Reapertura de central termoeléctrica Bocamina II

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quisiera solicitar oficios al Ministro de Economía, y particularmente al Subsecretario de Pesca; también al señor Ministro del Medio Ambiente y a la Dirección del Territorio Marítimo de la Armada de Chile, a fin de que pudieran informarnos las condiciones en las cuales las exigencias de la Superintendencia del Medio Ambiente, que han establecido sanciones pecuniarias que van sobre los 4 mil millones de pesos a Bocamina II, Endesa, en la comuna de Coronel, Región del Biobío, cómo la empresa ha cumplido las exigencias que la Corte de Apelaciones de Concepción, en recurso de protección, exigiera para su vuelta a funcionar.

El Comité Regional ha votado hace dos días por nueve votos a uno, con el voto en contra de la Seremi de Economía, la aprobación de las condiciones de exigencia ambiental para el funcionamiento una vez más de Bocamina II.

Yo solo quiero advertir que la paradoja de esta decisión de los seremis, encabezados por el señor Intendente de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, ha sido en el contexto de que la Corte de Apelaciones paralizó por más de doce meses el funcionamiento de esta termoeléctrica, de que la Superintendencia del Medio Ambiente aplicó una multa a dicha empresa y se ha decretado la reactivación de la misma sin aplicación de ni una sola multa.

¡No han pagado ni un solo peso de multa!

Y ya el Gobierno regional, los seremis, el Comité, ha determinado su aprobación. Es decir, aquí la impunidad total y absoluta. Una empresa que no cumple la resolución de calificación ambiental, que altera la resolución de calificación ambiental, ENDESA, Bocamina II; es sancionada por la Superintendencia, ¡y vuelve a la actividad sin pagar ninguna multa!

Señor Presidente, esto es la impunidad, este es el abuso que la gente hoy día está denunciando en todos los ámbitos: de la política, del dinero, de la corrupción.

O sea, no es posible, porque ni un municipio ni una entidad va a permitir que te sancionen, te cierren, no pagues las multas y puedas volver a abrir como si nada.

En segundo lugar, quiero señalar que no solo no se pagaron las multas, sino que además la exigencia que ha hecho SERNAPESCA respecto de la captura de miles y cientos de miles de metros cúbicos de agua de mar se hace sin filtros y otorga el plazo de 15 meses para establecer una solución técnica.

Colbún, una termoeléctrica similar, que también tiene problemas, pero que ha cumplido mayoritariamente con algunas exigencias, tiene esos filtros desde su inicio. Y Bocamina II es autorizada a funcionar y se le da un plazo de 15 meses para colocar unos simples filtros para evitar la captura de especies hidrobiológicas que efectivamente van a afectar efectivamente la biomasa, la diversidad el plancton y toda la materia orgánica que aún, queda poca pero aún queda, queda en la bahía de Coronel.

En tercer lugar, no se ha resuelto ni una sola indicación por parte de la autoridad regional ni de la empresa respecto de un programa de recuperación ambiental de Coronel (PRAC). Es decir, que vuelvan a funcionar da lo mismo si hay un plan de diseño para evitar la contaminación coordinado con la otra termoeléctrica de Colbún, con las pesqueras, con el puerto, con las cementeras. Porque lo que es Coronel hoy día es un cóctel explosivo de contaminación.

Y, por tanto, se autoriza a funcionar a Bocamina II sin tener ninguna mitigación ambiental. Lo que hizo la empresa fue pagar una indemnización legítima a los pescadores artesanales y a las algueras durante el mes de diciembre del año pasado, con una grave controversia respecto a la utilización política que ha hecho el Alcalde de Coronel, Leonidas Romero, respecto de aquello, generando la división de los propios pescadores y una estigmatización de los abogados que defendieron a los pescadores y que lograron doblarle la mano a la empresa.

Yo quiero señalar que mientras no haya un plan de recuperación ambiental del Coronel destinado a mitigar, a erradicar y devolver la calidad de vida y particularmente la calidad del aire a Coronel, estamos en un grave problema.

Ha sido la fiscal Ana Aldana, ha sido la PDI, las que en una investigación criminal han determinado la presencia, señor Presidente, de arsénico, de plomo, de mercurio en todo Coronel, residuales en todos techos, en todas las tierras, en todos los patios de las casas de una población de más de 110 mil habitantes. Y ha sido ese informe, que aún no es desmentido, elaborado en los laboratorios de la PDI, el que determinó que además el ISP (Instituto de Salud Pública) y el Seremi de Salud de la Región del Biobío se comprometieran a la toma de sangre a fin de verificar si en un segmento acotado de la comunidad de Coronel se encontraba mercurio, arsénico, cadmio, plomo, a fin de verificar si esta constante contaminación vía aérea producto de las termoeléctricas pero también de otras fuentes emisoras estaba afectando o no la salud.

A la fecha, después de más de un año, ni una sola muestra de sangre se le ha tomado a los vecinos: niños, hombres, mujeres, ancianos de Coronel para verificar lo mínimo: si efectivamente están siendo objeto de contaminación.

Por lo tanto, una vez más se autoriza a la planta sin haber realizado los mínimos compromisos de haber efectuado un examen epidemiológico a la población a fin de verificar si están expuestos a esta contaminación o no.

Tengo la convicción de que sí, pero que requeríamos la acción de la autoridad técnica sanitaria para aquello.

No hay programa de recuperación ambiental; no hay acción de salud positiva para proteger y salvaguardar la salud de las personas.

