RECURSO DE PROTECCION CONTRA COREMA II REGION POR AUTORIZACION USO PETCOKE

imagen-post-navarro-el-motrador

EN LO PRINCIPAL: RECURSO DE PROTECCION
PRIMER OTROSI: ORDEN DE NO INNOVAR

SEGUNDO OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS

TERCER OTROSI: SOLICITA OFICIO.

CUARTO OTROSÍ: TÉNGASE PRESENTE

ILTMA. CORTE

GUIDO GIRARDI, ALEJANDRO NAVARRO, ARTURO LONGTON y ROBERTO DELMASTRO, todos Diputados de la República; OSCAR GALLARDO ARDILES, matrón y vecino de la ciudad de Mejillones; y LEONTINA BOLADOS OLIVARES, profesora y vecina de la ciudad de Mejillones, todos domiciliados para estos efectos en calle Andalicán 976 de la comuna de Mejillones , a SSI. decimos:

Que, encontrándonos dentro de plazo y en virtud de lo establecido en el art. 20 de la Constitución Política de la República (CPR) y en el Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de 27 de junio de 1992 y sus modificaciones posteriores, venimos en interponer acción de protección en contra de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la II Región de Antofagasta, representada por su Presidente el señor Alfonso Dulanto, ignoro profesión, Intendente Regional, domiciliado en Arturo Prat 384 piso 2°, Antofagasta, por haber dictado, en forma arbitraria e ilegal, la Resolución Exenta N° 0185/2001, de fecha 6 de agosto de 2001; y en contra del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), representado por su Presidente, el Ministro Secretario General de la Presidencia, don Alvaro García, economista, domiciliado en Palacio de La Moneda sin número, comuna de Santiago, por actuar fuera de la esfera de atribuciones que le confiere la ley y en forma arbitaria, al justificar mediante procedimientos irregulares el uso del petcoke.

Las consideraciones de hecho y de derecho en que se funda este recurso se expresan a continuación.

I) HECHOS

El pasado 6 de agosto de 2001 la Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA II Región de Antofagasta (en adelante COREMA), servicio público con competencia en materia ambiental (art.69-70 ley 19.300), dictó la Resolución Exenta N° 0185/2001, por la cual aprueba una solicitud de autorización provisoria (en adelante SAP) presentada por la empresa Edelnor S.A., para la quema del residuo combustible petcoke en la Central Térmica Mejillones, mientras se resuelve el proyecto denominado “Uso de un Combustible Alternativo en las Unidades 1 y 2 de la Central Térmica Mejillones”, de la misma.

Este proyecto se encuentra sujeto al sistema de evaluación de impacto ambiental establecido por la ley 19.300 por cuanto generará importantes efectos ambientales que deben ser ponderados y calificados por la autoridad ambiental en un procedimiento administrativo de evaluación ambiental establecido por la ley 19.300 sobre Bases del Medio Ambiente y su correspondiente reglamento contenido en el D.S. 30/97 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

1. EL PROYECTO DE EDELNOR

El proyecto, en síntesis, consiste en una modificación del combustible que utiliza la Central Termoeléctrica de Mejillones para generar electricidad, sobre la base de sustituir el carbón que actualmente utiliza por una mezcla de carbón con petcoke, éste último un residuo peligroso altamente tóxico derivado del petróleo.

La relación entre carbón y petcoke sería variable llegando éste último a representar hasta un 50% de la mezcla. Esta sería utilizada sólo en una de las dos unidades con que cuenta la Central, operando la otra sólo a base de carbón, no obstante, contar ambas unidades con una chimenea común de evacuación de las emisiones que se generen . Con ello se espera aumentar la potencia de generación de electricidad en las unidades de generación de la empresa y abaratar los costos de producción, contaminando el medio ambiente.

Tanto el EIA como la solicitud de autorización provisoria (SAP) de Edelnor tienen por objeto quemar mezclas de carbón/petcoke en una unidad de la Central Térmica Mejillones bajo las siguientes condiciones:

· Emisión máxima de SO2 de 8,16 kg/106 kcal

· Emisión máxima de Níquel (Ni) más Arsénico (As) de 0,5 mg/m3N

· Emisión máxima de Vanadio (V) de 5 mg/m3N.

Cabe señalar que la chimenea es común para ambas unidades por lo cual, del punto de vista del impacto ambiental, da exactamente lo mismo si se quema petcoke en una o dos unidades. Lo importante es la cantidad máxima de contaminantes que sale por la chimenea, y en la SAP se ha pedido emitir lo máximo, que es uno de los escenarios posibles que se presenta en el EIA: 50% carbón de 0,5 % azufre con 50% petcoke de 8,6% azufre.

2. EL PETCOKE

El petcoke o Coque de Petróleo es un residuo industrial proveniente de la refinación del petróleo, compuesto fundamentalmente por carbón y metales pesados como níquel y vanadio, un porcentaje de azufre en torno al 8,6% y un elevado poder calorífico.

Corresponde a un concentrado sólido de carbón obtenido de un proceso de reformación (descomposición térmica) realizado en las refinerías de petróleo. Así, se utiliza la coquización retardada para convertir los fondos de destilación del petróleo en productos líquidos y gaseosos. Tras dicho manejo se obtiene un sólido con alto contenido de carbón que corresponde al denominado Petcoke. Las propiedades físico-químicas de esta sustancia dependen de la composición de los elementos de origen, las variables involucradas en el proceso y la naturaleza del proceso.

Los componentes del Petcoke corresponden a los constituyentes naturales contenidos en el petróleo crudo. El petróleo crudo contiene tres fracciones distintas:

· El petróleo, o componente oleoso y que corresponde a los hidrocarburos (parafínicos, nafténicos y aromáticos) y que también contiene azufre y nitrógeno.

