Quiebras reiteradas: “contratos públicos no protegen a trabajadores”

Senador Navarro dijo que debiera operar modelo Petrox para no tener que litigar

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Su preocupación por la “reiterada situación de quiebras que presentan las empresas constructoras que ejecutan obras en la región” manifestó el senador Alejandro Navarro, quien dijo que “lo más preocupante, más allá de los alcances legales es que cuando existen contratos con el Estado a través de los servicios públicos, no se están estableciendo las claúsulas necesarias que protejan los derechos de los trabajadores”.

El parlamentario dijo que “estas quiebras permanentes dañan la credibilidad de los privados, porque a estas alturas ya da miedo pensar en contratar a una empresa constructora, porque no existe medio para saber si terminarán o no las obras.En mi opinión lo que debiera hacers en el sector público para evitar este tipo de perjuicios laborales es seguir modelos exitosos como el de Petrox o el de Codelco, donde se establecen contratos con instrumentos de respaldo que aseguren, a todo evento, que cualquier cambio en la situación financiera de la empresa, los trabajadores no serán, como la mayoría de las veces, los más perjudicados”.

“Estudiaremos -agregó- los caminos para que se adopte este tipo de criterios en los servicios públicos. Porque parece un despropósito que desde el Estado no se prevengan este tipo de situaciones que, además de dejar sin trabajo, sin sueldo y sin imposiciones a los trabajadores, traban la ejecución de importantes obras públicas, muchas de ellas de servicio público para la comunidad. Llegar a litigar, perdiendo valioso tiempo en este tipo de procesos, parece innecesario. Cuando el mandante de las obras es el Estado, este debe procurar garantizar los pagos, pero si ello no ocurre debe tratar de que las empresas contratadas cumplan sus compromisos”.

Navarro puso como ejemplo de este tipo de situaciones el caso de la empresa constructora ALPA Ltda. que estaba ejecutando las obras de construcción del edificio para los servicios públicos en Penco y que se declaró en quiebra dejando sin pagar varios meses de sueldos y las imposiciones, responsabilidades todas que ha reconocido ante la autoridad laboral. No es posible que el gobierno regional, en un proyecto donde se invertirán fondos públicos por más de 500 millones, no se haya asegurado de garantizar el cumplimiento a los trabajadores”.

“Por ello -añadió- vamos a pedir a la Contraloría que se revise el contrato de adjudicación, para ver si efectivamente se cautelaron los derechos de los trabajadores y vamos a pedir información sobre la relación entre ejecución de obras y avances de pago, porque tampoco nos parece que haya existido eventualmente un trato privilegiado para esta u otra empresa bajo estas condiciones. En definitiva, en este y otros casos haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que se les cancele a los trabajadores lo que les corresponde”.

El legislador indicó que “en este caso, hay dos juicios laborales en camino, presentadas por los 60 trabajadores afectados. Uno de ellos, se encuentra radicado en el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción, por la suma de $11.539.854, que corresponde a la demanda presentada por 30 trabajadores por sueldos impagos desde el mes de junio pasado, cifra que es actualizada en conformidad al Código del Trabajo. En esta causa el Gobierno Regional ya ha contestado y está pendiente la notificación al representante legal de ALPA”.

“El segundo juicio -prosiguió- está en el Segundo Juzgado Laboral de Concepción, en contra de de la Constructora ALPA Ltda. y el Gobierno Regional de la VIII Región del Bío-Bío, por no pago de imposiciones y cobro de prestaciones laborales insolutas derivadas de aviso previo, feriados y aumentos legales de 29 trabajadores. La suma demandada en esta causa es $12.594.118, sumas que también deben ser actualizadas. En esta causa el Gobierno Regional también contestó y también está pendiente de notificar al representante legal de ALPA”.

Finalmente, Navarro dijo que “nuestra mayor preocupación es la extrema precariedad socioeconómica que afecta a los trabajadores, porque tras tanto tiempo sin percibir ingresos y especialmente en el contexto de las festividades de fin de año, su situación se agudiza y se hace más compleja. Por ello, esperamos contar con el apoyo del gobierno regional para resolver a la brevedad esta situación, que daña a decenas de familias y que demora las importantes obras que estaban en ejecución”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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