Reforma de Ley n° 18.892 en cuanto a sustentabilidad de recursos; pescas industrial y artesanal, e investigación y fiscalización

El señor NAVARRO.- Presidente, aunque algunos señores Senadores crean que el debate más intenso, más amplio, más participativo de esta ley obedece a oscuras razones obstruccionistas, yo creo que el debate lo que hace es enriquecer y hacer mayor transparencia.

Entonces, hemos sido majaderos, como un señor Senador me comentaba en los pasillos, en señalar de que sobre los puntos particularmente base de esta extracción del recurso, el rendimiento máximo sostenible, el punto biológico de referencia, hay diferentes opiniones en el mundo científico. No hay una sola opinión.

Y el artículo 3°, una vez más, señala de que si al cabo de tres años de determinados los puntos biológicos de referencia, yo ya he señalado reiteradamente que científicos de altísima especialización hacen reparos respecto del punto biológico de referencia, si es objetivo o límite, y la diferencia no es mayor, porque permite establecer una media, o perfectamente es límite, y eso da un rango sobre el cual es posible hacer colapsar una pesquería, el artículo 3° dice que “Si al cabo de tres años de este punto de referencia de las pesquerías contenidas en el artículo segundo transitorio, no se ha cumplido con la condición a que se refiere el primer inciso del artículo 27,” (estamos hablando también de la licitación) “se realizará una subasta pública del 15% de la fracción industrial de la cuota global en tres años consecutivos, a razón de 5% anual. En el caso de pesquerías colapsadas, estas subastas procederá a contar del quinto año de la determinación de los puntos biológicos de referencia.”.

Señor Presidente, si la pesquería está colapsada, todos los esfuerzos tienen que hacerse en su recuperación.

El establecer de que las pesquerías colapsadas van a proceder al quinto año de sus puntos, eso va a depender básicamente de la evaluación del Comité Científico respectivo.

El establecer plazos lo que hace es presionar.

Yo no sé si esta indicación es una disposición transitoria del Ejecutivo. Me resulta completamente anómala y contraria a los principios que esta ley dice animar o que está inspirada.

Si la pesquería está colapsada, no va a importar ni el quinto, ni el segundo, ni el décimo año de los puntos biológicos de referencia, que ya hemos cuestionado ampliamente en esta ley. Lo importante es si la pesquería está recuperada y efectivamente es susceptible o no de explotación.

Prefijar condiciones de tiempo, temporales, prefijar condiciones científicas respecto de los puntos de referencia a los tres o a los cinco años, sigue siendo una chaqueta de fuerza para los científicos.

Y si en definitiva las pesquerías colapsadas nuestros científicos dicen que tiene que recuperarse, ¿por qué se le va a establecer el quinto año de la determinación de los puntos biológicos de referencia? ¿Por qué va a entrar en licitación automáticamente cumplido un plazo?

Claramente, en el caso de las pesquerías colapsadas, lo más importante no es el quinto año del punto biológico de referencia, sino el grado de recuperación de la pesquería. Y eso estará determinado por un estudio científico-técnico que efectivamente dará cuenta de aquello. Y se harán muestreos, se harán exploraciones.

Dejarlo por ley, es decir, a todo evento en estas pesquerías, igual va a haber algún grado de licitación. A todo evento igual vamos a poder hacer captura.

Señor Presidente, si bien estamos de acuerdo, y yo he defendido que la licitación es un mecanismo que está en la ley, en el 27, que fue eliminado en la Cámara de Diputados, y que es necesario activar reguladamente, creo que el artículo 3° transitorio se escapa de toda esa lógica, y puede ser profundamente dañino y negativo para los intereses de la preservación de la pesca.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el 11 de julio de 1971, el Congreso aprobó, a través de una reforma constitucional y por unanimidad, la Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, cuyos grandes yacimientos eran propiedad en su mayoría de empresas estadounidenses. Y hubo unanimidad absoluta en el Congreso.

¿Y qué reclamaban las trasnacionales, las mismas trasnacionales que después se levantaron para derrocar al Presidente Salvador Allende? Reclamaban derechos históricos; reclamaban indemnizaciones.

Pero, en esa oportunidad, ese Congreso de la República por unanimidad determinó que el cobre era chileno y que pertenecía a todos los chilenos. Y se provocó una reforma que trajo consecuencias, por cierto, porque los que fueron -entre comillas- expropiados reaccionaron con el arma más terrible que Estados Unidos, el imperio, tiene a su disposición que es la intervención militar.

Señor Presidente, yo lamento profundamente que en el año 2012 este Congreso Nacional de la República no tenga la unanimidad para determinar que los recursos pesqueros son de todos los chilenos y se les entregue esta vez, no a los norteamericanos, se les entregue a un grupo de familias con propiedad perpetua e indefinida o con un régimen de concesiones absolutamente renovables de manera casi automática.

Digo esto porque yo hubiera querido la unanimidad también del Senado de la República para aplicar el mismo concepto que las bancadas de la Derecha y parte de los Senadores democratacristianos alegan en favor de la industria.