· La segunda fracción del petróleo crudo está constituida por resinas las que tienen una consistencia viscosa, son más bien pegajosas y de color café. Químicamente las resinas están constituidas por hidrocarburos de elevado peso molecular los que contienen oxígeno, nitrógeno y azufre.

· La tercera fracción corresponde a los asfáltanos los que contienen metales como vanadio, níquel y calcio en forma quelada, conjuntamente con oxígeno, nitrógeno y azufre. El Petcoke se obtiene mayoritariamente de las dos últimas fracciones

El Petcoke que se pretende utilizar es bajo en humedad y cenizas; en consecuencia, es un producto con un alto poder calorífico. También es bajo en su contenido de volátiles, razón por la cual debe mezclarse con carbón para su utilización en plantas de generación de energía eléctrica del tipo vapor/carbón. Por su parte, el contenido de carbono (C) varía entre un 80 y un 92%, pero el peligro radica más bien en su contenido de contaminantes altamente tóxicos y probadamente cancerígenos como el Niquel y el Vanadio entre otros que contiene.

Este elemento se encuentra fuertemente cuestionado y restringido en su utilización en la mayor parte de los países desarrollados, fundamentalmente por su peligrosidad y su carácter tóxico, derivado de los compuestos de Níquel, Vanadio que contiene, considerados cancerígenos tanto para el hombre como para los animales.

En Chile, la autoridad sanitaria representada por el Ministerio de Salud, conciente del peligro que involucra la utilización de una sustancia de esta naturaleza dictó la Circular N° 9B/13 de 12 de abril de 1999 por medio de la cual “instruye en relación a la sustitución de combustible en instalaciones termoeléctricas y sobre importación de residuos”, señalando los peligros que envuelve la utilización de este residuo e instruyendo a los servicios de salud “abstenerse de otorgar la necesaria autorización de ingreso a tales residuos, conforme lo instruido mediante Ord. N° 3H/3256, de 19/06/89, instrucción que a la fecha no ha sufrido modificación.”, y ordenando “se proceda a detener dicha utilización, iniciando los respectivos sumarios sanitarios…”(refiriéndose en todo momento al Petcoke).

En efecto, conforme lo instruido hace ya más de una década, el Servicio de Salud de Antofagasta por medio de la Resolución N° 1739 de fecha 31 de octubre de 1989, y en ejercicio de sus facultades legales contenidas en el Código Sanitario y demás cuerpos legales referidos a la materia, PROHIBIO la importación al territorio de la segunda región del país de residuos o desechos industriales

Sin embargo, la empresa EDELNOR S.A., junto a otras 2 de la región –Electroandina y Norgener – han utilizado ilegalmente el residuo peligroso Petcoke importándolo en los últimos años al precio vil de US$ 1 a US$ 2 la tonelada. Ello sin contar con la correspondiente autorización sanitaria lo que ha motivado la instrucción de sumarios sanitarios y sanciones en contra de ellas incluyendo por cierto a Edelnor.

Por tanto, mediante la Resolución N° 185/2001, se está autorizando el uso no sólo de un combustible altamente contaminante, sino también de una sustancia ilegal, sin que medie ningún cambio normativo o derogación de las normas exitentes que lo permita.

II) DERECHO

Los hechos descritos constituyen, conjuntamente, una amenaza y perturbación del derecho fundamental a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación consagrados en la CPR, por efecto de un acto de carácter ilegal y arbitrario atribuible a persona determinada, según se analizará a continuación en el cuerpo de este recurso.

I. EL ACTO IMPUGNADO: LA RESOLUCION EXENTA N° 0185 , DE COREMA-II REGION, DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2001.

Se trata de un acto administrativo emanado de una autoridad administrativa, la Comisión Regional del Medio Ambiente-II Región, organismo encargado por ley del resguardo y protección del medio ambiente y de la coordinación de las competencias ambientales de los distintos organismos públicos en la región.

Esta resolución N° 0185 –acompañada en un otrosí- fue emitida el pasado 06 de agosto de 2001, de tal manera que a la fecha de interposición del presente recurso se encuentra plenamente vigente el plazo de 15 días establecido por el Autoacordado sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección.

El acto impugnado constituye un acto positivo, de carácter jurídico-administrativo que por su forma y contenido es ilegal y arbitrario; y que por sus efectos jurídicos vulnera importantes derechos constitucionales de los recurrentes y de la comunidad en su conjunto como se verá luego.

Se trata de un acto administrativo que tiene la aptitud de generar efectos jurídicos sobre terceros, especialmente sobre los derechos constitucionales de los recurrentes, al autorizar la utilización y quema de petcoke y las consiguientes emisiones de sustancias contaminantes.

II. INDIVIDUALIZACION DE LA AUTORIDAD O PERSONA RECURRIDA

El acto ilegal y arbitrario ha sido cometido, generado o -para utilizar los términos del constituyente- es imputable a una persona determinada que , más específicamente, constituye una autoridad u órgano perteneciente a la Administración del Estado: LA COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, COREMA, II REGION DE ANTOFAGASTA.

Este órgano público, es el autor de la Resolución Exenta N°0185 impugnada de ilegal y arbitraria, situación que consta en el texto de la propia resolución.

III. ANTIJURIDICIDAD DE LA RESOLUCIÓN 0185/2001. ILEGALIDAD Y ARITRARIEDAD

La resolución exenta N° 0185 es contraria a derecho por ilegal y arbitraria. Ilegal por cuanto vulnera el espíritu y la letra de la propia ley de medio ambiente N° 19.300, su reglamento contenido en el Decreto Supremo 30 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y diversas leyes ambientales y sanitarias. Arbitraria por cuanto ella ha sido adoptada con abuso de la discrecionalidad administrativa que entrega la ley, reflejada en actuaciones caprichosas efectuadas al margen del derecho.

Las antijuridicidades han consistido en lo siguiente :

1.- VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO PREVENTIVO.

