“Resolución de Subpesca que permite actos secretos va contra la probidad”

Diputado Navarro autor de la moción, aprobada por unanimidad, que pide derogarla

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Su satisfacción por la aprobación unánime del Proyecto de Acuerdo N°425, que solicita a las carteras de Economía y Agricultura y la Subsecretaría de Pesca derogar los decretos que buscan mantener en reserva o secreto documentación, procedimientos o acciones que pueden ser objeto de interés público o ser requeridas por la Cámara de Diputados en ejercicio de sus atribuciones fiscalizadoras, por considerarla una práctica administrativa que va contra la transparencia y la probidad”, manifestó el diputado Alejandro Navarro, autor de la moción.

El parlamentario recordó que “el pasado 5 de abril se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta Nº873, de la Subsecretaría de Pesca, que establece la reserva o secreto en relación a determinados actos y documentos, amparándose en el artículo 9° del D.S. N° 26 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece el Reglamento sobre el Secreto o Reserva de los Actos y Documentos de la Administración del Estado”.

“El primer punto de esta resolución -agregó- establece que tendrán carácter de secretos ‘en razón de la debida protección de los intereses públicos, la correspondencia oficial de la Subsecretaría debidamente calificada por la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el D.S. N° 291 de fecha 15 de febrero de 1974, del Ministerio del Interior”. Ampararse en normas de la dictadura para limitar el acceso a la información parece un contrasentido, cuando estamos debatiendo sobre desclasificar las leyes secretas que nos heredó Pinochet”.

Navarro indicó que “este decreto de la Subpesca establece que además tendrán carácter reservado la correspondencia oficial de la Subsecretaría, así como las denuncias, investigaciones y antecedentes recopilados que les sirvan de fundamento, y sus complementos directos, respecto a los delitos que deben ser denunciados en virtud de lo dispuesto en el Estatuto Administrativo y en el Código de Procedimiento Penal, por hechos de terceros que tienen directa relación con la Subsecretaría”

“Esta resolución -prosiguió- establece que también serán secretos: los informes de avance, parciales, complementarios, prefinales y finales que sean entregados por un determinado consultor, en el marco de un proyecto de investigación pesquera, en tanto no sean aprobados por el departamento técnico correspondiente de la Subsecretaría y también, “en razón de la debida protección de los intereses privados”, los sumarios e investigaciones sumarias, además de todos aquellos actos inherentes al proceso de calificación del personal”.

El parlamentario dijo que “como si eso fuera poco, son también reservados o secretos los informes evacuados por divisiones o departamentos internos de la Subpesca y antecedentes preliminares de solicitudes de actividades pesqueras y de acuicultura, sólo en la medida que contengan información de carácter estratégico, comercial, financiera u operacional cuyo conocimiento por terceros pudiera afectar los intereses de los titulares de dicha información”.

Navarro indicó que “lo que no parece presentable es que también sean secretos los informes evacuados por la Unidad de Auditoría Interna relativos a personas determinadas, así como los antecedentes relativos a la capacidad económica de un oferente en un proceso de licitación o contratación, al igual que los documentos de respaldo de las ofertas presentadas en procesos de licitación o contratación, y las actas de comisiones evaluadoras en propuestas o licitaciones, en tanto se encuentre pendiente la adjudicación”.

El legislador del PS fue enfático en decir que “a pesar que la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado consagra la obligación de publicidad de los actos y documentación de los órganos de la administración del Estado, esta sorpresiva resolución exenta del Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Pesca, se convierte en un obstáculo para la transparencia en la entrega de información y la probidad funcionaria”.

“Lamentablemente, esta situación en el sector pesquero y acuícola cobra especial relevancia debido a precedentes generados por anteriores administraciones, una de las cuales finalizó con la apresurada renuncia del Subsecretario en el 2000, luego que algunas ONG’s y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), denunciaran ante la Contraloría de la República la existencia de graves faltas a la probidad funcionaria”.

Finalmente, Navarro dijo que “a todo esto se suma el Decreto Nº525 de Agricultura que permite por razones de “interés nacional o regional” la corta de especies forestales en peligro de extinción y/o declaradas monumentos naturales como el Alerce y la Araucaria; y la Resolución Nº1523 del SAG, que establece como confidencial la información y documentación empleada en la evaluación para autorizar la internación e introducción al medio ambiente de organismos genéticamente modificados importados o desarrollados en el país”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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