Como dice don Rodrigo Sarquis aquí en un reportaje de La Tercera del 24 de noviembre del 2012. “¿El proyecto de ley -le preguntan- vulnera los derechos históricos de los actuales operadores pesqueros?” Y el Presidente de estas empresas responde: “El proyecto vulnera nuestros derechos históricos. La industria pesquera tiene ochenta años en el país. Por lo tanto, no hemos recibido una razón contundente ni del Gobierno ni del parlamento para que le quiten un porcentaje de sus cuotas de captura”.

Ya lo decían los parlamentarios. Los lafquenches, los pueblos originarios no tienen ni ochenta ni cien ni mil ni dos mil. ¡Tienen miles de años ocupando esos territorios! ¡Miles de años! ¡Miles! Porque son los pueblos originarios. Allí están en la forma araucanos -como los llamaron los españoles- o como mapuches (“gente de la tierra”) en singular como es el vocablo que ellos quieren que se les denomine y como están reconocidos en la ley chilena.

Y, por tanto, señor Presidente, ¿quiénes son? En el censo nacional pesqueros y acuicultores en Chile que conlleva a 71.880 pescadores artesanales, los pescadores artesanales originarios son 12.013; armadores artesanales 3.247; originarios 390; buzos mariscadores, 7.304; total en pescadores originarios 1.149; pescadores artesanales, 22.818; 3.041 originarios; recolectores de orilla, 25.769; 5.556 originarios.

Señor Presidente, estamos hablando de los censos que el propio país ha hecho y que ha establecido que ellos existen y pertenecen a los distintos pueblos originarios que Chile tiene.

Y cuando reclamamos que en definitiva no solo en la ley de borde costero estén incorporados, sino en la Ley de Pesca es porque no queremos que les digan “Sí, ustedes tienen derecho a vivir a orillas del mar”. Queremos que se les diga: “Ustedes tienen derecho a vivir allí, pero también a pescar y a subsistir con ese mar” y donde estamos hablando de los recursos pesqueros es en la ley de pesca no en la ley de borde costero.

Por lo tanto, es en la Ley de Pesca donde tiene que quedar integrados cuántos van a poder pescar para que tengamos las reglas del juego claras, para que no debatamos, entonces, bajo las presiones de artesanales e industriales las asignaciones a los pescadores de pueblos originarios cuyo porcentaje de pesca va a ser altamente cuestionado.

Yo auguro, si no logramos establecer aquí en la Ley de Pesca este derecho, este derecho les va a ser negado porque las presiones de los actores hegemónicos así van a actuar. No les van a acceder a derechos de pesca salvo de las cuotas reservadas para lo social, un derecho tangencial.

Queremos derechos concretos, ciertos, certeros ahora.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución ahora, señor Presidente!

Voy a votar en contra de la indicación del Gobierno y a favor de la indicación que ha planteado el Senador Tuma y vamos a ir al Tribunal Constitucional.

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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, no cabe si no, dada la lectura clara, nítida, concreta, certera de la indicación en donde pretende establecer, al igual que en los derechos de los pescadores artesanales, al igual que en los industriales, en la Ley de Pesca los derechos que tienen sobre la pesca. La exclusión solo va a traer complicaciones, movilización social, trastornos.

Quiero señalar lo siguiente: la exclusión es una nueva discriminación.

Quiero señalar, señor Presidente, como lo dije anteriormente, la reserva de constitucionalidad para recurrir al Tribunal Constitucional por esta flagrante exclusión. Esta indicación se va a perder. Quiero señalar que es una forma de discriminación racista, porque en definitiva el señor Sarquis, que es dueño de una empresa pesquera, que reclama 80 años de historia, puede estar en la ley con derechos perpetuos. Todo el borde costero. Cuando Evo Morales siga reclamando la salida al mar va a tener que entenderse con el señor Sarquis, ya no con el Presidente de turno, porque lo que va a tener que defender el Presidente de turno es una salmuera, es agua y sal, porque el resto ya tiene propiedad privada y propiedad internacional.

Algún señor Senador decía que las potencias internacionales, bueno, China, cuando los chinos compren la pesca chilena, cuando los noruegos, cuando los europeos compren la pesca y pase a ser propiedad de potencias extranjeras, yo creo que alguien se va a tener que arrepentir. Y, sin duda, no va a ser el pueblo originario de los lafquenches.

Señor Presidente, voto a favor de esta indicación, porque estoy en contra de la discriminación, de todo tipo de discriminación, porque veo que el derecho se lo han ganado ellos con su vida, a lo largo de miles de años, de cientos de años y porque creo que excluirlos de la Ley de Pesca es caer en una contradicción que no va a salvar la historia de esta ley, porque esta ley va a quedar cuestionada, va a quedar estigmatizada por muchas cosas, por la propiedad, por las licencias transables, pero, principalmente, porque es la principal ley que es determinante para la vida y el futuro de los pueblos originarios costeros, los lafquenches van a quedar excluidos.

Y hemos intentado, junto con el Senador Tuma y otros Senadores, incluirlos, hacerlos presentes en esta ley, que en la Ley de Pesca queden consagrados derechos de pesca también para ellos, del mismo modo que reclaman los industriales y legítimamente los pescadores artesanales.

Por eso es que hemos presentado esta indicación, señor Presidente. Por eso es que la defendemos y aunque la perdamos hoy día en esta votación, porque podemos anticipar el resultado, dado que esta nueva mayoría política se ha consolidado y se ha conformado para este objetivo, consolidar derechos y generar discriminación, es que voto a favor, señor Presidente, de la integración de los pueblos originarios en la Ley de Pesca para reclamar sus legítimos derechos al acceso a los recursos hidrobiológicos.

