PROYECTO CELULOSA ITATA DEBE SER RECHAZADO

Diputado Alejandro Navarro, tras histórica resolución de Corte de Apelaciones

forestales

El Diputado Alejandro Navarro señaló esta mañana en conferencia de prensa que la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazó la aprobación ambiental del proyecto “Complejo Forestal e Industrial Itata, después que el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Portezuelo: Modesto Segundo Sepúlveda, en representación de la comunidad, presentara un recurso de protección, solicitando dejar sin efecto la aprobación de este proyecto, disponiendo el rechazo del estudio de impacto ambiental, EIA, con costas, por ser arbitraria e ilegal, violando diferentes garantías constitucionales. Dicho recurso fue presentado ante la Corte por el abogado Alex Quevedo y según lo expresado por el parlamentario “este fallo es histórico pues pone a la Corte en un ámbito de decidir, evaluar y fundar sus resoluciones”.

El Diputado Navarro agregó que “cabe recordar que el proyecto presentado por Celulosa Arauco y Constitución (Celco), representa una inversión de US$ 1.400.000.000 por activos industriales, una planta termoeléctrica, equivalente a un tercio de Central Nueva Renca, Nehuenco o San Isidro. A modo de ejemplo se hace referencia que todas las empresas que descargan desechos en el río Bio Bio representan 1.100.000 toneladas al año y el Complejo Forestal e Industrial Itata descargará 550.000 toneladas anuales al río Itata, cuyo caudal es 30 veces inferior al río Bio Bio”.

Dicho proyecto consta de: una Planta de trozado rollizo, aserradero, Planta de remanufactura, Planta de celulosa blanqueada, Planta de tratamiento de líquidos industriales, Central térmica a vapor termoeléctrica y Macro proyecto de explotación forestal.
La construcción durará 33 meses y contempla la preparación del terreno con faenas de saneamiento, habilitación de drenajes, retiro de la capa vegetal, nivelación, construcción de caminos y habilitación de áreas de almacenamiento, además de obras civiles, físicas, para lo cual se deben adquirir insumos y agua con un consumo de 950 m3 diarios.

El predio en que se emplazará el proyecto corresponde al fundo Velenunque, terreno en el cual la, Fundación Chile instaló una viña modelo, lo que llevó a los agricultores de la zona a estudiar y cambiar las viñas tradicionales por finas en aproximadamente 1500 ha.

Irregularidades Detectadas por la Corte

El Diputado Navarro dijo que “el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones detecta una serie de ilegalidades y arbitrariedades entre las que se encuentra: -Omisión de los permisos ambientales sectoriales. Según lo indicó en su momento el Director Nacional de Pesca, el recurso de reclamación debe ser rechazado porque el complejo proyectado no cumple con el art. 16 inciso final de la ley 19.300: “de realizarse el proyecto, se presentarán efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de aguas del río Itata y de algunas marinas de su desembocadura y, por ende, sobre las especies hidrológicas y biodiversidad que en ella habitan”; pese a esto no se incluyeron en la resolución impugnada los permisos respectivos de la DIRECTEMAR.

-Omisión en la línea de base de los impactos asociados a la explotación de 200.000ha de plantaciones, que podrían impactar extensiones territoriales de 500.000 y 800.000 ha. De este modo, el Consejo Directivo, al no exigirlo, infringió la regulación acerca del contenido mínimo de las resoluciones ambientales aprobatorias.
-Omisión de antecedentes exigibles respecto del vertedero industrial.

-Incumplimiento de normas sanitarias sobre control de malos olores. De este modo las medidas que se propone implementar son insuficientes, infringiendo el Decreto Supremo N° 144/61 del Ministerio de Salud.

-Incumplimiento de normativas destinadas a evitar riesgo de emisiones tóxicas al aire sobre la salud de las personas.

– Incumplimiento de normativas destinadas a proteger la flora, fauna y los ecosistemas acuáticos, en lo cual tiene competencia la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, como el Servicio Nacional de Pesca.
– Incumplimiento de normativas destinadas a evitar los riesgos a la salud de las personas.

-Ausencia de medidas de prevención de riesgos, control de emergencias y planes de seguimiento ambiental.
-Ausencia de evaluación ambiental de la Central Térmica y Termoeléctrica y de las líneas de transporte de energías asociadas. De este modo se omitió el informe de la Superintendencia de electricidad y Combustible conforme al art. 12 de la ley 18.410.

-Ilegalidad en la tramitación de la reclamación, por adolecer el dictamen del Consejo Consultivo, de un vicio, pues en su integración se consideró la opinión de consejeros inhabilitados moral y legalmente, como fue la participación de Jaime Dinamarca.

-Ausencia de identificación adecuada de los impactos socioeconómicos y de medidas de mitigación.
-Falta de ponderación de observaciones de la ciudadanía.

