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Como ha sido la tónica de los últimos gobiernos, hoy nuevamente el Puente Chacao está sobre la palestra.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) amenaza con la pronta iniciación de obras, mientras en el plano internacional la disputa entre las empresas Hyundai y OAS sigue su curso, esta última acusada en varios países, incluido Chile, por financiamiento ilegal de la política, situación que sin duda se debe investigar y abre interrogantes respecto al proyecto.

Por su parte, las organizaciones sociales de Chiloé con justa razón han relevado que la conectividad de un territorio no se resuelve con una vanidosa obra de vialidad, sino que con la mayor presencia de servicios y la priorización de las rutas de comunicación interna del Archipiélago. Mientras, otros segmentos abogan porque Chiloé saldrá del aislamiento llegando más rápido a Puerto Montt.

Pero más allá de eso, lo que evidencia el proyecto del Puente Chacao es la forma en que el Estado santiaguino se relaciona con Chiloé y con su gente.

Una obra de esa envergadura no puede ser una decisión tomada de manera centralista y requiere de la participación vinculante de la población afectada, cosa que hoy constitucionalmente está prohibido.

De llevarse a cabo este proyecto, no podrá ser otra cosa sino una imposición colonial. No porque el puente sea bueno o sea malo, esa es otra discusión, sino porque afecta geográfica y presupuestariamente al Archipiélago en su conjunto y a los isleños y a las isleñas a quienes nadie preguntó.

Sin una nueva Constitución Política de la República de Chile y plebiscito vinculante, no existe ninguna democracia posible.

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Autor: Alejandro Navarro Brain,

Senador de la República

Fuente: La Estrella de Chiloé