¡Nueva Constitución ahora!

¡Patagonia sin represas!

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El señor NAVARRO.- Presidente, hicimos mención en el debate general de este artículo, que señala algo que a mí me parece, y ojalá que sea explicado, porque aquí hay destacados abogados constitucionalistas -ahora no pueden ejercer; antes eran abogados y ejercían; este mismo Senado aprobó la norma de que no pueden ejercer, pero yo respeto mucho a los abogados (yo tengo muchos amigos abogados)- y nos pudieran esclarecer.

Dice de que “En el Registro a que se refiere el artículo anterior, se inscribirán además los embargos y prohibiciones judiciales que recaigan sobre las licencias, encontrándose la Subsecretaría -estamento administrativo- impedida de inscribir cualquier acto jurídico que se solicite con posterioridad a la inscripción de las medidas”. Estamos hablando de la inscripción de las licencias. Es decir, se señala que se inscribirán, junto con las licencias, en la Subsecretaría, embargos y prohibiciones judiciales. Pero después que están presentadas en la Subsecretaría ya no puede inscribirse nada mientras estas se encuentren vigentes.

Dice: “impedida de inscribir cualquier acto jurídico”. Yo pido a los colegas que me ilustren qué significa “cualquier acto jurídico”, porque dice “impedida de inscribir cualquier acto jurídico con posterioridad a la inscripción de las medidas antes señaladas y mientras éstas se encuentren vigentes”.

Del mismo modo, señor Presidente, el artículo 83 dice, que establece, más bien el 30 A en la página 82, establece de que no se van a poder inscribir. Ojalá que nos expliquen, señor Presidente, porque, la verdad, es que yo pongo el siguiente caso:

Resulta que la cuota o la inscripción está inscrita en la Subsecretaría y hay una demanda legítima de los trabajadores: los despiden -como posiblemente va a ocurrir- y hay una precautoria de decirle a empresa equis de que la verdad que como no les han pagado o no les han pagado lo que ellos creen justo, entonces puede hacer un accionar un tribunal en contra de la inscripción. Y si la Subsecretaría está impedida de inscribir cualquier acto jurídico mientras se encuentren vigentes, yo quiero que me expliquen el alcance jurídico de aquello.

Porque, efectivamente, si hay una observación jurídica, una demanda, una precautoria, un nuevo embargo, esta debiera ser posible de inscribir para que cuando se transe esta patente o esta licencia esté toda la información. Porque si no está incorporada, yo no veo dónde va a estar el registro para que esa licencia tenga todas las acciones jurídicas a la vista al momento en que se desarrolle cualquier tipo de acción judicial por parte de esta.

Y además, dice: “La Subsecretaría deberá emitir los certificados que sean requeridos por los interesados, respecto del estado en que se encuentren la licencias transables de pesca”.

O sea, es grave. Porque ese certificado no va a reflejar la verdad. Ese certificado solo va a reflejar solo la verdad a la hora de inscribirla, porque después se prohíbe toda inscripción adicional.

Eso es lo que dice el artículo.

Y, por lo tanto, me preocupa de por qué se hace esto, me lo expliquen. En realidad, se inscribió la licencia, si hay una observación la Subsecretaría debiera recoger la observación y ponerla. De manera que esté disponible, señor Presidente.

La transparencia es buena compañera en este tipo de casos, señor Presidente, donde además existe una legítima desconfianza de parte de muchos actores de cómo se va a dar el artículo 30 en todo tipo de negocio jurídico con la licencia.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

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El señor NAVARRO.- Presidente, no creo que la sesión esté autorreferenciada.

Solo digo que una ley que va a durar a perpetuidad bien vale la pena discutirla algunas horas, sobre todo cuando se trata de definiciones jurídicas.

Entonces, no me satisfacen ni la explicación del Senador Novoa -por su intermedio, señor Presidente- ni la del Senador Horvath.

Yo quiero decir que en esta ley algo huele mal.

Y, en definitiva, yo no quiero ningún resquicio.

Entonces, cuál es el motivo de impedir todo acto jurídico. Hagan transparencia sobre las licencias, que toda la información esté disponible. No creen mantos de oscuridad. Toda la información disponible a la hora de transar estos recursos de todos los chilenos en los mercados internacionales y donde fuere.

Entonces, cuando me empiezan a decir que “impedida de inscribir”, o sea, va a ocultar información la Subsecretaría, dependiendo de quién la solicite. Entonces, no me terminan de explicar por qué la Subsecretaría va a estar impedida de inscribir actos jurídicos que se soliciten con posterioridad. A lo mejor ese acto jurídico es muy justo, y lo piden personas muy buenas. Y ese acto jurídico que nosotros estamos aprobando que se impida.

Entonces, yo digo, en definitiva, por qué impedir un acto jurídico. No han dado ni un ejemplo. Tal vez la empresa, señor Presidente, que está en la tribuna podría darnos un ejemplo de por qué quiere que esté este artículo en la ley. Porque la empresa está en la tribuna, pero los tripulantes pesqueros, los pescadores artesanales no están, pero sí los empresarios, y legítimamente, no los cuestiono. Solo digo que algunos están y otros no están. Y así no más es, pues.