Como hemos señalado se ha dado aprobación provisional para la ejecución de un proyecto que no ha efectuado evaluación alguna de sus impactos ambiental conforme a los procedimientos legales. Esta situación contradice y viola el principio preventivo que rige y gobierna en materia ambiental y que de hecho se encuentra materializado en gran parte de las normas ambientales de la ley 19.300.

En efecto, el mensaje de la ley señala enfáticamente a propósito del principio preventivo que “mediante este principio se pretende evitar que se produzcan los problemas ambientales” contemplándose para ello diversos instrumentos, entre ellos, el sistema de evaluación de impacto ambiental que contempla a su vez 2 tipos de documentos, las declaraciones y los estudios de impacto ambiental. “En virtud de estos últimos se diseñarán, previamente a la realización del proyecto, todas las medidas tendientes a minimizar el impacto ambiental, o a medirlo, o incluso a rechazarlo.”, señala el mensaje.

Nada de esto se cumple con el proyecto de Edelnor; la recurrida ha dado aprobación provisional a un proyecto que inmediatamente comenzará a ejecutarse y por tanto a generar sus efectos ambientales, sin evaluación ambiental, sin participación ciudadana, en fin, sin la evaluación ambiental que exige el principio preventivo.

Esta situación ha sido advertida por algunos servicios públicos que emitieron opinión técnica preliminar sobre el proyecto y sin embargo no se atendieron sus argumentos. A modo de ejemplo, la Comisión Nacional de Energía, a través de su Ord. CNE N° 000568 señala que “… considerando que el proyecto “Uso de un Combustible Alternativo en las Unidades 1 y 2 de la Central Térmica Mejillones”, se encuentra en la etapa inicial de revisión de su Estudio de Impacto Ambiental, no es posible evaluar en detalle los impactos ambientales reales que pueda tener la operación parcial del mismo.”

2.- “EJECUCIÓN” Y NO “INICIO” DEL PROYECTO.

Por medio de la Resolución de la recurrida se ha autorizado la “ejecución” de un proyecto y no sólo su inicio como lo exige la ley ambiental excepcionalmente para las SAP.

En efecto, el art.8 de la ley 19.300 establece que “los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley”

La ley es clara en esta parte en establecer que no puede ejecutarse el proyecto mientras no se pase por el procedimiento evaluatorio. Excepcionalmente, la ley posibilita la iniciación de un proyecto de se caucionan debidamente los efectos ambientales que puedan generarse. Al respecto señala el art. 15 en su inciso 2° que “…si el responsable de cualquier proyecto o actividad presentare, junto al Estudio de Impacto Ambiental un póliza de seguro que cubra el riesgo por daño al medio ambiente, en el plazo a que se refiere el inciso primero, podrá obtener una autorización provisoria para iniciar el proyecto o actividad, bajo su propia responsabilidad, sin perjuicio de lo que resuelva en definitiva en conformidad a la presente ley.”

Distinta es la ejecución del inicio de un proyecto. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española ejecutar es poner por obra una cosa; en cambio, iniciar es comenzar o promover una cosa.

El proyecto cuestionado ha sido aprobado en su ejecución y no en su inicio, por la sencilla razón de que no se han aprobado sólo obras preliminares o preparatorias de la ejecución del proyecto como podrían ser las consistentes en la construcción de caminos, habilitación de terrenos u otros que generalmente se requieren, sino que se ha autorizado la ejecución completa y final del proyecto “Uso de un Combustible Alternativo en las Unidades 1 y 2 de la Central Térmica Mejillones”, por medio de una SAP. El proyecto de Edelnor S.A. pretende la aprobación del uso de petcoke en una de las unidades de su central térmica y es justamente ello lo que se ha autorizado de manera provisoria. Tan evidente es lo anterior que se ha autorizado a la empresa proponente emitir la totalidad del SO2 que han solicitado en el EIA, ascendiente a 171 ton/día.

Así las cosas, la actuación de la recurrida viola los arts. 8 y 15 de la ley 19.300 y es por tanto completamente ilegal.

3.- AUSENCIA DE NORMAS AMBIENTALES E INCUMPLIMIENTO DE OTRAS RESPECTO A LOS CONTAMINANTES QUE SE GENERARAN.

El proyecto de Edelnor adolece de graves deficiencias en lo que se refiere al cumplimiento de las normas ambientales particulares sobre determinados contaminantes. De acuerdo a la legislación ambiental nacional los contaminantes deben regirse por normas particulares que establezcan límites tanto para la emisión como para la calidad del medio en que se emitan; para el caso que nos convoca el proponente debe garantizar encontrarse “dentro” de la norma y no “sobre” ella para todos y cada uno de los contaminantes que emitirá su actividad que en caso particular es la central térmica y más concretamente sus chimeneas.

El proyecto de quema de petcoke mezclado con carbón presenta la particularidad de ser mucho más contaminante que la misma actividad utilizando solamente carbón, debido básicamente a las mayores concentraciones de azufre (SO2) que presenta el petcoke y las consiguientes mayores emisiones atmosféricas de este contaminante, junto a emisiones de níquel (NI), vanadio (V), arsénico (AS)y otros contaminantes que se generan con su combustión.

El azufre contenido en el petcoke que quemará Edelnor representa alrededor del 8.6% del peligroso residuo (tabla 1.28, pagina 1-31 Parte 12/12 del EIA).

Sobre este contaminante la evidencia científica es contundente en orden a establecer su alto nivel tóxico, pero abstrayéndonos de ello, ni siquiera la recurrida a adoptado las medidas mínimas para cautelar la vida y salud de la población y del medio ambiente por acción de este contaminante. Ello por cuanto :

– Se ha autorizado la concentración máxima de petcoke y azufre solicitada por el proponente : 50% de carbón con 0.5% de azufre con 50% de petcoke con 8.6% de azufre.

