Ralco: “Relocalización de pehuenches debe ser voluntaria”

Diputado Navarro dijo que debe respetarse resolución ambiental y ley indígena

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Su convicción de que “más allá de la tasación efectuada a las tierras pehuenche por la comisión de ‘hombres malos’, lo que corresponde es que tanto el gobierno como la Endesa respeten la resolución ambiental y la ley indígena, en la medida que ambas establecen que las permutas sólo podrán realizarse, en la medida que sea un acto voluntario”, manifestó el diputado Alejandro Navarro.

El legislador indicó que “llama la atención que esta tasación -60 millones de pesos cada terreno- efectuada por una comisión, cuyo nombre no pudo ser más mal escogido, está a una distancia sideral de los de lo que los fallos judiciales -en lo que constituye un precedente- determinaron en el fallo favorable a la ciudadana Sola Ruedi, a quien el Estado debió cancelar 4.500 millones de pesos. Esta tasación se aleja del valor real, obviando la situación de costo oportunidad, ya que sin tierras no hay central”.

El parlamentario del PS recordó que “Endesa sometió el proyecto Ralco al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en atención a que su realización generaría el efecto contemplado en el artículo 11, letra c, esto es, el reasentamiento de comunidades humanas o la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, lo que se verificó mediante la suscripción de un “Acta General de Acuerdos”, el 1° de septiembre de 1995 entre la empresa y la Conama”.

Navarro señaló que “luego de un largo y accidentado proceso, la Conama se pronunció favorablemente sobre el EIA presentado por Endesa, mediante la Resolución Exenta N° 10, de fecha 6 de junio de 1997. La misma resolución que autorizó ambientalmente el proyecto, determinó sus alcances y le impuso a la empresa una serie de condiciones y exigencias para su realización, las que se consignaron en una serie de considerandos”.

“Esta misma resolución fijó un detallado Plan de Relocalización de la población indígena afectada por el proyecto, como una manera de compensar el grave impacto que tenía sobre dicha población la construcción de la central en su territorio ancestral. Esta resolución ordenó a Endesa la ejecución de Programas de Acondicionamiento de Predios Receptores, un Programa de Traslado, un Programa de Asistencia de Continuidad y un Programa de Desarrollo de Largo Plazo”.

El legislador agregó que “más allá de ello, la realización del proyecto quedó claramente supeditada al cumplimiento de ciertas condiciones necesarias e ineludibles. Se estableció explícitamente, de acuerdo al considerando resolutivo 7.3, que la relocalización debe ser llevada a cabo bajo los preceptos de la Ley Indígena. La permuta de tierras indígenas no se considera normativa de carácter ambiental y, por tanto, el acto de la autorización antedicha no está vinculada a la resolución”.

“Por ello, la evaluación y aprobación de las permutas -prosiguió- constituyen un proceso distinto y separado de la evaluación ambiental. Desde esta perspectiva, la autorización ambiental y la autorización de la permuta son claramente diferenciadas, e independientes una de la otra, siendo la aprobación ambiental, condición necesaria pero en ningún caso suficiente para la realización del proyecto, que sin lugar a dudas requiere de una aprobación posterior de las permutas”.

Navarro indicó que “como si esto fuera poco, posteriormente el Consejo Directivo de la CONAMA, integrado por 13 Ministros de Estado, entre ellos el actual Jefe de Estado, en ese entonces Ministro de Obras Públicas, conociendo de una reclamación interpuesta por ENDESA, estableció que la realización del proyecto requería también “obviamente, la autorización específica de cada uno de los interesados”.

El parlamentario dijo que “de este modo, según el certificado ambiental, y, de conformidad con la Ley Indígena, para ejecutar el proyecto hidroeléctrico la Endesa debe previa y forzosamente que obtener de parte de todos y cada uno de los propietarios indígenas afectados las intenciones de permuta requeridas, y luego someterlas a la calificación, evaluación y aprobación respectiva por parte de los organismos competentes”.

Sobre esto último, el legislador dijo que “el propio Sexto Juzgado Civil de Santiago ha explicitado que esos terrenos no son inundables, porque son tierra indígena y lo mismo ha sucedido tras la conversación de mujeres pehuenches con el Ministro Francisco Huenchumilla, quien ha comprometido el respeto del gobierno a la resolución ambiental y a la ley indígena. Endesa no puede pretender generar un conflicto sólo en función de sus intereses”.

Navarro dijo que “este tipo de hechos, muestran el doble estándar de Endesa en la medida que frente al tema Ralco rasga vestiduras por que -según ellos- la aprobación de la central redundaría en un supuesto bien común, frente a la próxima discusión del proyecto de ley eléctrica corta sólo busca defender sus intereses y aumentar sus utilidades, sin preocuparse en lo mínimo de los derechos de las personas. Esto lo tendremos presente a la hora de votar”.

Finalmente, el diputado del PS dijo que “esperamos que en este año, en que la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que encabeza el ex Presidente Patricio Aylwin, entregará su informe definitivo, buscando establecer una nueva forma de relación entre el Estado y los pueblos originarios, el gobierno de una señal en el camino del diálogo y respeto, del cual Ralco constituye el símbolo de la lucha por la dignidad indígena”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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