Entonces, señor Presidente, si algún señor Senador, porque la industria no puede hablar aquí, en la Sala, pero si algún señor Senador pudiera explicarme por qué se quiere impedir la inscripción de cualquier acto jurídico en el tema de las licencias, yo quedaría más tranquilo y podría votarlo a favor.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

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El señor NAVARRO.- Presidente, a ver si es posible que el Senador Horvath pueda aclarar. No sé si estoy en lo cierto. El artículo 32, numeral 28) es el que estamos votando, ¿cierto, Presidente? ¿Señor Secretario? Página 83.

El señor LABBÉ (Secretario General).- Sí. Solo para aclarar lo siguiente. En esa página 83 hay dos artículos. El que es de quórum es el que sigue. El artículo 32 no es de quórum.

El señor NAVARRO.- Correcto, señor Presidente.

En torno a la parte del artículo, el último párrafo, que establece que “Los porcentajes de fauna acompañante se fijarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º letra e) de la presente ley.”.

Si no estoy equivocado, señor Presidente, el artículo 3º en su letra e) es “Declaración de Reservas Marinas, mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente”.

Si es efectivo, porque… no me queda claro por qué fijar la fauna acompañante se va a establecer de acuerdo a la declaración de las reservas marinas, mediante decreto del Ministerio del Medio Ambiente.

¿Cuál es la coherencia de la letra e), salvo que haya otra letra e)? Pero la letra e), que figura en la página 28 del comparado, se refiere a reservas marinas y a un decreto del Ministerio de Medio Ambiente. No se refiere a fauna acompañante, ni puedo hacer una relación meridiana respecto a qué porcentaje de fauna acompañante van a ser asociados a una declaración de reservas marinas.

Señor Presidente, pedir esa aclaración para poder votar el artículo, salvo que esté mal referenciado, señor Presidente.

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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, quiero solicitar por su intermedio a la Secretaría que los artículos sean leídos in extenso, señor Presidente, para que no haya una situación inequívoca de lo que estamos votando.

Porque si se enuncia el artículo y luego se procede a la votación puede incurrirse en error. Y quiero pedir pronunciamiento de Reglamento. El artículo a votar tiene que ser leído in extenso, señor Presidente, antes de la votación.

Petición de Reglamento, señor Presidente.

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El señor NAVARRO.- Presidente, para fundamentar el voto.

Señor Presidente, esto dice relación con la indicación del artículo Nº 1 A, en donde hubo el debate sobre soberanía y propiedad, donde se estableció de que Chile ejerce la soberanía sobre sus 200 millas de zona económica exclusiva.

Y es un tema importante, porque tratándose de pesquerías altamente migratorias y transzonales, léase jurel, léase costas del Perú, costas de Chile, Tasmania, Australia, regreso; léase una migración de 14 años, eso es lo que pueden demorar los jureles, que son una especie transoceánica, en dar la vuelta completa, y por cierto, tienen un tamaño muy superior a los 23 centímetros, que hoy día nuestra legislación permite pescar. Cuando efectivamente son especies transoceánicas adquieren el tamaño adecuado, porque viven los años adecuados y no se pescan los juveniles o los reclutas, en muchos casos, como ha ocurrido con las sardinas y anchovetas.

Y espero equivocarme, señor Presidente, que los informes de los peruanos estén equivocados respecto que la talla mínima para este recurso pelágico: sardina y anchoveta, no son los 11 centímetros como se ha pescado en Chile, si no son 14 centímetros, porque ya se ha producido su primera madurez sexual, como nos dicen los peruanos, alertándonos respecto de lo que estamos haciendo.

Pero como este tema habla de las pescas transoceánicas, señor Presidente,…

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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, está claro que se trata de pesquerías para especies que hay que salir a la milla 500, 800, 1.000, 1.500. Nuestros pesqueros han llegado… el jurel antes se pescaba dentro de las 200 millas. Hoy día lo estamos pescando a las 1.000 millas, con un costo enorme. Y la pregunta que surge al conversar con tripulantes pesqueros, es: ¿cuál es la legislación laboral que los rige cuando el contrato es firmado en Talcahuano, pero están pescando en zona internacional? ¿Cuáles son las medidas de seguridad respecto a los accidentes? Hemos tenido tripulantes fallecidos, porque no alcanzan a regresar de las 1.000 o 1.500 millas para tener atención médica en caso de accidente.

O sea, la legislación laboral los deja en el aire.

¿Cuál es el seguro que los dirige? ¿Y cuáles son las leyes respecto de la situación en alta mar, de aguas internacionales, que los regulan?

La indicación que señalaba la Senadora Rincón claramente establecía poder debatir sobre ello.

Esta es una inquietud real y concreta de los tripulantes, que han venido a apoyar esta ley industrial; que vinieron en buses desde mi Región a apoyar esta ley industrial. Y cuando les hemos dicho que queremos una legislación que obligue a los barcos a llevar personal médico capacitado o que haya una combinación adecuada, o que efectivamente la industria se meta la mano al bolsillo y ponga un helicóptero para ir al rescate de un tripulante herido. Pero eso no ocurre. Y hemos tenido muertes y hay demandas pendientes en los tribunales producto de que los tripulantes no alcanzan a llegar en caso de accidente, y sobre todo, si es que tienen diferencias respecto de su tipo de contrato.