– Se ha autorizado la emisión máxima solicitada para la ejecución completa y final del proyecto : 8.16 Kg/106 Kcal.

– Se ha aplicado la normativa mexicana (Considerando 3 letra a)) para el SO2, que no tiene aplicación en Chile, ni puede tenerla por cuanto a falta de norma nacional ha de aplicarse la normativa Suiza.

Pero independiente de lo anterior y de lo que pueda alegar la empresa en su defensa, hay una cuestión de derecho y no técnica que resulta fundamental: la COREMA II Región ha autorizado la emisión de SO2, Niquel, Vanadio y Arsénico sin antes haber seguido los pasos que exige un debido proceso de evaluación; es decir, ha autorizado una actividad contaminante sin saber a ciencia cierta los efectos reales que se generarán sobre el medio ambiente. Asimismo, la COREMA, en conjunto con el Consejo de Ministros de CONAMA, ha dictado, por sí y ante sí, al margen de los procedimientos legales, una verdadera norma de emisión para la quema y utilización de petcoke, excediendo sus competencias legales y violando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Entrando al análisis de las cuestiones de orden técnico involucradas en este caso, podemos afirmar categóricamente que la empresa titular del proyecto no ha garantizado suficientemente el cumplimiento de los standares ambientales máximos permitidos para cada uno de los contaminantes que se generarán. Ello por las razones siguientes :

– En primer término, evidentemente porque no se han podido evaluar debidamente dichas emisiones, atendido el hecho que la recurrida ha optado por autorizar el proyecto íntegramente por medio de una SAP, antes de entrar al análisis de los impactos ambientales de fondo en el marco del proceso de evaluación ambiental.

– En segundo término, porque los análisis, pruebas y monitoreos efectuados por Edelnor no han podido ser conocidos por la ciudadanía, manteniéndose en secreto, de manera completa y absolutamente arbitraria, sin mayores fundamentos que la negativa de la propia empresa.

– En tercer lugar, porque en el EIA parece información contradictoria acerca de cual será la situación ambiental respecto al SO2 “con y sin proyecto”. En el Anexo F del EIA, aparecen 2 valores: en la Tabla 5 (que no deben ser los correctos puesto que son idénticos a los resultados que se obtuvieron con sólo carbón) y en la Tabla 7. Pero estos últimos valores son contradictorios con lo que el mismo EDELNOR declara en la Tabla 3 de la SAP, y que son los que según el Considerando N° 9 de la Resolución 185/2001 utilizó COREMA II Región para aprobar la SAP de EDELNOR.

– En cuarto lugar, porque la Central Térmica de Mejillones fue diseñada para quemar carbón y no para quemar o utilizar petcoke, ya que no cuenta con mecanismos de control ambiental o de monitoreo adecuados para proteger el medio ambiente.

Dice además la COREMA II Región en el Considerando N° 9 de la Resolución 185/2001 que “con la mezcla más rica en petcoke se registraron concentraciones ambientales inferiores a los niveles máximos permisibles por la normativa de inmisiones vigente”. Pero la COREMA II Región omite analizar que con mezclas menores en petcoke (M1 y M2) se alcanzaron concentraciones ambientales superiores a los niveles máximos permisibles por la normativa de inmisiones vigente. En efecto, en la Tabla siguiente se presenta un resumen de las mediciones presentadas por EDELNOR durante las pruebas de quema de carbón/petcoke, referidas al valor promedio:

O sea, según la Tabla extraída del EIA de EDELNOR, con emisiones muy comparables en términos de SO2, se obtuvieron valores de concentraciones ambientales hasta 50% superiores a la norma. Si se considera las concentraciones ambientales obtenidas con la mezcla M1, vale decir con emisiones de 198,35 ton/día SO2, o sea, comparables a las 171, 2 ton/día SO2 que se solicitan en la SAP, se obtuvo un valor de 96,7 mg/Nm3, este es 20,9% superior a la norma (80 mg/Nm3) y 51,1% superior al límite de latencia (64 mg/Nm3).

La superación de norma en el caso de las concentraciones ambientales promedio también se sustenta y queda demostrada por los resultados de las mediciones de SO2 por el método de tubos pasivos, realizada por la Universidad de Concepción. En efecto, como se muestra en la Tabla, para todas las mediciones con quema de mezclas carbón/petcoke se obtuvieron valores sobre la norma anual. Y este fue un período más largo, de 60 días de mediciones, por lo tanto más representativo de lo que ocurrirá a futuro con la autorización entregada por COREMA II Región para la quema permanente de petcoke.

Con esta comparación, queda en evidencia la ligereza con que actuó la COREMA II Región al autorizar la quema de petcoke, en forma aparentemente provisoria pero en el fondo de forma permanente, un aumento de emisiones desde 36 ton/día SO2, cantidad emitida el año 2000 por EDELNOR a 171,2 ton/día SO2, considerando sólo un valor entre un abanico de varias mediciones, todas las cuales entregaban valores sobre la norma chilena vigente de calidad ambiental. Esta es una actuación que claramente viola el principio ambiental preventivo que es el fundamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

De los puntos anteriores se concluye que no se ha demostrado que con emisiones de 171,2 ton/día SO2, se cumpla la normativa ambiental vigente. Y se ha demostrado que los resultados de las mediciones durante las pruebas son superiores a la norma y son superiores a los valores que habría obtenido EDELNOR usando su modelo de simulación de contaminación.

En relación al Niquel (NI) y al Vanadio (V), SSI debe tener presente en primer término que se trata de agentes contaminantes, metales pesados, de alta peligrosidad para la vida humana y el medio ambiente. No obstante ello, la recurrida ha tenido la osadía de autorizar la emisión de determinadas cantidades de dichos contaminantes. Ello a pesar que no existe en nuestra legislación ambiental, norma de emisión ni de calidad para dichos agentes que permitan establecer algún parámetro o límite de emisión.

