Recuperar la legitimidad de la política

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NUNCA había sido tan popular y masivo discutir el financiamiento de la política. Mucho menos pensar en financiamiento público y terminar con las donaciones secretas de empresarios a campañas, tal como lo propuse junto a otros parlamentarios en los años 2003, 2008 y 2012. Pero la crisis que ha generado el caso Penta y Caval le ha dado la oportunidad al país de poder repensar el actual sistema de financiamiento electoral, superando los vicios del presente que atentan contra los principios elementales del ideal democrático y el necesario fair play que requiere la competencia electoral.

La crisis no es entre dinero y política, no es entre gobierno y oposición, tampoco es entre derecha e izquierda, sino es una ruptura entre la ciudadanía y la institucionalidad. Es por ello que soy un convencido de que el mecanismo para confeccionar una nueva ley es igual de importante que el contenido de su texto, ya que éste determina el grado de legitimidad que posea esta nueva legislatura. Por eso el factor clave es la participación ciudadana.

La gente está cada vez más cansada de ser parte de un sistema político regulado por una Constitución hecha en dictadura, y en donde, pese a que hay elecciones y se pueden cambiar los gobiernos, sólo la elite política participa de los procesos legislativos. Prueba de ello es que en la última elección presidencial, en una señal contundente de impugnación, el 58% del universo electoral no concurrió a las urnas, sufragando sólo 5.672.356 de un total de 13.573.000 votantes, según cifras del Servel.

Como vicepresidente del Senado, pienso que es hora de que esta corporación abra sus puertas y legisle escuchando a la ciudadanía. Soy un convencido de que la democracia prospera cuando existen mayores oportunidades para que el ciudadano común pueda contribuir en la confección de la agenda política. Por eso, es necesaria la constitución de Parlamentos Regionales. En la región del Biobío hay doce diputados y cuatro senadores. Debemos ser capaces, sin mezquindades, de constituir instancias colectivas regionales para discutir con las organizaciones sociales y ciudadanas el futuro de nuestro país. Hay que transformar el discurso regionalista en praxis regionalista.

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Además de que las grandes reformas que cambiarán el destino de nuestro país sigan avanzando,  es necesario comenzar a pensar en redefinir las reglas del juego, y esto sólo puede ser de cara a la ciudadanía y con ella.  De lo contrario, Chile arriesga aumentar el abstencionismo y la anulación electoral, lo que sólo terminará beneficiando a la vieja casta política-empresarial.

Considero que hay un camino y las experiencias internacionales lo indican: la fórmula para recuperar la legitimidad de la política es la participación ciudadana. El debate del Chile actual de la crisis dinero-política no es un problema aislado, sino es parte de un modelo que ha hecho crisis y que sólo puede cambiar dando paso a una nueva Constitución.

Seamos claros: una nueva Carta Magna no lleva al país al caos, al contrario, hace de éste uno más democrático, legítimo y estable, donde por medio de la participación hay una mayor valoración y acercamiento de la ciudadanía a la política, que es lo que nuestro país requiere de manera urgente.

Fuente: La Tercera

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