Contrato firmado en Chile -Senador Espina y otros Senadores se han destacado en esto-, con legislación chilena, ¿opera en la zona internacional transoceánica? Si allí se produce un accidente grave, de muerte, ¿opera?

¿Cuáles son las medidas de seguridad a que son obligables esas naves pescando en aguas internacionales?

Aquí, señor Presidente, en la letra d) de este artículo, se señala que debe “Cumplir con las normas de conservación, manejo y cumplimiento establecidas de conformidad a esta ley”.

Yo siento que ahí también hay una diferenciación respecto de nuestra diferencia con los chinos. Yo he coincidido con la industria respecto de los muchos años que estuvimos, no pescando, fuera de las 200 millas y los barcos rusos y los chinos se hacían la América pescando por sobre la posibilidad cierta de la industria nacional. Pero la posibilidad de fiscalizar naves a 1.000-1.500 millas es bastante restringida por parte de la autoridad pesquera.

Y dice este artículo, letra d) “así como con las normas de conservación, manejo y cumplimiento que hayan sido adoptadas por tratados internacionales de los cuales Chile es parte, y que sean aplicables”.

Mi preocupación es de la última coma: “de los cuales Chile es parte, y que sean aplicables”. O sea, que estamos diciendo que hay tratados internacionales que Chile ha firmado, pero que, no son aplicables. Porque aquí se dice que aquellos “que sean aplicables”.

Yo lamento profundamente que no todos los Senadores hayan podido participar del debate de la Comisión de Pesca. Pero está el Ministro, están sus asesoras, a quienes hemos permitido el ingreso porque creemos importante que cuenten. Pero nos gustaría que nos dijeran cuáles tratados en alta mar no son aplicables para que sean respetados por estos barcos. Porque si son de materia laboral, como ya sabemos que los tripulantes van arriesgando la vida porque no alcanzan a regresar, y como tampoco hemos escuchado mucho a la industria, que va a acomodar los barcos; que va a llevar técnicos paramédicos o enfermeros, o va a estar combinado con su flota de tal manera que si hay un accidente haya atención oportuna en caso de accidente, que lamentablemente existen, podríamos quedar más tranquilos.

Aquí estamos señalando solo medidas respecto de la pesca. Y como algunos han criticado que nos preocupamos demasiado de los pescados, también nos preocupamos de los trabajadores. Y si este artículo va a legislar, va a regular las condiciones en las cuales los barcos van a poder pescar en alta mar, yo también quiero que estén reguladas las condiciones de los trabajadores, de los tripulantes en alta mar.

Porque tan importante como los peces son los tripulantes, los trabajadores. Y no me parece justo que regulemos cómo pescamos, cómo traemos los peces, las condiciones que debe tener la nave en materia extractiva y no tengamos normas muy claras respecto de los contratos y, particularmente, los riesgos y las exigencias que esas naves debieran tener a la hora de zarpar.

Ustedes saben que zarpan, van a las 200 millas ojalá, lo más cerca posible, a la vuelta. Pero se puede llegar hasta las 1.500.

Entonces, la autoridad marítima debiera exigir siempre el máximo de condiciones, porque nunca se sabe a qué milla va a estar el pescado.

Dos consultas, señor Presidente, para el Ejecutivo: respecto al tema de los contratos laborales y artículo 34 A, letra d) “, y que sean aplicables”.

Quisiera saber cuáles no son aplicables, para estar preparado.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, nuevamente estamos frente al tema de una ambigüedad permanente respecto a la aplicación de los principios de preservación y conservación.

La Senadora Rincón hace un punto extraordinariamente relevante.

Si en el actual articulado de la ley vigente, durante estos 10 años, esta normativa de entregarle facultades supremas al Consejo Nacional de Pesca, cuya aprobación por mayoría absoluta -¿de quiénes?- de los miembros de la industria, porque este era un sector regulado por los mismos operadores, se remplaza “mayoría absoluta” por “consulta previa”.

Señor Presidente, que alguien me explique cuál es la diferencia.

La consulta previa va a generar un proceso de negociación. O hay o no hay Consejo Zonal de Pesca en este tema. O hay un criterio científico.

O definen los actores nombrados por el Gobierno -la mayoría de ellos-, y los que no son del Gobierno, secuestrados -diría Allamand-, cooptados, capturados, porque así ha operado. ¿Cómo operado el Consejo Zonal de Pesca? ¿Quiénes eran los que lo integraban? Los miembros de los dirigentes de los tripulantes, los pescadores artesanales, los regalones, los regalones de la Subsecretaría. Y los regaloneaban con pescado; cual gatito, felino con pescadito.

Entonces, si me viene a decir de que, claramente, ahora no es la mayoría absoluta, sino que es una consulta previa. ¿Y el informe técnico? Que yo espero que sea el informe científico, porque debiéramos haber cambiado no el informe técnico. Yo no quiero un informe técnico, quiero el informe del Comité Científico clara, rauda y concretamente.