4.-VIOLACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REGLADOS.

Se ha procedido a una evaluación ambiental al margen de la ley. El proyecto de Edelnor ha sido autorizado por la recurrida sustituyendo los procedimientos legales.

En efecto, no es objeto de controversia que el EIA presentado por la empresa y la resolución de Corema II Región han hecho suyas y se han fundado en un programa de pruebas de quema de petcoke realizadas “fuera” y “al margen” del procedimiento evaluatorio establecido por la ley. Estas actividades que fundan la aprobación ambiental son doble y triplemente ilegales por cuanto además han sido dirigidas por un auditor externo que no es ni una autoridad ni nada que se le parezca o esté reconocido de algún modo en el procedimiento de evaluación ambiental de proyectos contenido en la ley 19.300 y su reglamento. Y como si fuera poco, además, los resultados del programa, -base para la aprobación ambiental reiteramos- se han mantenido en secreto hasta el día de hoy sin posibilidad de conocer su contenido y menos aún de impugnarlos, violando de paso todos los principios y normas sobre publicidad de los actos que le corresponden a la administración pública.

La ilegalidad consistente en la sustitución de los procedimientos administrativos se ha concretado básicamente a través de las 2 siguientes actuaciones

4.1. ACTUACION INDEBIDA E ILEGAL DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CONAMA.

El Consejo Directivo de CONAMA, representado por su Presidente, don Alvaro García, es su órgano superior y como tal tiene funciones y atribuciones fijadas por la ley (art.71-74), no pudiendo exceder dicho ámbito de competencias sin violar los principios básicos del derecho público chileno y el estado de derecho.

En el caso presente, el Consejo Directivo ha ordenado la realización de un programa de pruebas de quema de petcoke para Edelnor con el propósito de evaluar en esta instancia los impactos ambientales que generaría su futuro proyecto de mezcla carbón/petcoke, lo que es extraño al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y al procedimiento de otorgamiento de solicitudes de autorizaciones provisorias (SAP), por cuanto se están atribuyendo competencias legales de las que carece.

En efecto, establece la propia resolución ambiental 0185 en su considerando 9 :

“…esta Comisión considera que la solicitud está sustentada en los resultados de un programa de pruebas realizado recientemente, requerido por el Consejo Directivo de la CONAMA, los que muestran que el riesgo de ocurrencia de daño ambiental producto de las emisiones previstas para el escenario de operación provisoria es poco significativo. En tal sentido, cabe señalar que la Solicitud de Autorización Provisoria se presenta bajo una situación especialísima : que los efectos ambientales ya fueron medidos a través de pruebas reales, autorizadas por el Consejo Directivo de la CONAMA y por el respectivo Servicio de Salud.”

Esta situación representa a nuestro juicio una verdadera “intervención” ilegal y arbitraria del Consejo Directivo a favor de una actividad que debe ser evaluada dentro de un procedimiento legal sin la participación del Consejo. En este sentido la actuación del Consejo es completamente ilegal al “invadir” esferas de competencias reservadas a las correspondientes Comisiones Regionales del Medio Ambiente, en tanto evaluadores de los proyectos que generen impacto ambiental en cada región.

4.2. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR UN AUDITOR EXTERNO.

La segunda manifestación de la sustitución de los procedimientos legales en este caso está dada por la intervención de un “auditor externo” a quien se le ha encargado la evaluación de los impactos ambientales del proyecto de Edelnor, institución que no está contemplada en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, delegando el ejercicio de funciones públicas en sujetos privados, en forma arbitraria e ilegal, y, además, con abierta violación de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República.

Más grave aún es el hecho que la recurrida basa su aprobación en la siguiente premisa: “la SAP se presenta bajo una situación especialísima: que los efectos ambientales ya fueron medidos a través de pruebas reales”., que se han mantenido en secreto. Ello agrega, además de la ilegalidad, falta de transparencia administrativa, contrariando las nuevas disposiciones de la Ley de Probidad Administrativa, contenidas en la reforma de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

A pedido de EDELNOR, según consta en Carta GG/0090/01de Ricardo Falabella, gerente general de EDELNOR, de 24 de julio, 2001 y con la autorización de CONAMA, según consta en Carta N° 013134 de Adriana Hoffmann, Directora Ejecutiva de CONAMA, de 2 de agosto de 2001, el Informe que el Auditor Independiente entregó sobre las pruebas de quema de carbón/petcoke se ha mantenido como información secreta, vale decir, nadie ha podido tener acceso a la información de base con la cual la COREMA II Región ha aprobado la quema de 259.000 tons/año de petcoke en Mejillones, lo que constituye una gravísima transgresión a los principios y normas del derecho público chileno y del derecho ambiental chileno. En particular y de manera específica esta situación viola las normas del sistema de evaluación de impacto ambiental contenidas en la ley 19.300 y el “principio participativo” que lo inspira. Al respecto, el propio mensaje de la ley 19.300 señala que una de las formas de realización de este principio es “…procurando que las organizaciones locales puedan informarse y, en definitiva, hasta impugnar los nuevos proyectos en proceso de autorización por causar un impacto ambiental significativo y negativo sobre el ambiente.”

Conforme al SEIA establecido en la ley 19.300 no es posible entregar la función evaluadora a un tercero; ella es función privativa e irrenunciable de la Comisión Regional del Medio Ambiente correspondiente, quien sólo puede hacerlo con estricta sujeción al procedimiento legal reglado de la ley.

En efecto, el art.8 de la ley 19.300 establece que “los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley”. Es decir, es claro que cualquier otro procedimiento de evaluación ambiental, como el adoptado para el presente proyecto, infringe la ley.

