PROYECTO DE LEY QUE RENUEVA LA VIGENCIA DE LA LEY 19.713 QUE ESTABLECE COMO MEDIDA DE ADMINISTRACION EL LIMITE MAXIMO DE CAPTURA POR ARMADOR A LOS PRINCIPALES PESQUERIAS INDUSTRIALES NACIONALES Y LA REGULARIZACION DEL REGISTRO PESQUERO ARTESANAL

proyecto

H. CAMARA DE DIPUTADOS:

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 11 de junio pasado, el Ejecutivo ha presentado en el Senado de la República, un proyecto de ley destinado a modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura, en lo relativo a principios de conservación, medidas de administración, planes de manejo, desconcentración funcional, límite máximo de captura por armador, pesca artesanal e institucionalidad pesquera.

2. Que ese proyecto modifica sustantivamente el régimen pesquero chileno, tanto en su vertiente industrial como artesanal, lo que requiere una revisión profunda y con perspectiva de largo plazo, que garanticen la estabilidad de las disposiciones que surjan de la discusión parlamentaria.

3. Que en ese proceso de discusión deben evaluarse iniciativas que tiendan a promover que los regímenes de administración pesquera cumplan con estándares adecuados de conservación de las pesquerías y que éstas, a su vez, garanticen un aporte sustantivo al desarrollo económico y social del país y, particularmente, de sus comunidades costeras. Ello requiere poner al día la Ley General de Pesca y Acuicultura en las necesidades de investigación pesquera y del rol de las entidades especializadas en la satisfacción de esas necesidades.

4. Que igualmente, se hace perentorio considerar con suficientes antecedentes las posibilidades de desarrollo pesquero que presenta el sector artesanal; para ello, deben evaluarse diferentes alternativas de organización productiva que, junto con estimular su competitividad en los mercados externos, constituyan un sustrato importante para el aporte de alimentos a la población chilena. En este capítulo de cuestiones, un proceso de reforma del régimen pesquero chileno, como el que se propone el proyecto enviado por el Ejecutivo, debe hacerse en compañía de las organizaciones de los pescadores artesanales, a fin de promover su solidaridad con las decisiones que se adopten.

5. Que confabula contra esas tareas el escaso tiempo que resta para que la ley 19.713 agote su vigencia, terminando con ello la transitoriedad que se establece en ella para los límites máximos de captura en las principales pesquerías industriales, lo cual conducirá a que el tratamiento del proyecto indicado será apresurado por ese evento, impidiendo que la discusión de tan transcendentales aspectos de la economía pesquera del país sean tratados con la profundidad y latitud que ameritan.

6. Que, por otra parte el proyecto ingresado a tramitación por el Ejecutivo sigue sin considerar el desarrollo e implementación de una auténtica Política Pesquera y, más aún, de una real Política de Investigación Pesquera. Hasta hoy, a pesar de la gran cantidad de eventos, reuniones y encuentros de carácter científico, gremial, académico y político en que se ha abordado la temática pesquera, sus conclusiones y propuestas no han sido incorporadas a los proyectos legislativos, tal como ocurre con la iniciativa ingresada el pasado 11 de junio.

7. Que tal como lo señala el senador Ruiz Di Giorgio, en su documento ‘Una Nueva Política Pesquera’, “somos uno de los principales países pesqueros del mundo, pero paralelamente no estamos a la cabeza de la investigación pesquera. No seremos un país moderno mientras nos dediquemos sólo a exportar materia prima sin elaborar o con muy poco valor agregado. La investigación es el principal instrumento para conocer y proteger nuestros recursos pesqueros y para incorporarnos al desarrollo. Para el logro de este objetivo, tan vital, se requiere del aporte del Estado y, principalmente, de quienes se lucran de la explotación de dichos recursos naturales”.

8. Que en razón de lo mismo, Chile no necesita de instrumentos de fomento de la actividad pesquera, útiles y necesarios a mediados del siglo pasado, cuando la actividad industrial estaba en una etapa incipiente. No necesitamos mayores inversiones en naves pesqueras industriales, ya que existe una flota muy superior a las necesidades que demanda la explotación de los recursos existentes. Hoy, cuando la mayor parte de nuestros recursos hidrobiológicos de encuentran en estado de plena explotación y algunos en estado de sobreexplotación, lo que urge es proteger adecuadamente los recursos sanos existentes y recuperar los que han sido sobreexplotados, diseñando una política pesquera acorde con los intereses superiores del país, más que en los intereses de quienes se lucran de dicha actividad.

9. Que sin embargo, esta no es una guerra en contra de quienes desarrollan una actividad absolutamente legítima, por lo que se debe reconocer los intereses corporativos de quienes participan en esta actividad (armadores industriales, plantas industriales, pescadores artesanales, etc.), que deben tener un espacio de participación en que puedan expresar sus necesidades, aspiraciones y requerimientos a la autoridad pesquera, la que debe entregar las informaciones y antecedentes, junto con dar las facilidades que requiere el libre ejercicio de la actividad.

10. Que tal como lo han señalado los senadores José Ruiz Di Giorgio, Carmen Frei, Ricardo Nuñez, Jorge Lavandero, Sergio Páez y Nelson Avila, la discusión y debate serio que se necesita para contar con una verdadera Ley de Pesca y Acuicultura requiere tiempo. Ya basta de leyes cortas o ‘flash’ que tengan duraciones transitorias que terminan siendo indefinidas. Necesitamos una ley de pesca que responda a los desafíos del futuro, especialmente en el contexto de los acuerdos comerciales suscritos y con una base que asegure la sustentabilidad de los recursos y la actividad pesquera.

11. Que tal como ocurrió con la ley 19.713, la aprobación apresurada de una nueva normativa derivará en el aumento del desempleo en el sector, a un nuevo proceso de fusiones o ventas de empresas y, por lo mismo, a una mayor concentración de la propiedad de la actividad pesquera industrial.

12. Que el nuevo proyecto, al igual que la ley vigente no consideran estos impactos, lo que se refleja en que no incluye medidas de protección de los derechos laborales de los trabajadores, el fortalecimiento de la organización sindical y menos aún, los mecanismos de seguridad social para quienes salen del sistema pesquero. Es imperioso que la futura Ley de Pesca cointemple esta situación, no sólo por los que ahora puedan resultar afectados en sus puestos de trabajo, sino también por aquellos que todavía seguirán pagando los costos de la ley anterior.

13. Que todo lo anterior hace imprescindible acordar la prórroga de la vigencia de la ley 19.713, hasta el 31 de diciembre de 2003, de manera que el debate parlamentario se realice sin la presión del cumplimiento de aquel plazo y permita la revisión y adecuación de los aspectos administrativos que exija la reforma. Del mismo modo, la extensión de este plazo debería permitir otros contenidos necesarios del proyecto y otras iniciativas que surjan en el curso de la discusión.

Por lo expuesto, vengo en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO ÚNICO: “Renuévase la vigencia de la Ley 19.713, hasta el 31 de diciembre de 2003”.

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN
Diputado Distrito 45

EDUARDO LAGOS HERRERA
Diputado Distrito 57

MANUEL ROJAS MOLINA
Diputado Distrito 4

LEOPOLDO SANCHEZ
Diputado Distrito 59

GRUNERT CARMEN IBAÑEZ SOTO
Diputada Distrito 13

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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