Entonces, señor Presidente, estamos dilatando, generando ambigüedad. Porque aquí sí están los criterios que yo le creo al Ministro cuando dice: preservación, conservación. Bueno, entonces, si alguien va a fijar o no las áreas de manejo, como ha señalado el Senador Orpis, señor Presidente… Podrán modificarse las áreas de unidades de pesquería declaradas en régimen de plena explotación. No son áreas de manejo; áreas de pesquería en régimen de plena explotación. Es decir, aquellas áreas susceptibles… donde hay peces.

Entonces, mis dos observaciones para este artículo, señor Presidente, son, uno, de que el carácter -comillas- “no vinculante” del Consejo Nacional de Pesca disminuye a una previa consulta, y si esa previa consulta no hay acuerdo, porque para qué consultan, para qué se lo mandan en consulta. Para que emita una opinión, ¿no? Y en esa opinión qué va a hacer cuando no hay consenso. Va a ser una opinión de mayoría y minoría, como ocurre en las Comisiones investigadoras nuestras.

Entonces, va a ir a la opinión de mayoría del Consejo y la opinión de minoría. Entonces, el veto y la capacidad de incidencia va a seguir igual, porque el informe de los científicos va a seguir relegado a un informe técnico, porque si quisiéramos valorar de verdad el informe científico-técnico, cambiaríamos estos informes técnicos con informes de los comités científicos que estamos aprobando en esta ley, y modificaríamos toda la legislación. Y aquí queda firme que solo un comité técnico, un informe técnico, y queda firme la capacidad de veto del Consejo Nacional de Pesca, que podrá tener variaciones, pero que va a tener incidencia igual.

O en este sistema, señor Presidente, para autorizar nuevas áreas de pesquerías o mandan los científicos o sigue mandando el Subsecretario. Si el Subsecretario quiere seguir mandando, porque mediatiza el Consejo Zonal y le manda a preguntar para que haya la posibilidad de debate y de presión, es que los comités científicos van a tener, digamos, una incidencia menor, y yo quiero que tengan una incidencia mayor.

Y, por lo tanto, “el previa consulta al Consejo Nacional”, señor Presidente, donde están los incumbentes, por cierto -siguen estando representados todos los sectores- va a tener primacía por sobre el informe del Comité Técnico.

Mi pregunta: ¿por qué el informe técnico no dice “Informe del Comité Científico”?. Y en segundo lugar, qué necesidad tienen los científicos de ir a preguntarle a los mismos de siempre su opinión sobre el tema.

O regulamos desde el Estado y desde el ámbito científico o regulamos desde los operadores industriales, porque dejar esto abierto va a significar que este artículo minimice, disminuya la condición de incidencia de los informes científico-técnicos.

¡Patagonia sin represa!

¡Nueva Constitución, ahora, señor Presidente!

Voy a votar en contra de este artículo así redactado.

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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la referencia a un informe técnico para entrar en la lógica que nos ha planteado el Ministro de Economía, dejando de lado los comités científico técnicos. Y vamos a irnos ahora a los informes.

Estaba revisando hacia adelante. Estos informes técnicos la Subsecretaría los va a licitar, señor Presidente. Dice: “cada vez que requiera un informe técnico los va a licitar”.

Tiene muchos profesionales idóneos, de mucha experiencia, mal pagados -entre ellos, la asesora también-, muy mal pagados, señor Presidente. Porque para administrar estos recursos se requiere personal de planta, bien remunerado para que la grúa de la industria no los tiente, como ocurre en CONAF, como ocurre en todos los organismos agrarios, en donde al final van a parar todos los funcionarios brillantes, que ganan un sueldo miserable, van a parar a la industria, donde les pagan cinco veces más, con regalías y, en definitiva, con muchas más oportunidades.

Entonces, mi pregunta sobre este artículo dice relación con que este informe técnico va a ser licitado. Y dice en el artículo más adelante: “un reglamento determinará la forma de licitación”.

Mi pregunta es ¿quién va a hacer el informe técnico, entonces? De allí nuestras dudas, porque ya teníamos una institucionalidad debatida, conformada, regulada, sin sueldo. Porque aquí una mayoría de Senadores quería que los Comités Técnicos trabajaran ad honórem. En un negocio de muchos millones de dólares los científicos tenían que trabajarle gratis. Y le estábamos sumando una miserable suma de viático de 60 mil pesos por sesión. Y, por favor, esto no es chiste; a prueba de desmentidos: 60 mil pesos por sesión. Eso era.

Entonces, mi pregunta es ¿quién va a hacer el informe técnico? Se va a licitar. ¿Cómo se hace la licitación? Ah, la Subsecretaría va a elaborar un reglamento. Este reglamento, como sucede muchas veces, señor Presidente, los reglamentos vulneran a veces el espíritu de la ley. Porque yo no quiero que este informe lo haga ninguna persona ligada a la industria, ninguna persona ligada a los pescadores artesanales. Yo quiero que lo haga una persona ligada a los principios de la preservación.

Pero no hay norma, no hay norma establecida. El reglamento va a salir después. O sea, si lo hace INPESCA estamos con problemas.

Y uno diría, entonces: “que lo haga el IFOP”, el Instituto de Fomento Pesquero, mal llamado “de Fomento”, que debiera cambiar de nombre, cuyos profesionales continuamente o paran o están demandando mejores remuneraciones.

