pesos, recursos que las casas de estudio habían adelantado de sus presupuestos del segundo semestre para agregar fondos a los créditos de este año”.

“Sin embargo -prosiguió- nos preocupa que pese al objetivo central de la ley de reprogramación, esto es que los recursos provenientes de deudas de créditos universitarios vayan a la asignación de nuevos créditos, se ha señalado que todo lo que se recupere en forma adicional a los 1.600 millones ya recaudados, podrá ser destinado por los planteles a cancelar otras deudas, lo que claramente no compartimos, ya que ese sigue siendo un argumento de muchos para no pagar”.

El parlamentario indicó que “si nos parece positivo, por ejemplo, es el instructivo emitido por el Ministerio del Interior llamando a los funcionarios públicos a ponerse al día permitió que poco más de 500 personas, 204 de las cuales correspondían al Ministerio de Educación, que estaban morosas reprogramaran. También parece pertinente que las universidades también estén analizando el caso de sus funcionarios y que existan gestiones para que los poderes Legislativo y Judicial hagan lo mismo”.

“Lo que por cierto no nos parece ‘un logro’ -continuó- en el mejor sentido de la palabra es que el Ministerio de Educación ha señalado como uno de los beneficios obtenidos hasta ahora, el que el proceso de reprogramación permitiera a las universidades ordenar sus bases de datos y documentos de cobro, anunciando que, después del 19 de agosto toda la información sobre los morosos se entregará al sistema bancario y a las principales casas comerciales, para que estos datos se consideren en el cálculo de riesgo de cada persona”.

Navarro dijo que “por eso, cuando tanto el Ministerio de Educación como el Consejo de Rectores han reiterado la decisión de publicar la lista de quienes figuren como deudores atrasados, en el marco de lo que permite la llamada ‘Ley Dicom’, quedando sólo por determinarse la fecha en que ésta nómina se hará pública, lo que se supone ocurrirá en la reunión del Consejo, del jueves 31 de julio, creemos que esta decisión también debiera postergarse”

El diputado del PS manifestó que “además es un dato de la realidad el que existen variadas razones, de acceso a la información, de acceso a internet e incluso la imposibilidad de salir del trabajo para efectuar el trámite, por las cuales muchas personas aún no han reprogramado, y eso también debe ser tomado en cuenta, especialmente en el breve plazo de 9 semanas que se estableció”.

El parlamentario señaló que “otra razón que al parecer no fue considerada por el Ministerio y el Consejo de Rectores, es que en contra de lo que se ha dicho públicamente, no todos los deudores son profesionales, ya que muchos de ellos no terminaron sus carreras y otros, que debieron dejar de estudiar al ser sancionados por razones políticas, debieron asumir los costos de nuevos estudios, sin poder acceder a ningún beneficio en el sistema público o hacer un gran esfuerzo para optar por el sistema privado”.

Además de Navarro, autor de la moción, los parlamentarios que firmaron el Proyecto de Acuerdo son Valenzuela (PPD), Ceroni (PPD), Sánchez (PPD), Rossi (PS), Paredes (PS), Aguiló (PS), Escalona (PS), Espinoza (PS), Walker (DC), Silva (DC), Alvarado (UDI), Seguel (DC), Tapia (DC), Venegas PRSD), José Pérez, Accorsi (PPD) y Jaramillo (PPD).

Prensa Oficina Parlamentaria

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