“RESPUESTA DE ANTECEDENTES ENVIADOS AL CDE, SOBRE LA INSCRIPCION DEL NOMBRE DOMINIO CHILE.CL”

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ANT: Vuestra presentación de
20 de marzo de 2001.

MAT: Nombre de dominio

SANTIAGO,

DE: PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

A : H. SRES. DIPUTADOS ALEJANDRO NAVARRO BRAIN,
LEOPOLDO SANCHEZ GRUNERT Y MARIO ACUÑA CISTERNAS

Sobre vuestra presentación del antecedente, relativa a los problemas e implicancias de la inscripción del nombre de dominio Chile. cl luego del análisis de la materia en sesión de fecha 17 de abril del presente, este Consejo de Defensa del Estado acordó comunicar a US. las siguientes consideraciones:

I. Estado y Soberanía.

El Capítulo 1 de la Constitución Política de la República de Chile (CP), bajo el título: “Bases de la Institucionalidad”, agrupa las normas fundamentales relativas al Estado, al poder supremo que éste posee, denominado soberanía, y al ejercicio de ella por los órganos que la Carta establece.
En el artículo 30, que expresa: “El Estado de Chile es unitario”, la CP reconoce la existencia del Estado de Chile como un ente jurídico preexistente a la ley fundamental, cuya vida jurídica organiza.
Este reconocimiento de la existencia del Estado de Chile implica obviamente la afirmación de todos los elementos constituyentes de un Estado soberano, es decir, sus elementos sociológicos: población, territorio y órganos gubernamentales, y muy especial y específicamente su elemento jurídico: la soberanía.

El reconocimiento de la soberanía como elemento inseparable del concepto de Estado lo corrobora la CP al determinar quién es el titular de ella y la forma de su ejercicio en su artículo 50: ” La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.”; en su artículo 611: ” Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Los preceptos de la Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona institución o grupo”; en su artículo 70: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este articulo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.”
Regulan también la forma en que la soberanía debe ser ejercitada el artículo 24 de la CP al disponer: “El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quién es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.”.

II. Los derechos fundamentales del Estado.

El Estado, que constituye la persona jurídica de mayor relevancia tanto en el ámbito nacional como en el internacional, goza – sin margen a discusión alguna, tanto en el marco teórico como en el práctico – de derechos que son inherentes a su subjetividad jurídica.

Atendiendo a la eficacia y naturaleza de estos derechos, hay algunos que son calificados de absolutos, es decir, que gozan de eficacia universal y pueden hacerse valer en contra de cualquiera persona. En otras palabras, implican un deber general y negativo en cuanto todas las personas tienen la obligación de abstenerse de turbar al titular.

Dentro de los derechos absolutos encontramos aquellos que son inherentes a la personalidad misma – por ello denominados derechos personalísimos – y que por tal motivo constituyen derechos extrapatrimoniales, pues no representan una utilidad económica inmediata y, por ende, no son valuables en dinero.

Nos interesa especialmente en el presente caso un derecho personalísimos de¡ Estado – absoluto y extrapatrimonial -cual es el derecho al Nombre del Estado.

Todo Estado tiene un nombre que lo singulariza tanto en el ámbito interno, como en el de las relaciones internacionales y ese nombre constituye un derecho personalísimos inherente a su personalidad nacional e internacional, que integra el ámbito de la soberanía del Estado y que, como tal, sólo puede ser utilizado para identificar al ente jurídico por aquellos a quienes la Constitución y las leyes entregan la facultad de actuar por el Estado y exclusivamente de la manera y para los fines que tal facultad haya sido concedida.

III. Legalidad de la apropiación por particulares del nombre del Estado.

Conforme a lo ya expresado, constituyendo el nombre del Estado un atributo de su soberanía, un derecho personalísimos y un derecho extrapatrimonial, no cabe duda que es contrario a la ley la apropiación de su uso por una persona distinta de su titular, cualesquiera que sean los medios empleados.

Pero: ¿Qué efecto jurídico produce la violación de esta prohibición?

El artículo 50 de la CP nos dice que ningún individuo puede atribuirse el ejercicio de la soberanía, por su parte el artículo 7º agrega que ninguna persona puede atribuirse otro derecho que los que le otorgan la Constitución y las leyes y que los actos en contravención a esta norma son nulos.

A falta de un desarrollo de¡ tema en las disposiciones de¡ Derecho Administrativo, creemos legítimo recurrir a las normas de¡ Código Civil, cuyo alcance general en la materia parece indiscutible.

1. Actos contrarios al derecho público.

Hay un objeto ¡lícito – dice el artículo 1462 de¡ Código Civil – en todo lo que contraviene al derecho público chileno.

Ahora bien, la consecuencia de¡ objeto ¡lícito es la nulidad absoluta de¡ acto en cuestión, la cual debe ser judicialmente declarada.

2. Enajenación de las cosas incomerciables.

De conformidad con el artículo 1464 NO 1 del Código Civil, “Hay un objeto ¡lícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio”.