En este proyecto de ley no se fortalece el INDAP, perdón el IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero. Porque uno diría: “bueno, si el informe técnico lo va a hacer el IFOP, bienvenido, lo va a hacer el Estado”. Pero lo van a licitar.

¿Pueden participar los profesionales IFOP en esa licitación? ¿Por qué se les niega la posibilidad de hacerlo? ¿Por qué no fortalecemos la planta, remuneraciones, infraestructura?

Yo invitaría a los señores Senadores que cuando vayan a la Región del Biobío no solo vayan a la cena anual de la industria, que también vayan a ver las instalaciones del IFOP, para que vean cómo miserablemente trabajan los investigadores pesqueros en la Región del Biobío, en un estado deplorable las instalaciones y, por cierto, no son invitados a esta cena.

Entonces, señor Presidente, mi cuestionamiento está en que para tomar una decisión… Yo no desconfío del Subsecretario, desconfío de quien va a hacer el informe técnico, porque al final no va a ser el Comité Científico que aquí hemos discutido y sobre el cual depositamos toda nuestra confianza; va a ser un informe técnico hecho por privados: tercerización de la investigación.

Y para quienes hemos estado en Noruega, señor Presidente, para quienes nos hemos encargado de poder investigar los errores que cometieron los españoles, los noruegos, sabemos que efectivamente cuando los informes técnicos van a las manos privadas son trajes a la medida, y volvemos a caer en el mismo vicio que queremos corregir: informes técnicos determinados por un reglamento que hace la autoridad política de turno y se los entrega a una persona del ámbito privado que en definitiva, por cierto, si no están regulados sus conflictos de intereses, ese informe técnico va a ir a la medida.

Yo estoy por fortalecer el IFOP, estoy por dotarlo de mayor recursos, mayor capacidad investigativa, en definitiva, fortalecer fuertemente la capacidad investigativa del Estado y que sea el Estado quien haga este informe. Yo desconfío de este informe técnico, por las características de licitación sin regular, porque todavía no conocemos el reglamento, señor Presidente.

Y, por tanto, en estas condiciones es un artículo que en definitiva no logra establecer los preceptos que el Ministro ha planteado en la Sala y deja, lamentablemente, un ámbito de dudas.

Voy a votar en contra este artículo, señor Presidente.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el inciso segundo del artículo original de la ley establece que las pesquerías que están en régimen de recuperación expirarán por el solo ministerio de la ley todas las autorizaciones de pesca relativas a esas unidades de pesquería. Entran en recuperación, pero las colapsaron. Imagino que se establecerán los responsables para saber quiénes lo hicieron y no dárselas a los mismos.

Dicen que si colapsaron expiran por el solo ministerio de la ley todas las autorizaciones de pesca.

En la letra b) se incorpora en el texto final: “Este régimen no será aplicable a las pesquerías declaradas en plena explotación administradas con licencias transables de pesca.”. Duda. Estamos hablando de las pesquerías sobrexplotadas en recuperación y me dicen que este régimen no será aplicable a las pesquerías declaradas en plena explotación. Está claro: estamos hablando de las pesquerías en recuperación. Por qué incluimos entonces este mecanismo que, efectivamente, dice relación, porque estamos hablando de pesquerías en plena explotación, que no regirá el régimen de que terminan las licencias.

Yo ahí digo, si a alguien se le pasa la explotación de un recurso y lo destruye, ¿cuál es el castigo? Le van a pasar una multa. Nos podría aclarar eso la asesora del Ministro. ¿Cuál es el castigo por haber explotado y haber devastado el sistema y haber dejado a miles de trabajadores cesantes? El castigo es que no. Para ellos no va a regir el sistema. Porque dice que este régimen no será aplicable a las pesquerías declaradas en plena explotación, administradas con licencias transables de pesca.

O sea, cuando ellos se sobrexploten ¿tampoco será aplicable? Es decir, van a mantener los permisos. Esa es la conclusión que sacamos de esta primera lectura. Es decir, cuando la industria tenga licencias transables de pesca, en pesquerías declaradas en plena explotación, pero las sobrexplote, aunque las sobrexplote, no les será aplicable el régimen que determina que está vigente la actual ley, que expirarán por el solo ministerio de la ley las autorizaciones de pesca relativas a estas unidades de pesquería.

En segundo lugar, señor Presidente, en materia de fraccionamiento estamos de acuerdo, creo que fue un avance, fue un buen esfuerzo de la industria y de la pesca artesanal por llegar a acuerdo. Eso era para poder pacificar el debate de este proyecto y poder sumar apoyo. Me queda claro que no fue nada tan caritativo, sino que se intentaba acallar legítimamente, y yo estoy de acuerdo, creo que les fue bien, y la industria se comportó mejor de lo que yo esperaba.

Sin embargo, señor Presidente, cuando dice cómo se va a fijar este régimen de fraccionamiento, el artículo que están proponiendo como texto final habla que en la unidad de pesquería del sector artesanal se van a calcular los tres años anteriores a la fecha de establecimiento de la veda.

La pregunta es, en aquellos recursos donde no hay historial de los artesanales, porque no estaban, si el cálculo es de los tres años anteriores -me dicen que más adelante estaría en otro artículo-, pero en este sentido yo creo que la ventaja tiene que quedar establecida de manera pareja. Es decir, porque tres años pedirles a los artesanales que se calcule por el rendimiento de captura, la sumatoria de captura cuando no han capturado, no sé cómo quedan protegidos para adelante, porque, obviamente, van a estar en desmedro.

