Prórroga de vigencia de decreto ley 701 y aumento de incentivos a forestación

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, compartir plenamente que seguimos con la política respecto del 701, que es una discusión permanente, ahora por dos años.

Esta claro que se requiere una urgente e importante modificación a todo el sector forestal y el decreto 701 con su sola ampliación no logra satisfacer, por cierto, la demanda de una política forestal en Chile.

Se ha venido por varios gobiernos consecutivos, los de la Concertación y ahora el del Presidente Piñera, señalando que los proyectos vienen y que vamos a enfrentar, en definitiva, la existencia de este híbrido que es CONAF, que siendo una institución privada recibe fondos públicos.

Yo quiero advertir que tal como lo señalamos durante el debate el Tribunal Constitucional, a propósito de la Ley del Bosque, a la N° 20.283, cuestionó el carácter de entidad privada de CONAF y señaló que no aprobaría nuevas leyes que implicaran añadirles más funciones a CONAF. Porque, en definitiva, claramente CONAF debiera cesar de manera inmediata de recibir fondos públicos. Y el fallo del Tribunal Constitucional dice: “Solo por el efecto que esta decisión tendría” -que sería catastrófico- “no suspendemos la entrega de los recursos, pero deben tomarse la medidas para evitar se sigan delegando funciones”.

Discutimos sobre qué significaban los operadores forestales. Yo planteé una indicación para eliminar esa conceptualización, porque se ha aprobado, señor Presidente, un artículo que define que va a haber un registro de operadores forestales, pero en ninguna parte de la ley se define qué son operadores forestales. Entonces va a haber un reglamento que va a definir qué son operadores forestales que, por cierto, no son operadores políticos, son forestales y tienen que estar definidos, como un lapsus que durante la Comisión tuvo la Senadora Matthei, señor Presidente, para poder definir a los operadores forestales. Son operadores forestales, es decir, aquellos que van a complementar las tareas que la CONAF desarrolle, la elaboración de los planes de manejo.

En definitiva, el equivalente a las EGE en vivienda, los que vienen a darle trámites técnicos, asistencia técnica a los pequeños y medianos propietarios forestales.

Yo quiero decir que el Tribunal Constitucional va a estar en un problema, porque si bien todos coincidimos en que el 701 debe continuar, claramente volvemos a reincidir en darle nuevas facultades a CONAF, aun cuando el Tribunal Constitucional yo nos ha advertido.

En segundo lugar, señor Presidente, la Comisión también rechazó una indicación que presenté para tal efecto respecto del método de consulta del Convenio 169 para el tratamiento de este proyecto.

Esto no es baladí, no es menor, se trata de una expansión del sector forestal. Por todos es conocido que el crecimiento del sector forestal, que ya está en dos y medio millones de hectáreas plantadas ha arrinconado a las comunidades indígenas, ha arrinconado a los campesinos y ha tenido un crecimiento muchas veces inorgánico, asociado fundamentalmente a la pobreza. Junto a las grandes plantaciones forestales están las comunas más pobres de Chile. Y quiero decir que, claramente, el Senado y la Comisión de Agricultura del Senado y también la Cámara de Diputados han aprobado este mecanismo de consulta que violenta expresamente, una vez más, también, al Tribunal Constitucional. En su sentencia N° 309, de agosto de 2000, que señala claramente que son ambas Cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados, las que son titulares del deber de consultar las medidas legislativas. Y esto se incorporó a la Ley Orgánica del Congreso Nacional. o sea, estamos faltando a la propia ley orgánica. Si el Senado decide no consultar y se queda con la consulta del Ejecutivo, que han sido 28 comunidades, como lo señalaba el Director de CONAF, 28 comunidades, nos entregó el listado. Y si aceptamos que ese es el mecanismo o el mecanismo que ha instaurado la CONADI que consulta por e-mail y si los consejeros no contestan, se da por aprobado y por resuelto el proceso de consulta, estamos cometiendo una grave equivocación.

Claramente, este es un proyecto que tiene una lectura que debe ser revisada respecto del método de consulta, porque algunos han levantado la tesis de que cuando el proyecto de ley es de carácter “general” y no particular, no debiera consultarse. O sea, si lo afecta indirectamente.

Creo que en definitiva este es un proyecto que afecta directamente a las comunidades.

En segundo lugar, se ha levantado una segunda tesis, novedosa, de decir que este es un proyecto que beneficia a priori a las comunidades indígenas. Y como el Ejecutivo y, en este caso, algunos Senadores creen que este es un proyecto que beneficia, y como es de beneficio, no debieran consultárselo.

Señor Presidente, quien define si es beneficio o no son las comunidades. Por lo tanto, claramente, el proceso de consulta debe existir.