-Incoherencia en la evaluación de impactos y plazo para la construcción y operación del Complejo Forestal e Industrial Itata. La empresa Celco, contempla implementar la planta de celulosa a partir del año 2006 hasta el 2007, para operar en el año 2010 ó 2011, y la evaluación de impacto considera un proyecto con otros plazos de ejecución.

Según lo expresado por el Diputado Alejandro Navarro; “en su momento la COREMA VIII región calificó desfavorablemente el proyecto”. De esta decisión Celco dedujo recurso de reclamación ante la Comisión Nacional de Medio Ambiente, la cual contando con las opiniones del Consejo Consultivo Nacional, de 2 de noviembre de 2000 y del Consejo Directivo, de 22 de enero de 2001, acogió el recurso y calificó favorablemente el proyecto, pero formulando exigencias específicas. Según palabras del Diputado “este accionar del Consejo de Ministros, sólo es explicable por medio del Lobby político.”

Para el Diputado Navarro la esencia del fallo dice que:

“los razonamientos que pueda entregar la autoridad al adoptar sus decisiones, no desvirtúa, por este solo hecho, su legalidad y/o arbitrariedad, por cuanto los tribunales no se limitan a constar su existencia, sino que califican lo adecuado y suficiente que puedan ser. No se trata de una observación formal, sino de fondo”.

Irregularidades por no Inhabilitarse

El Diputado expresó estar de acuerdo con lo dispuesto en la pág 22 de la resolución de la Corte de Apelaciones, referente a la “participación de Jaime Dinamarca y Claudio Zaror en el Consejo Consultivo que informó favorablemente el proyecto al Consejo Directivo, acto que constituye una irregularidad manifiesta, por cuanto el primero había emitido opinión con anterioridad en este sentido al formar parte de la COREMA y ser uno de los dos votos disidentes, que estuvieron por calificar ambientalmente favorable el proyecto y el segundo formó parte del grupo de expertos que elaboró dicho documento para la proponente Celulosa Arauco y Vonstitución S.A, los cuales emitieron su opinión al interior del Consejo Consultivo, conociendo con anterioridad la inhabilidad manifiesta que les afectaba, absteniéndose este último de participar en la votación, no así el primero. Así su conducta se encuentra reñida con la probidad que debe observarse”.

Pérdida de Credibilidad de la Autoridad

Más grave aún señaló el parlamentario, “la garantía del debido proceso, aplicable al actuar de la administración en la toma de decisiones, ha sido desconocida, puesto que la racionalidad ha estado ausente en el pronunciamiento del Consejo Consultivo. De esto sólo puede desprenderse -continuó Navarro- que “los asesores han engañado a los Ministros, los que entregaron, en su oportunidad, un voto favorable, con graves irregularidades, sin haber tenido tiempo de leer con calma el proyecto. El Consejo ha perdido credibilidad y frente a este hecho se descubre una falencia de estos dos organismos del Estado”.

Omisión de Participación Ciudadana

Con respecto al punto de omisión de ponderación de observaciones ciudadanas, expresado en la pág 23 del mencionado fallo, “son las personas que pueden denunciar aspectos no considerados en le proyecto, como también es el medio que la población posiblemente afectada por este, plantee sus inquietudes.

En lo que respecta a la Falta de posibilidad de formular observaciones a modificaciones del proyecto; “corresponde dejar establecido desde ahora, que no resulta procedente dejar determinados aspectos para un cumplimiento posterior a la resolución de la autoridad medio ambiental, por cuanto evidentemente, en tales aspectos no se permitiría la participación ciudadana”.

Omisiones a DIRECTEMAR y Evaluación Forestal

En relación a la Dirección General de territorio Marítimo y Marina Mercante (DGTM y MM), debe ser obtenido en forma previa a su entrada en funcionamiento. Además el CFI (Complejo Forestal Itata) descargará previo tratamiento, a través de un sistema difusor, residuos industriales líquidos al río Itata. Dichas aguas están sometidas a la jurisdicción de la DGTM y MM, por lo que la descarga debe ser autorizada por la DGTM y MM en la VIII Región.

Se agrega que el EIA del Complejo Forestal e Industrial Itata omitió en su línea de base, las consideraciones relativas a los impactos que tendrá su funcionamiento, a lo menos, en las plantaciones de bosques propias, circunstancia que se hacía necesaria. El complejo industrial consumiría alrededor de 10.000 m3 de madera/día, de los cuales alrededor de 7.700 m3 serán consumidos en la planta de celulosa. De esto se deduce que sólo el 23% de los requerimientos se adquirirán a terceros. No debe olvidarse que se pretende producir al año 400.000 m3 de madera aserrada, 80.000 m3 de madera elaborada y 550.000 toneladas de celulosa blanca.