Por último, señor Presidente, se agrega una letra c) que dice: “Para estos efectos, se entenderá por pesquería en recuperación” –eso es importante, porque cuando uno habla de recuperación es porque ya estaba colapsada, alguien la colapsó- “aquella que se encuentra sobreexplotada y sujeta a una veda extractiva de, a lo menos tres años, con el propósito de recuperación, y en las cuales sea posible fijar una cuota global de captura”. Volvemos al mismo tema: 3 años.

Señor Presidente, he citado el informe diez veces. Los científicos nacionales señalan que la recuperación de las pesquerías no depende de esta ley. Una pesquería no se recupera en tres años, se recupera en la medida en que la biomasa tenga condiciones de recuperación. Y aquí le ponemos fecha a la veda de tres años, aun cuando los científicos nos puedan decir 10 años.

Señor Presidente, una vez más se mediatiza el papel y el rol poniendo fechas cronológicas que solo pueden ser determinadas por estudios científicos.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución ahora!

Voto no.

—-

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el tema de las pesquería incipientes es un tema interesantísimo. Sepan ustedes que se está haciendo un proyecto, el censo del mar, donde hay importante participación de la comunidad científica nacional.

Es un proyecto de 175 millones de dólares, en que se va a censar todo el mar chileno disponible. Las estadísticas dicen que nosotros conocemos el 1 por ciento cada 600 kilómetros cuadrados de mar. Solo está registrado y calificado el 1 por ciento de lo que está en 600 kilómetros cuadrados de mar chileno.

Este proyecto, señor Presidente, contó con aprobación de un proyecto de acuerdo de este Senado para apoyarlo, porque va a significar que muchas especies que hoy día son desconocidas para los chilenos, pero muy conocidas para los pescadores, porque salen en las redes, porque son fotografiadas y muchas veces no están calificadas, porque no hay un mecanismo de saber exactamente qué tenemos.

En las pesquerías incipientes, señor Presidente, uno hubiera pensado poner a Laurent Graff o a otras pesquerías que se han desarrollado de manera silenciosa, sin informar a la Subsecretaría de pesca, porque en definitiva se defienden los caladeros, y si uno descubre una especie, que puede explotar, la verdad es que como fauna acompañante puede pasar y no hay mucha información.

Mi pregunta es cuál es el mecanismo para declarar una pesquería incipiente. Puede un ciudadano, un pescador concurrir a la Subsecretaría y decir quiero que se declare esta pesquería incipiente y quede regulada, porque a mí me interesa. O es solo facultad de decreto supremo de la Subsecretaría.

¿Es solo facultad del Subsecretario decretar una pesquería incipiente? ¿Puede ser solicitada? ¿Se regula una pesquería incipiente? Porque yo creo que efectivamente, señor Presidente, esta facultad de declaración de nuevas pesquerías no solamente tienen que tener informe técnico no la voluntad del Subsecretario. Debiera ser declarada a petición, por cierto, de los interesados, de quienes descubrieron la pesquería, las más de las veces no van a querer contarla, sino más bien pescarla.

Y del mismo modo, mi reparo, señor Presidente, no es de fraccionamiento del 50 por ciento para la flota industrial y la cuota artesanal, como está establecida en la nueva letra d). Mi reparo va para el informe técnico. Sigo señalando que el bypass que se le hace al Comité Científico-técnico con este informe técnico licitado debe tener una respuesta.

Y es posible, señor Presidente, antes de terminar el Orden del Día que como este tema va a ser recurrente, el señor Ministro, sus asesores nos pudieran decir cómo va a venir ese decreto, porque en definitiva se va a licitar quién hace estos estudios. No va a hacer los científicos a los cuales hemos defendido, hemos alabado, sino que va a ser licitados. Y me gustaría saber a lo menos una descripción general de cómo piensan hacer este proceso de licitación. Porque es muy complejo. Saber si lo va a hacer la Universidad de Concepción, que tiene amplia experiencia en estas materias, lo va a hacer la Universidad del Mar, lo va a hacer un instituto formado para estos efectos de manera apresurada, sin experiencia.

Yo me empiezo a preguntar, qué requisitos deben tener estos informes técnicos respecto de su autoría. O si solo van a ser informes técnicos hechos por entidades creadas para tal efecto o sin mayor experiencia.

Aquí debe incorporarse, señor Presidente, dentro de esta ley la descripción de los contenidos mínimos del Reglamento para los informes técnicos, y si el precepto de conservación y preservación es real, este Gobierno y este Ministerio no debieran tener ningún problema en establecer el rango básico de los lineamientos que van a estar en la licitación de los informes técnicos convocados por el Ministerio de Economía para estos y otros tanto efectos, porque cada vez que parece el informe técnico, léase licitación al sector privado para tener ese informe técnico.

Va a ser distintas, van a ser generales. Dudas, señor Presidente, que en mi opinión debieran ser aclaradas en el proceso de debate de esta ley. Y espero que el señor Ministro o sus asesores pudieran aclararlas.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora, señor Presidente!

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