En este caso ha existido en el Ejecutivo de manera parcial, en mi opinión, la Comisión de Agricultura, a proposición del Senador Alberto Espina, se dio la tarea de evaluar el procedimiento que el Senado va a seguir. Yo siento que el Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica del Congreso y el propio Convenio N° 169 son extremadamente claros respecto del procedimiento o los alcances que esto debe tener. Los temas que hay que respetar tienen que ser de mutuo acuerdo, tienen que ser de buena fe, tienen que ser amplio e informado. Y esto, en esta ocasión, no ha ocurrido.

Yo siento de que una vez estamos trabajando sobre que se nos acaba la ley que vence el 2011, que tenemos que tener una prórroga, que el señor Ministro de Agricultura ha señalado que van a ingresar los proyectos de ley. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó un artículo 2° transitorio bastante sui géneris. Decía en ese artículo de que el Gobierno se comprometía, en el plazo de ocho meses, a elaborar el Reglamento, y luego a enviar dos proyectos de ley.

Y como coincidimos -y en esto yo participo- creo que es un artículo mal redactado y que es impropio de que en un proyecto de ley podamos obligar al Gobierno a presentar otras dos leyes sin definir ni su contenido ni su implicancia, no resulta procedente.

Y, por tanto, yo quiero, señor Presidente, aun cuando el señor Ministro de Agricultura ha señalado de que en enero van a ingresar los proyectos, quiero advertir dos cosas: una, de que el Tribunal Constitucional ya nos dicho a este Congreso Nacional de que no se le pueden seguir asignando funciones a CONAF, por ser CONAF un ente privado y que solo le perdonaba la vida por el tremendo impacto negativo que procedería efectivamente la eliminación de los recursos públicos que se le entregan; y dos, respecto del mecanismo de consulta a los pueblos originarios, que en este caso el Senado aún no existe, de que en el caso de la Cámara de Diputados es insuficiente y que en el caso del Ejecutivo también es absolutamente insuficiente.

Respecto de los alcances ya del proyecto, es decir, la bonificación y el límite particular a las cien hectáreas, yo pediría un fundamento de parte del Ejecutivo. En su nacimiento el 701 tuvo una dedicación el fomento forestal que radicó en las grandes empresas; yo quiero recordar de que se bonificó hasta el 105 o 110 por ciento. Hoy día accedemos a una bonificación para los medianos y los pequeños de 75 por ciento. A los grandes se las dimos por décadas de 100; a los pequeños y medianos, de 75. Siento que esa es una discriminación que no procede. Yo hubiera esperado una bonificación del 100 por ciento para poner, digamos, el mismo tipo de incentivos.

Y, en segundo lugar, quiero solo recordar a la Sala de que, tal como lo planteé en otra indicación que fue rechazada el Servicio de Impuestos Internos no está -aquí tengo los oficios-, no está cobrando de manera retroactiva el impuesto territorial. El 701 establecía de que los beneficiarios del subsidio en la segunda corta debían pagar impuesto territorial, del cual estaban exentos durante la primera. A partir de la segunda, comenzaba el pago. Esto ocurrió con las segundas plantaciones alrededor del 97, 98, 99. La CORMA ha reconocido de que efectivamente están en deuda, de que no tienen el detalle ni Impuestos Internos le ha cobrado, ni tienen el detalle exacto de los predios, exactos los metros cuadrados, los kilómetros cuadrados, el número de hectáreas, dado que los paños forestales se cosechan de manera irregular de acuerdo a su condición del plan de manejo.

Y, por tanto, no se les ha cobrado. Yo llamo la atención de este Senado de que ha sido el propio Servicio de Impuestos Internos el que ha señalado de que el pago es con una retroactividad de tres años. Aquí ya vamos en más de doce años en que este impuesto se ha hecho exigible y no se ha realizado. Yo solo espero de que las grandes empresas forestales, tal como lo ha reafirmado la CORMA, y quiero ratificar la buena voluntad que ha expresado de pagar, lo hagan. Pero si vamos a poner subsidios del Estado para beneficiar a medianos, también a pequeños, y también por cierto lo hicimos con los grandes, todos los actores deben cumplir con sus obligaciones fiscales. Y, por tanto, debieran estar al día respecto de todos los pagos con el Estado, partiendo por los grandes también por los pequeños y los medianos, generando las condiciones para que estos últimos, pequeños y medianos, lo puedan hacer de manera regular, sin ahogarlos.

Señor Presidente, estoy disponible para votar a favor de este proyecto, pero yo espero de los temas que he mencionado, que son a lo menos tres -consulta a las comunidades indígenas, CONAF y particularmente la nueva asignación de responsabilidad y tercero, el pago del impuesto territorial de las grandes empresas forestales beneficiadas por el 701 que no lo han hecho- el señor Ministro pudiera darnos una explicación de tal manera de votar a favor este proyecto sin mayores problemas.

¡Patagonia sin represas, señor Presidente!

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