Revocación de nacionalidad chilena otorgada por especial gracia a John Joseph O’reilly

El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hace tres o cuatro años presentamos un proyecto de ley que pretendía establecer, por cierto, igualdad ante la ley. Es decir, que las denuncias por abusos deshonestos, por pedofilia, cuando estos ocurrieran en cualquier institución, existiera la obligatoriedad de hacer la denuncia pública, criminal, penal. Porque estaba presente que habiéndose producido estos hechos al interior de la Iglesia, este es un tema que se resolvía dentro de la Iglesia. Tratándose de un delito grave, que fuera de la Iglesia, constituía acción penal inmediata.

Y, por lo tanto, se buscaba establecer la obligatoriedad, por ley, de que habiéndose constatado, en cualquier orden que estos hechos hubieran acontecido, la denuncia debía hacerse ante los tribunales respectivos, por la jerarquía de la institución donde hubieren ocurrido.

De otra manera, se establece un doble estándar o un paralelismo entre el tratamiento para un delito al interior de una institución y el mismo delito en la sociedad civil. Lo que es, obviamente, una situación de discriminación frente a la ley.

Yo, la verdad es que hicimos el debate: nos entrevistamos con el Cardenal, conversamos con pastores evangélicos, hicimos ver que esto no buscaba estigmatizar a ninguna iglesia, sino que buscaba establecer señales claras de que, producido este delito, los culpables no iban a tener impunidad y que, efectivamente, iban a tener un tratamiento judicial, que tendrían que responder de aquello frente a la justicia.

Lo sucedido en este caso es de verdad lamentable. Yo no sé si hay otro precedente del otorgamiento de la nacionalidad por gracia y el retiro de la misma. Pero como la naturaleza humana es diversa, hay hombres que pudiéndose haber destacado, por méritos a la patria, por virtudes personales o de liderazgo, la situación puede variar.

Y esto es lo que ha sucedido.

Yo creo que el proyecto que hoy día votamos, más que una condena individual, es también un llamado de alerta general. Es decir, aquellos que abusen con los niños van a tener que responder frente a la justicia y, especialmente, si el Estado les ha concedido un mérito, esta conducta, particularmente de abuso con los niños, hace y obliga que el Estado pueda retirar lo concedido. Y esa señal deja claramente establecido que esta es una conducta que quisiéramos terminar al interior de la Iglesia o en cualquier ámbito de la sociedad.

Los abusos deshonestos, las violaciones, la pedofilia se producen especialmente y quienes -Señor Presidente, usted ha trabajado mucho este tema -al interior de la familia no son personas lejanas. En general, es el círculo más cercano, donde se establece la confianza y a veces también el manto de oscuridad, impunidad o de tolerancia.

Por tanto, creo que esta es una señal que no busca estigmatizar ni a la Iglesia católica, ni a los sacerdotes. Busca enviar una señal muy clara que este tipo de conductas, cualquiera que la ostente; cualquiera que la practique, sea sacerdote, civil, autoridad, parlamentario, Ministro de Gobierno, en cualquier ámbito, va a tener una sola respuesta: la justicia ejercida a través de los tribunales y, por cierto, la investigación, respetando el debido proceso y las sanciones que la ley establece, evitando cualquier tipo de impunidad, cualquier tipo de privilegio.

Y, en este sentido, no basta el uniforme que se vista; basta la conducta que se practique.

Es por eso que voy a votar a favor de este proyecto de ley que establece el término, la revocación de la nacionalidad, otorgada por el Senado, a Joseph Reilly.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora!

¡No más AFP!

He dicho.

 

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