Las cosas incomerciables no pueden ser objeto de relaciones jurídicas; a su respecto no es posible constituir un derecho de dominio ni de posesión, por ello su enajenación está sancionada con la ¡licitud del objeto, lo que configura, como se ha dicho, una causa¡ de nulidad absoluta. Siendo el nombre del Estado, un atributo de su soberanía, es un bien que está fuera del comercio humano, afirmación ésta que no parece merecer duda alguna.

Corrobora la incomerciabilidad de los derechos personalísimos del Estado el artículo 20 de la Ley de Marcas, al disponer que no pueden registrarse como marcas comerciales los escudos, banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales.

Siendo evidente que nadie podría legítimamente registrar en Internet una marca comercial ajena sin la autorización de su dueño, no lo es menos que en Chile resulta legalmente inadmisible que los particulares puedan registrar en Internet los emblemas, denominaciones o siglas que la ley prohibe registrar como marca comercial.

3. Enajenación de los derechos personalísimos.

De acuerdo con el NO 2 del artículo 1464 del Código Civil, hay un objeto ¡lícito en la enajenación: ” de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otras personas “, es decir, de los derechos personalísimos, entre los cuales se encuentra indiscutiblemente el nombre.

4. Sentido en que se emplea la palabra enajenación en el artículo 1464 del Código

Con respecto al significado del vocablo enajenación, se han dado dos conceptos, uno restringido y otro amplio. Conforme al primero, se entiende por enajenación la transferencia del derecho de dominio por acto entre vivos, el que concuerda con su origen etimológico: hacer ajena una cosa. En su acepción amplía, enajenar implica no sólo transferir el dominio de una cosa por acto entre vivos, sino que, además, constituir sobre ella un derecho real diferente de la propiedad, siendo esta opinión la que ha prevalecido en la doctrina y jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia.

Sin embargo, cualquiera sea el sentido en que se tome esta palabra, es evidente que el registro por un particular, de la voz CHILE en Internet, como una denominación privada, significa la enajenación de ese nombre respecto de su legítimo dueño y, en este caso, la enajenación respecto de quien es titular del mismo como un atributo de su soberanía.

Mas aun, tal registro transforma para el tercero adquirente en un bien comerciaba el nombre de un Estado que, por naturaleza, es jurídicamente inalienable e incomerciables.

V. El respeto a los derechos fundamentales de los Estados en el Derecho Internacional.

El respeto mutuo a sus derechos fundamentales es hoy una obligación internacional de los Estados, según queda establecido en los siguientes instrumentos internacionales:

1. La Carta de las Naciones Unidas dispone, en el Nº 1 de su artículo 20:
La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana
de todos sus miembros.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 2625
(XXV), de 24 de Octubre de 1970, sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, dispone: En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes:
b) Cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía;
c) Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados.
3. Por su parte la Carta de la Organización de Estados Americanos
dispone:

Art. 10. Todo Estado Americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados de acuerdo con el derecho internacional.

Art. 11. Los derechos fundamentales de los Estados no son susceptibles de menoscabo en forma alguna.
Resulta, en consecuencia, que el Estado de Chile no sólo debe cautelar el respeto de sus propios derechos fundamentales dentro de su territorio, sino que, además, está obligado a cautelar el respeto dentro de él de los derechos fundamentales de los demás Estados.

V. Conclusiones.

En conclusión, el nombre de Chile es un derecho personalísimos del Estado que emana de su condición de ente soberano, por lo cual la apropiación de él por particulares adolece de] vicio de nulidad por las siguientes razones:

a) Por ser contrario al Derecho Público chileno;
b) Por tratarse de un derecho personalísimos del Estado que es por su naturaleza inalienable.
c) Por tratarse de un bien incomerciables.

El hecho de registrar el nombre de Chile en Internet como patrimonio de un particular, nombre que, además, resulta por ello susceptible de comercialización, implica violar claramente principios fundamentales de¡ Derecho Público chileno y, además, hacer ajeno al Estado de Chile su derecho personalísimos al nombre en el dominio de Internet, en un acto que adolece, a mayor abundamiento, de objeto ¡lícito, por tratarse de un derecho inalienable e incomerciables.

Tal nulidad debe, naturalmente, ser declarada por los Tribunales de Justicia. Sin embargo, creemos que sería recomendable que, como ocurre con las marcas comerciales, se dictara una norma expresa que prohibiera bajo sanción el registro o uso en Internet, dentro del territorio de Chile, del nombre de un Estado Soberano, de sus símbolos o de sus organismos.

En la misma sesión de Consejo antes referida, se acordó remitir copia de este, Oficio al Ministerio Secretaría General de Gobierno, para los fines que dicha Cartera de Estado estime pertinente.
Lo que tengo a bien poner en su conocimiento.
Sin otro particular, saluda atentamente a US.,

CLARA SZCZARANSKI CERDA
PRESIDENTE
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

CBJ/ JBA
DISTRIBUCION
1. Indicado
2. Secretario Abogado.
3. Defensa Estatal.
4. Partes.

Chile. cl

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