5.- LA SAP OTORGADA CONSTITUYE UNA VERDADERA RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL ANTICIPADA

La recurrida como hemos señalado a acogido todas las peticiones de fondo formuladas por Edelner en su SAP, autorizando las emisiones máximas propuestas y contenidas en el EIA. Se ha autorizado como “obra o actividad inicial” la quema de petcoke en la proporción propuesta en el EIA, en circunstancias que en ello consiste precisamente lo que se solicita en definitiva, así las cosas ¿ qué sentido tiene esperar el resto del procedimiento evaluatorio, si la autoridad ha manifestado que los impactos ambientales han sido evaluados? ¿ qué sentido tiene la participación ciudadana y finalmente, que sentido tiene la resolución de calificación ambiental final si el proyecto ya fue autorizado y evaluado ?

La COREMA II Región al pronunciarse y autorizar a EDELNOR a operar en forma provisoria, en realidad lo ha hecho sobre el fondo del asunto, vale decir ha autorizado la operación bajo las mismas condiciones que se han solicitado en el Estudio de Impacto Ambiental.

De esta manera, la COREMA II Región, en los hechos, invalida y deja sin efecto todo el proceso de evaluación de impacto ambiental que reglamenta el D.S. 30/97, incurriendo en un acto de ilegalidad y arbitrariedad de proporciones. La ilegalidad en este sentido ha consistido en la inobservancia de la ley 19.300 y su reglamento referido al SEIA, habiendo además una flagrante arbitrariedad consistente en el proceder fáctico, fuera de la ley, de la recurrida sin dar razones ni fundamento jurídico alguno, movida sólo por su voluntad caprichosa y antojadiza, como si ella fuera el soporte de sus actuaciones y no el derecho.

Asimismo, la ilegalidad está dada por la autorización del uso de un combustible altamente contaminante y prohibido, con abierta infracción a diversas normas legales y reglamentarias, incluyendo las circulares del Ministerio de Salud.

6.- AUTORIZACIÓN DE LA QUEMA DE UNA SUSTANCIA PROHIBIDA.

En efecto, la Corema – II región ha violado, además, la resolución 1739/89 del Servicio de Salud de Antofagasta que prohibe el uso e importación del petcoke.

La actuación ilegal de Corema –II Región es mayúscula al violar groseramente las disposiciones sanitarias que prohíben la utilización del Petcoke en la II Región. Siendo así mal podría someter siquiera a evaluación ambiental –como lo hizo- un proyecto cuyo objeto principal es la utilización de una sustancia prohibida.

En efecto, por Resolución 1739/89 el Servicio de Salud de Antofagasta PROHIBIO la importación al territorio de la segunda región del país de residuos o desechos industriales; radiactivos; cenizas de incineración o cualquier otro tipo de desechos o basuras provenientes del extranjero; ya sea por vía marítima, terrestre o aérea.”

Naturalmente el Petcoke cae bajo los amplísimos términos de esta resolución por cuanto :

– Se trata de “un residuo de la industria de la refinación del petróleo”(Circular N° 9B/13 de 12 de abril de 1999 el Ministerio de Salud).

– Así lo ha establecido e interpretado la autoridad sanitaria central y regional en el ejercicio de sus potestades legales.

Por Circular N° 9B/13 de 12 de abril de 1999 el Ministerio de Salud “instruye en relación a la sustitución de combustible en instalaciones termoeléctricas y sobre importación de residuos”, señalando los peligros que envuelve la utilización del petcoke e instruyendo a los servicios de salud “abstenerse de otorgar la necesaria autorización de ingreso a tales residuos, conforme lo instruido mediante Ord. N° 3H/3256, de 19/06/89, instrucción que a la fecha no ha sufrido modificación.”, y ordenando “se proceda a detener dicha utilización, iniciando los respectivos sumarios sanitarios…”

Respecto a este punto el organismo competente, a través del Ord. N°5702 de fecha 14 de septiembre de 2000, ha señalado lo siguiente:

“El Servicio de Salud de Antofagasta, dentro de las atribuciones que le otorga el Código Sanitario, consideró que el Petcoke importado y empleado por las Centrales Termoeléctricas de la región incluida Edelnor S.A., corresponde a un residuo industrial, lo cual generó la autorización de las sanciones que establece dicho cuerpo legal por su uso sin autorización sanitaria.

Al respecto cabe mencionar que, de acuerdo a la autorización vigente, corresponde sólo a los Servicios de Salud del país calificar si un elemento constituye una sustancia o producto o un residuo, lo cual ha sido refrendado por la Contraloría General de la República mediante Dictamen N° 11288, por lo que lo señalado por la empresa a este respecto no tiene valor legal.

Por tanto, este servicio de salud estipula que el uso del Petcoke requiere, en su condición de residuo, una autorización sanitaria para tal efecto, lo cual no es posible otorgarla dado los términos en que se plantea el proponente de no reconocer este hecho”.

Tal como se menciona en el texto citado, este criterio ha sido ratificado por la Contraloría General de la República.

7.- DISPOSICIÓN FINAL ILEGAL DE CENIZAS Y ESCORIAS

El proponente del proyecto así como la autoridad ambiental no consideran los impactos generados por la disposición final de escorias y cenizas derivadas de la combustión de petcoke, a pesar de que la autoridad sectorial SAG advierte sobre este punto :