Y por último, señor Presidente, no hay un diseño de cómo vamos a enfrentar la mitigación social. La empresa ENDESA pagó una bonificación a pescadores y algueras; se estableció un trato durante 7 años. Pero es total y absolutamente insuficiente.

La plata los pescadores y las algueras se la gastaron de manera inmediata. Se hizo en noviembre, antes de Navidad. Estaban sumidos en las deudas.

El problema es cómo sobreviven cada año si se les ha quitado la fuente de ingresos permanentes, naturales, de la que gozaron durante décadas, particularmente las algueras, que no volverán a recoger algas en esa bahía nunca jamás por el grado de contaminación hace ya un tiempo largo, que impide el crecimiento de las algas.

Y no se los ha compensado en nada que permita que sobrevivan. Se les ofreció un bono; se los pagaron. Requerimos de desarrollo de programas productivos para la reinserción laboral de 600, 800, 900 algueras, que no pueden trabajar. No quieren vivir ni de la limosna municipal ni de la limosna de ENDESA; quieren trabajar. Y para eso se requiere un diseño de programa de reinserción productiva que vaya de la mano entre lo público y lo privado; entre el Gobierno y ENDESA.

Nada de eso existe. Y ahí están: ya sin dinero del bono compensatorio de diciembre, entregadas a su suerte y, en definitiva, con la noticia de que la planta se reabre, cesa la prohibición de paralización, sin ninguno de estos requisitos.

Después nos preguntamos por qué la gente odia, desprecia, a los políticos; después nos preguntamos por qué la gente ya no hace caso a la autoridad; después nos preguntamos por qué la gente no concurre a votar por las autoridades. Pues es precisamente por este tipo de actitudes, que se basan solamente en lo técnico, despreciando el elemento básico del sentido común ciudadano, y particularmente de resguardo del interés general de la salud de las personas, pues no basta el cumplimiento técnico de una resolución de calificación ambiental de una empresa que sistemáticamente las violó, no las cumplió, las alteró, intentó ocultar información, entregó información falsa, tal como lo comprobó la Superintendencia del Medio Ambiente.

La situación de Bocamina ENDESA Coronel, señor Presidente, se va a agravar.

Hemos conversado con Marisol Ortega, presidenta del sindicato de algueras; con Luis Villablanca, Presidente del sindicato también de pescadores; con Hernán Cortés, que representa a más de 1.600 tripulantes de naves artesanales del sector de caleta Lo Rojas, en Coronel. Y, por cierto, no hay respuesta alguna todavía de la autoridad pública. Y de la autoridad privada, que es ENDESA, hay ofrecimiento de una compensación económica que es absolutamente insuficiente.

Es por eso que yo solicito, señor Presidente, que se oficie a la Subsecretaría de Pesca, a fin de que nos explique el fundamento técnico del plazo otorgado para los filtros, que parece del todo excesivo; a la Superintendencia del Medio Ambiente, a fin de que nos expliqué por qué no se han aplicado las multas; al Fiscalía regional, a fin de que no dé cuenta cuál es el estado de avance de la investigación que lleva adelante la fiscal Ana Aldana por el delito de daño ambiental; al Gobierno regional, a fin de que nos dé cuenta de cuál es el rol que va a cumplir en el plan de recuperación ambiental de Coronel la autoridad regional política, desde la intendencia regional con sus diversos organismos y seremías y direcciones regionales, de tal manera de conformar a la brevedad, repetir un plan exitoso que se hizo en Talcahuano, que fue el PRAT (Programa de Recuperación Ambiental de Talcahuano), que tiene a Talcahuano como un chiche.

A pesar del tsunami y el terremoto y bajo la conducción de Gastón Saavedra, un gran Alcalde de Talcahuano, Talcahuano se recuperó en los 90 del daño ambiental y se recuperó el 2010 del azote del tsunami y el terremoto. Eso se hizo porque hubo una coordinación adecuada entre lo público y lo privado, porque hubo una autoridad que impulsó aquello.

En Coronel nada de eso ocurre, señor Presidente, y vamos a enfrentar un grave cuestionamiento ciudadano de una ciudadanía que no logra comprender por qué la autoridad que eligió no los protege; por qué la autoridad nacional, regional y también local se confunde a la hora de defender los derechos de los ciudadanos.

Yo, con profunda indignación, señalo lo que estoy enfatizando, pues estuvimos dos años y medio intentando que ENDESA recibiera los antecedentes. Y solo después de ganar el recurso de protección en los tribunales y detener el funcionamiento de la empresa hubo posibilidad de conversar.

Hoy día hay nuevas autoridades en ENDESA. Yo apuesto a que estas autoridades quieran dialogar de verdad con la ciudadanía; apuesto a que vienen con una mentalidad distinta a las autoridades salientes: el señor Galindo, que nunca quiso conversar, que solo decía que “Navarro jamás va a poder detener esta empresa. Si Chile no puede prescindir de la energía que genera ENDESA”. En definitiva, la extorsión, el chantaje de cambiar energía versus salud de la gente.

Yo creo que las nuevas autoridades deberán tener una actitud distinta. Esperamos ver resultados concretos y no solo promesas, si no lo que vamos a tener en Coronel es un levantamiento popular, social que, por cierto, yo voy a respaldar y acompañar en todas las instancias: en los tribunales, en la calle, en todo el ámbito donde que haya que defender a la gente buena, sana, trabajadora de Coronel.

 

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva constitución, ahora!

¡No más AFP!

He dicho, señor Presidente.

 

–Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

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