Según lo expresado por el Diputado Navarro, “correspondía que el proyecto diera cumplimiento a señalar los efectos adversos significativos que tendrá sobre la cantidad de los recursos renovables. Sustentar que en la evaluación del EIA sólo se considera la actividad principal y no la materia prima con que ésta se desarrolla, es negar la realización de una evaluación integral.”

En lo referente a las construcciones, la situación del Vertedero de residuos sólidos y líquidos peligrosos debe estar ponderada en todos sus aspectos. Por medio de la Caldera de Poder se producirán emanaciones de gases a la atmósfera, que afectarían, por la cercanía -un kilómetro- a la comunidad de Nueva Aldea. Es reconocido por Celco que, a lo menos las percepción por el sentido del olfato será desagradable a los habitantes del poblado, circunstancia que repercutirá en otras actividades: recreacionales, de esparcimiento, turísticas, educacionales, sociales, culturales y económicas, respecto de las cuales no se contempla medida de mitigación concreta. Resulta pertinente dejar establecido que el titular del proyecto reconoce que se producirán diariamente 2,24 toneladas de material particulado, 3,04 toneladas de dióxido de azufre, 4,69 toneladas de óxido de nitrógeno, 0,64 toneladas de sulfuros totales reducidos. De la forma como está planteado el proyecto, la caldera de poder representa una planta de disposición de residuos sólidos y líquidos. Sobre el Tendido de Alta Tensión, la ley ha previsto que las centrales generadoras de energía mayores a 3MW deberán someterse al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pues en su funcionamiento se proyecta vender al Sistema Interconectado Central, entre 27 y 46 MW.

Medidas de Mitigación, Compensación y/o Reparación Exigidas

En general el cumplimiento de las reglamentaciones legales y control de la actividad no constituyen medidas de la naturaleza que se han enunciado,. puesto que en nada minimizan, disminuyen o indemnizan los efectos desfavorables a terceros que la actividad proyectada producirá. Deben proponerse medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas. Sobre la base de lo razonado precedentemente, la calificación ambiental favorable del proyecto Complejo Forestal e Industrial Itata, sujeto a las condiciones que se indican, no encuentra sustento en la Ley 19.300, conforme al art 16, inciso final, debió rechazarlo y ordenar se presentara un nuevo proyecto o se subsanaran las omisiones o deficiencias observadas.

En cuanto a las garantías constitucionales se desprende el incumplimiento de diferentes normas de la ley 19.300: la falta de imparcialidad de dos miembros que participaron en la Comisión Consultiva; el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación se ve afectado por cuanto la falta de antecedentes para emitir un pronunciamiento debidamente informado.

Debe explorarse la posibilidad de integrar el proyecto presentado por la Celulosa Arauco y Constitución S.A, con las actividades ya existentes en la zona que está relacionando con los siguientes aspectos: Exploración sustentable; Impedir que se disponga de residuos sólidos; Prohibir se disponga en forma ordinaria de residuos líquidos en el río Itata.

Nuevas Acciones

Lo más importante de esta resolución de la Corte sostiene expresamente que : “en este caso se considera apropiado suspender los efectos de la resolución impugnada y retrotraer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Complejo Forestal e Industrial Itata, a la etapa que se emita nuevo pronunciamiento per el Consejo Consultivo; Se solicite informe a la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante; Se confeccione un EIA en torno a la explotación forestal sustentable en la zona.

De este modo y en conformidad a lo expuesto se ha resuelto que: Se acogen los recursos de protección presentados suspendiendo los efectos de la Resolución Exenta N° 09/2001, de fecha 26 de enero de 2001 y que además se previene que el Ministro señor Muñoz estuvo, por disponer que la titular del proyecto, estudie la posibilidad de crear una fundación, por todas las comunidades del Valle de Itata, que está integrado por las comunas de Portezuelo, Ranquil, Coelemu, Chillán, Quillón y Trehuaco, las que se dedican a la viticultura y donde trabajan 60.000 personas en viticultura y agricultura.

El diputado Alejandro Navarro, señaló además que va a solicitar una investigación al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República respecto a la venta del fundo Velenunque propiedad de Fundación Chile, que fue vendida en 2 millones de dólares; acto absolutamente contrario a los fundamentos y políticas que la misma Fundación desarrollaba en el Valle. Cabe recordar que Fundación Chile llevaba 10 años trabajando en el sector, con una inversión de 1.5 millones de dólares. Es por eso que nos parece de suma importancia averiguar qué vinculación existía entre los directivos de la Fundación y el Grupo Celco. Agregó también se exigirá al Ministerio de Agricultura pueda velar por los trabajadores del Valle, lugar que genera 15.000 empleos permanentes.

Por último el Diputado Navarro, espera la ratificación de este trascendental fallo por parte de la Corte Suprema, “como una forma de mantener el Estado de Derecho y enviar una clara señal al mundo globalizado que las inversiones extranjeras son posibles en nuestro país, siempre que cumplan con las regulaciones estipuladas en las leyes”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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