“Respecto al níquel y vanadio presentes en las cenizas y escoria, se indica que éstos no estarían biodisponibles y, en consecuencia, dichos desechos no serían tóxicos. En opinión del Servicio Agrícola y Ganadero, “esta afirmación no se puede asegurar, debido a que el níquel y el vanadio, como cualquier otro metal, al entrar en contacto con el agua en cualquiera de sus manifestaciones (humedad ambiental, agua añadida a los depósitos de ceniza, agua presente en el rocío costero, camanchaca, etc.) van a ingresar a la dinámica de los ciclos biogeoquímicos correspondientes, lo que significa que va a ser transportados, transformados, redistribuidos y bioacumulados con los consabidos efectos colaterales ecotoxicológos que afectan desde los microorganismos hasta el ser humano. Es decir el vanadio y níquel presentes en las cenizas volantes y en las escorias en algún momento van a estar solubilizados y disponibles para la biota del área de influencia. Por ejemplo, si los óxidos de níquel provenientes del depósito de cenizas y escorias llegan al mar debido a la interacción entre el suelo, la capa freática y el océano o debido al níquel contenido en las cenizas volantes, en el agua de mar se transformarán en hidrocomplejos de níquel II. Sulfatocomplejos de níquel II, acuocomplejos libre de níquel y otras especies en menor proporción, todos los cuales son altamente biodisponibles, reactivos o lábiles para los seres vivos de la cadena trófica marina, incluyendo las aves y otras especies de fauna silvestre, algunas incluidas en estados de conservación y que ocupan el desierto costero que se encuentra estrechamente ligado a la faja costera por las diversas interacciones ecológicas existentes entre ellas. Además, se debe señalar que el material particulado que alcance el agua va a fijar materia orgánica, que sería fácilmente asimilada por los organismos filtradores, lo que significa otra vía más de ingreso de estos metales a los sistemas biológicos”.

El Servicio Agrícola y Ganadero insiste en señalar que la única forma de asegurarse de que estos metales no se encuentren disponibles para los sistemas biológicos es inmovilizando las cenizas y escorias que los contienen y que debería ser dispuesta en el vertedero de manera tal que no se dispersen hacia el suelo o el aire y así evitar el ingreso de éstas a la fauna silvestre que se encuentra en el área de influencia por la vía aérea o digestiva, donde las formas oxidadas de estos metales y debido también a las transformaciones que ocurren dentro de un organismo vivo con resultado de liberación de sus iones metálicos mas reactivos (V5+, Ni2+), pueden provocar efectos negativos en todos los niveles de las cadenas tróficas que resulten impactadas. Lo anterior lo sostienen y fundamentan en los diversos antecedentes bibliográficos especializados que hemos encontrado y en los cuales se señala científicamente que: el vanadio es tóxico para los animales, además de producir daño al material genético de estos. Para el caso del níquel, se puede señalar que en general los compuestos que forma este metal (entre los cuales se encuentran los óxidos de níquel) son altamente tóxicos, mutagénicos, carcinogénicos y en general producen graves alteraciones del material genético en seres humanos y animales, además algunos de estos estudios dan cuenta de efectos negativos directamente producidos por óxidos de níquel los cuales el titular asegura son inertes. Entre estos antecedentes especializados se destacan los estudios realizados por: Corbella J. And Domingo J.L. (1996); Costa, M. (1996); Sakurai H. (1994); Kawanishi Sh. et al. (1994); Snyder R. D. (1994); Reid Th. et al. (1994); Fletcher G. et al. (1994); Frenkel K. et al. (1994); Huang X. et al. (1994); y Wu L. F. et al. (1994).”

En la participación que el mismo servicio ha tenido en el corto análisis que se ha efectuado sobre el proyecto de Edelnor, el SAG ha mantenido una actitud invariable y consecuente al señalar que:

“…la disposición y manejo que se realizará de las cenizas y escorias producto de la combustión de mezclas de carbón con petcoke no es apropiada, ya que no existen diferencias respecto del actual manejo y el vertedero no se encuentra autorizado para disponer las cenizas y escorias.”

La propia resolución ambiental impugnada agrega luego:

“Por último, dicho órgano expresa que, sin desconocer la validez de la prueba realizada a las cenizas y escorias procedentes de la combustión de mezclas de carbón y petcoke (TLCP), considera que ésta no es adecuada para demostrar su no biodisponibilidad”.

La arbitrariedad está dada en el presente caso por el abusivo e irracional uso del margen de discrecionalidad que tiene la autoridad para resolver sobre estos asuntos. La autoridad ambiental debe tutelar el interés de protección del medio ambiente antes que el interés privado y comercial de una empresa y en cada oportunidad en que deba dar aplicación a su discrecionalidad hacer patente dicho interés. Máxime si se trata de una proyecto de gran envergadura como el presente.

La autoridad recurrida ha actuado arbitrariamente por cuanto ha carecido de fundamentos razonables para otorgar la autorización provisoria del proyecto. No sólo su actuación ha sido ilegal como demostramos sino que lo que es más grave en este caso se ha contravenido abiertamente y en todas sus partes los informes técnicos del SAG y de la CNE, sin controvertirlos técnicamente.

La COREMA en el ejercicio de la potestad que le ha dado la ley 19.300 para aprobar solicitudes de autorización provisoria (SAP) debe respetar siempre la ley y la razonabilidad que exige toda decisión administrativa discrecional.

IV. VIOLACIÓN A LOS DERECHOS A LA VIDA (ART.19 N°1) Y A VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIBRE DE CONTAMINACION (art. 19 N° 8 CPR).

La discrecionalidad de la autoridad para autorizar un proyecto o actividad con implicancias o efectos ambientales tiene como limitación el respeto a la ley y la Constitución, es decir, en ningún caso el margen de potestad discrecional puede permitir pasar a llevar las garantías constitucionales ni las leyes que regulan dichas garantías como ocurre con la ley 19.300 sobre bases del medio ambiente concebida para favorecer, primero, el interés general de la comunidad en relación a su entorno o medio humano, antes que el de una empresa privada en su afán de realizar determinado proyecto por muy legítimo que él sea.

El acto ilegal y arbitrario cometido por medio de la dictación de la resolución 0185 produce un efecto preciso y concreto: amenaza y perturbación en el legítimo ejercicio del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a preservar la naturaleza y el derecho a la vida de los recurrentes y de todos los habitantes de Mejillones.

Señala el constituyente en su art.19 N°8:

“La Constitución asegura a todas las personas:

8° El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.”

