“Salida a la crisis del agua es una: devolver su propiedad al Estado”

Senador Alejandro Navarro emplazó a los candidatos presidenciales Alejandro Guillier, Carolina Goic, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y Manuel José Ossandón a fijar posición en torno a la propiedad del agua.

 

Para Navarro, “la clave es restituir el Servicio Nacional de Obras Sanitarias y que sea el Estado quien genere las obras para que esto no vuelva a ocurrir. Que no se engañen los ciudadanos de la Región Metropolitana, esto no va generar un incremento de los costos para la población, sino que lo que se logra, es reinvertir las ganancias en la modernización del sistema”.

 

Tras el corte de agua generalizado en la Región Metropolitana producto de la turbiedad de las aguas del Río Maipo, que ha mantenido sin suministro de agua potable desde el domingo a los habitantes de la capital, el senador de partido País, Alejandro Navarro, hizo un llamado a legislar para poner fin a la concesión a la empresa española Aguas Barcelona (AGBAR), que hoy controla Aguas Andinas.

 

El senador Navarro sostuvo que “Aguas Andinas tiene ganancias anuales por sobre los $120 mil millones, por lo que no se justifica que no exista un sistema alternativo en casos de emergencia como la ocurrida producto del aluvión”.

 

El parlamentario sostuvo que “aquí no solo ha quedado en evidencia la fragilidad del sistema de emergencia, sino también la nula inversión que hace la empresa privada para contar con un sistema de almacenamiento de agua potable para proveer a la población en estos casos”.

 

En este sentido, el legislador hizo un llamado a restituir la institucionalidad estatal en materia de suministro de agua potable, “un elemento estratégico y vital como el agua debe ser administrado por el Estado, por lo que recuperar el agua para todas y todos los chilenos es un imperativo ético, un imperativo moral, esperar hasta mañana puede ser demasiado tarde”.

 

Agregó que “Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. La vigencia del Código de Aguas es un tema que debe estar inserto en el debate presidencial, por lo que emplazo a los candidatos presidenciales Alejandro Guillier, Carolina Goic, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y Manuel José Ossandón a fijar posición en torno a la propiedad del agua, lo contrario, es seguir atentando contra los derechos humanos de las chilenas y chilenos”.

 

Para Navarro, “la clave es restituir el Servicio Nacional de Obras Sanitarias y que sea el Estado quien genere las obras para que esto no vuelva a ocurrir. Que no se engañen los ciudadanos de la Región Metropolitana, esto no va generar un incremento de los costos para la población, sino que lo que se logra, es reinvertir las ganancias en la modernización del sistema”.

 

“Ha sido la OCDE quien ha recomendado a Chile (en julio de 2016) que para el decenio 2016-2025 se lleve a cabo una reforma del marco legal del agua, que proteja los derechos humanos, la preservación del ecosistema, posibilite el desarrollo productivo y consolide una institucionalidad”, añadió.

 

Es por esto que para Navarro “es prioritario dar urgencia al proyecto de ley que modifica el Código de Aguastransformando este elemento vital en un bien de uso público”.

 

“Actualmente tenemos una legislación que se formuló durante la dictadura en 1981, que considera el agua como un bien social, pero también como un bien económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea éste quien concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas”.

 

El legislador recordó que “es así como la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), fue concesionada el año 1999 durante gobierno de Eduardo Frei a la empresa española Aguas Barcelona (AGBAR), la que ha mantenido la concesión, sin que haya habido ningún cuestionamiento durante los últimos gobiernos, producto de que esta empresa ha hecho aportes regulares e irregulares a políticos de los distintos colores políticos”.

 

“Lo mismo pasa con los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río), que en un 90% se encuentran en manos de empresas mineras y agroexportadoras, mientras que prácticamente el 100% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA, que pagan impuestos irrisorios por el uso del agua”.

 

Por otra parte, Navarro comentó que “hemos presentado un proyecto de ley boletín 10319-12 que modifica el decreto con fuerza de ley N° 340, sobre Concesiones Marítimas, para regular la extracción de agua de mar y que empresas como Endesa paguen lo que corresponde por el agua que utilizan para generar energía”.

 

Pagos irregulares de Aguas Andinas

 

Del mismo modo, Navarro llamó la atención respecto a la paralización de la investigación de los pagos ilícitos hechos por Aguas Andinas, tanto en Impuestos Internos (SII) como en el Ministerio Público.

 

“Esta empresa ha realizado pagos sin respaldo a empresas y sociedades de todos los sectores políticos, entre los que se encuentra Sebastián Piñera, Carlos Castro, ligado a Renovación Nacional, sociedades del abogado y yerno deEduardo Frei Ruiz-Tagle (mismo que concesionó el agua), sociedades de Pablo Longueira y del ex candidato presidencial Laurence Golborne”.

 

Asimismo mencionó que “Aguas Andinas realizó pagos por $420 millones a los think thank de la Alianza y la Nueva Mayoría, entre los que están la Fundación Jaime Guzmán(UDI), Instituto Libertad (RN) y a Chile 21 (PRO-PS-PPD)”.

 

Para Navarro “no es posible que este contubernio siga a perpetuidad, ha llegado la hora de legislar para que la provisión de agua potable vuelva a ser administrada por el Estado, no solo en la región Metropolitana a través de Emos, sino a largo de Chile donde este servicio se encuentra en manos de las empresas Essval, Essbio y Essal”.

 

Finalmente Navarro sostuvo que “la decisión de incorporar esta y otras opciones debe ser de la ciudadanía, por lo que es necesario incorporar estos temas en un plebiscito, que pueda llevarse a cabo en el marco de la elección presidencial. Medidas como estás puedan ser plebiscitadas en noviembre de 2017, junto con otras medidas vitales para la economía del país como es poner fin a los paraísos fiscales y que empresarios como Sebastián Piñera paguen impuestos en Chile.”

 

 

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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