Este derecho es un derecho público colectivo cuya titularidad corresponde a la comunidad en su conjunto. En este sentido la legitimación activa para el debido resguardo de la garantía se encuentra radicada o corresponde cualquier miembro de la sociedad que fundadamente se vea amenazado, perturbado o privado de este derecho. La afirmación anterior aparte de ser lógica y coherente jurídicamente, se encuentra ampliamente respaldada por la doctrina y reconocido por la jurisprudencia nacional (ver por ejemplo, fallo de la E. Corte Suprema, de 19 de marzo de 1997, conocido como el caso “Trillium”).

Perturbación, de acuerdo al diccionario de la R.A.E es “acción o efecto de perturbar” y perturbar significa “inmutar, trastornar el orden y concierto, o la quietud o el sosiego de algo o de alguien.” .

La actuación de la COREMA de la II Región y del Consejo Directivo de la CONAMA por cierto que trastorna el orden, la quietud y el sosiego de la zona afectada, por la amenaza de una posible declaración de zona latente o saturada de contaminantes.

Por la vía de una simple resolución administrativa se afecta el contenido esencial del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a la preservación de la naturaleza establecido en el art.19 N°8 CPR, afectándose ésta garantía y la del N°26.

La afectación de la garantía constitucional sólo puede realizarse por ley de tal manera que al afectarla por simple resolución se están infringiendo principios básico de la regulación de los derechos fundamentales (art. 6, 7, 19, 60 de la CPR).

El mayor aporte de azufre, niquel y vanadio a la atmósfera pueden generar efectos impensados en la salud de las personas, considerando por ejemplo que las agencias especializadas internacionales como la OMS han establecido que no existen parámetros seguros para la exposición al níquel, considerado cancerígeno.

Existe finalmente amenaza cierta para los recursos naturales y la flora y fauna derivada de la ausencia de medidas de mitigación sobre las escorias y basuras que se generarán fruto de la quema de petcoke. La empresa no se hizo cargo de ello por estimarlo irrelevante y la recurrida no le impuso mayores exigencias.

POR TANTO,

A SSI. ROGAMOS: Acoger a tramitación el presente recurso de protección y ,en definitiva, restablecer el imperio del Derecho amparando a los recurrentes en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales a la vida (art. 19 N°1) y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (art. 19 N°8), declarándose en definitiva que la Comisión Regional del Medio Ambiente- II Región de Antofagasta y el Consejo Directivo de la CONAMA, han incurrido en un acto ilegal y arbitrario al aprobar la Solicitud de Autorización Provisoria (SAP) presentada por Edelnor S.A. para el uso y quema de Petcoke, acto administrativo contenido en la Resolución 0185/2001, por amenazar ella la vida y el medio ambiente de Mejillones y con ello nuestras garantías constitucionales, debiéndose dejar sin efecto la referida resolución administrativa y consiguientemente los actos de utilización de petcoke que ella autoriza, mientras no se evalúen ambientalmente los efectos que dicha actividad generará en la salud y el medio ambiente de los habitantes de Mejillones, a través del debido proceso administrativo establecido para dicho fin en la ley 19.300, todo ello con las correspondientes costas si SSI las estimare procedentes.

PRIMER OTROSI: Dado que los efectos que se pretenden evitar por medio de la presente acción de protección sólo son posibles impidiendo la utilización de la sustancia contaminante Petcoke, es que solicitamos a SSI que mientras se resuelve el fondo del asunto se ordene a EDELNOR S.A. la suspensión del uso y quema de petcoke.

Ello en virtud de los fundamentos siguientes :

– Ello es perfectamente posible dado que la industria puede funcionar quemando únicamente carbón como único combustible.

– El principio preventivo en materia ambiental obliga a adoptar medidas de resguardo a la salud y al medio ambiente antes que autorizar una actividad contaminante que presenta dudas en cuanto a los efectos nocivos.

– Recuérdese que lo que se solicita suspender en una autorización provisoria y no una autorización definitiva con lo que por el carácter esencialmente precario y transitorio del permiso SSI no afectará derecho fundamental alguno incorporado al patrimonio del titular del proyecto.

SEGUNDO OTROSI: Sírvase SSI. tener por acompañados los siguientes documentos:

Copia de la Resolución Exenta N° 0185/2001.
Copia del Ord. N° 004541 de 5/10/00 de la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Copia del Ord. 1100 del Servicio de Salud de Antofagasta de 2 de marzo de 1999.
Copia de la Resolución 1739 del Servicio de Salud de Antofagasta de 31 de octubre de 1989.
Fax N° 0141 del Servicio Nacional de Aduanas de 4 de marzo de 1999.

TERCER OTROSI: Sírvase SSI oficiar al Ministro Secretario General de la Presidencia, don Alvaro García, domiciliado en Palacio de La Moneda sin número, comuna de Santiago, a fin de que remita a esta I. Corte de Apelaciones todos los antecedentes que obren en su poder sobre uso, utilización e importación de petcoke, especialmente copia de los decretos o proyectos de decretos que se refieran a la materia, desde el año 1999 a la fecha, emanados de dicha Secretaría de Estado, o de otros Ministerios y que hayan sido enviados para la firma del Presidente de la República.

CUARTO OTROSI: Sírvase SSI tener presente que designamos abogado patrocinante al señor Lorenzo Soto Oyarzún, patente al día de la I. Municipalidad de Macul, del mismo domicilio señalado en la parte principal de este escrito.

——————————————————————————–

[1] Se refieren a Mezclas de carbón y petcoke en proporciones M1= 30% petcoke; M2= 40% petcoke; y M3 = 40% petcoke en Unidad 1 y 50% petcoke en Unidad 2.

[2] Datos Tabla 3 SAP EDELNOR.

[3] Datos Anexo D del EIA

Fuente: Oficina Parlamentaria

0 shares

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *