Saneamiento y regularización de loteos irregulares

El señor NAVARRO.- Presidente, respecto a lo mismo, en particular el artículo 4º, inciso quinto, del proyecto de ley, que establece la regularización de aquellos predios también en propiedad o en comunidades indígenas, yo quiero señalar de que vamos a tener que tomar un criterio respecto de cuándo corresponde o no la consulta de acuerdo al Convenio 169.

Imagen: federico-soria.blogspot.com

Porque, tal como señala la abogada de la CONADI en el informe, de que los lotes resultantes de la división de predios de comunidades indígenas van a tener de por sí un problema. Dice: “d) La situación anterior se ve agravada por la posibilidad de que la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, ante la negativa del Director de Obras Municipales de otorgar la recepción provisoria al pronunciarse sobre el reclamo que se formule, si fuere procedente, ordenará otorgar tal recepción sin intervención de la CONADI, lo cual desafectará los lotes de tierras indígenas de su condición, perdiendo la protección que les otorga la ley.”.

El señor TUMA.- Eso no corre.

El señor NAVARRO.- Yo quisiera preguntarle a los Senadores que estuvieron en la Comisión cuánto de esto podrá ser. “Mediante el proceso de desafectación pierde vigencia el artículo 13 de la ley Nº 19.253, donde se establece, por exigirlo el interés nacional, un sistema de protección de las tierras indígenas.”; y “Se vulneran las normas que prohíben la división de las tierras indígenas en hijuelas de más de 3 hectáreas, que sólo podrá efectuarse con la autorización del juez competente y por motivos calificados.”.

Asimismo, “El concepto de desafectación, utilizado en la indicación mencionada, contraría el espíritu de la ley Nº 19.253, cuyo artículo 1º, inciso tercero, dispone la obligación del Estado de proteger las tierras indígenas y propender a su ampliación.”.

Estos cuatro aspectos, que vulneran la ley 19.253, señalados por la abogada de la CONADI en su intervención en la Comisión, señor Presidente, tenemos que enfrentarlos. O sea, legítimamente de aprobarse esta ley sin la consulta vamos a tener al Tribunal Constitucional.

Yo entiendo la necesidad de regularizar los loteos, por cierto. Pero creo que el bien que se hace con un esfuerzo no puede anular otro esfuerzo. Y, por tanto, si bien este problema está radicado básicamente en la Novena Región, en tierras indígenas que han quedado incorporadas en la ampliación de los planos reguladores urbanos, provocando la restricción del uso agrícola, actividad propia del pueblo mapuche, además de imponerse limitaciones sanitarias para la crianza de animales

Tenemos un problema: esta ley afecta a las comunidades indígenas, y la aprobación del Convenio 169 por este propio Senado señaló que cada vez que una ley afecte directa o indirectamente a las comunidades indígenas, deberá procederse a la consulta indígena, que efectivamente ha sido ampliamente debatida.

Yo, señor Presidente, voy a pedir votación separada de este artículo.

El señor QUINTANA.- ¿Cuál artículo?

El señor NAVARRO.- Lo he señalado, lo dice la abogada de la CONADI: artículo 4º, inciso quinto.

El señor TUMA.- No está ese.

El señor NAVARRO.- Estoy leyendo el informe, señor Presidente.

Del mismo modo, creo que ha sido positivo la ampliación de un máximo de 2.000 unidades de fomento en promedio, y no las 1.000 que el proyecto tenía, para poder acceder a este beneficio.

Y, señor Presidente, quiero llamar la atención también sobre el numeral 5, del artículo 2º, que señala que “Con todo, en las áreas de riesgo así calificadas” -áreas de riesgo, es decir, peligro de avalancha, zonas de riberas de río, en definitiva- “en los instrumentos de planificación territorial respectivos, se podrá autorizar la regularización de loteos, siempre que se acompañe un estudio de riesgo que determine las acciones que deben ejecutarse para mitigarlo y permitir su utilización, conforme a lo dispuesto en la normativa de urbanismo y construcciones. Tales acciones deberán estar materializadas antes de la recepción municipal definitiva.”.

Seamos francos: donde existen estas áreas de riesgo o hay inversión pública por la cuantía, por el volumen de recursos, o no lo va a haber.

Si nosotros vamos a regularizar viviendas en áreas de riesgo, yo quiero advertir. He intentado mediante un proyecto de ley, que duerme el sueño de los justos, hacer que los informes del SERNAGEOMIN sean vinculantes; es decir, que cuando SERNAGEOMIN dice: “En ese cerro, estas viviendas están en estado irregular, porque es zona de riesgo de avalancha”, ese informe técnico determine la necesidad de la erradicación, y no esperar el derrumbe y lamentar la muerte de vidas humanas para poder decir: “¡Ah, es que debiéramos haberlo sacado!”.

Con este inciso, numeral quinto del artículo 2º, lo que estamos diciendo es que incluso en las áreas de riesgo solo con acompañar un proyecto que establezca lo que hay que hacer estas áreas van a poder estar dentro del proceso de regularización. Esto es extremadamente grave, extremadamente grave, respecto de áreas que en mi Región conocemos desde hace años. Y lamentablemente, en el caso de Chiguayante, en el caso de otras comunas, esto ha salido a la palestra cuando efectivamente ha venido una gran avalancha producto de las lluvias o de la acumulación de las mismas.

Por tanto, señor Presidente, podría la Comisión aclarar el por qué incluyó estas áreas de riesgo.

Las áreas de riesgo lo que tienen que hacerse es o, por cierto, las reparamos o las dejamos fuera, para poder llevar a la gente a lugares seguros y, en este sentido, no empezar un proceso de regularización de un área calificada de riesgo. O es de riesgo o es segura. Si van a decir que se va a regularizar con solo el hecho de presentar una propuesta donde diga las obras que se deben realizar. En Hualqui, por ejemplo, poblaciones enteras, la “18 de Septiembre”, lo que requieren es un muro de dos kilómetros y medio de largo, de un precio absolutamente inaccesible por parte del Estado. Si se permite regularizar esas poblaciones, vamos a tener las inundaciones cada cinco años, cada diez años, con los daños consecuentes.

Yo solo quiero advertir, porque una vez que se toman estas decisiones alguien se pregunta y la ciudadanía se pregunta: “¿Quién autorizó a construir y regularizar en esta área? ¿Quién se responsabiliza de la muerte de las personas que estaban en el área de riesgo?”. No quiero ser parte de quienes autoricen o generen condiciones para autorización en áreas de riesgo sin garantizar la inversión que proteja, subsane o elimine el riesgo. Y este proyecto solo exige que haya un proyecto. ¿Quién va a financiar ese proyecto? No lo van a hacer los pobladores. Un muro de contención, por pequeño que sea, es extremadamente caro. Y, por lo tanto, son obras que tiene que hacer el Estado.

Señor Presidente, el proyecto está adecuadamente orientado. Me parece correcto que los elementos básicos sean la dotación de servicios de agua potable, de alcantarillado o evacuación de aguas servidas -como ha señalado el Senador Letelier-, de alumbrado público, o gas, y, cuando corresponda, pavimentación.

En muchos lugares, loteo Chacra Alicia, Tomé, todos estos servicios se instalaron y no se han podido regularizar. Se va a poder regularizar. Les vendieron el sitio a los vecinos sin la regularización, y no han podido hasta ahora regularizarlos, aunque todos estos bienes ya se realizaron, por diversos motivos.

Yo solo quiero señalar -esto es Chacra Alicia, en Dichato- que existió un programa en los Gobiernos anteriores que se llamó Chile Barrio. Y la verdad es que este proyecto lo que permite es que el director de obras inicie un proceso, autorice el proceso de saneamiento.

Yo quiero decirle que en los Gobiernos de la Concertación Chile Barrio se hacía responsable y financiaba este proceso, financiaba la regularización de títulos de dominio, financiaba el pavimento, financiaba el alcantarillado, el agua potable.

Y ahora lo que estamos diciendo es que hay cinco años para que la gente, de su bolsillo, realice estas inversiones. O sea, les quiero decir el Estado está eludiendo su responsabilidad. La gente que allí construyó lo hizo sin subsidio alguno. Como era irregular, loteo brujo, no recibió ningún subsidio del Estado. Y tenemos ciudadanos a los cuales les entregamos una casa de 54, 52 metros cuadrados, con todos los servicios básicos, incluido alcantarillado, gratis, sin ningún esfuerzo. Y a ciudadanos que construyeron con sus manos sus casas, que llegaron de colonos a luchar contra el barro, a instalarse, hoy día les decimos “Pueden regularizar, pero arréglenselas como puedan. Pongan alcantarillado, pongan agua. Vean ustedes cómo lo resuelven. Pero es problema de ustedes. Ustedes presentan la carpeta al director de obras. Tienen cinco años”. Comienzan a hacer bingos.

Esta es una responsabilidad del Estado. Y yo siento que si estamos hablando de viviendas de dos mil UF hacia abajo son exactamente lo que teníamos en los campamentos que regularizamos con Chile Barrio. Los Gobiernos de la Concertación hicieron esa regularización gratis para la ciudadanía. ¡Gratis! Y tuvimos el debate si eran 10 UF o un aporte de una UF.

El señor NAVARRO.- Presidente, solo señalar y reiterar. Claramente, el programa Chile Barrio fue un programa extremadamente exitoso, que resolvió estos problemas con recursos estatales. Y hoy día se traspasa esa responsabilidad a los ciudadanos. No me parece justo, señor Presidente. Y voy a evaluar cómo voto, uno, por el tema del 169, y dos, porque se está cargando una vez más onerosamente a los ciudadanos un deber que en mi opinión es del Estado.

¡Patagonia sin represas!

¡Nueva Constitución, ahora, señor Presidente!

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  1. Alibaba-marin1
    Septiembre 19, 2011

    por fin alguien entendio el problema de un loteo irregular y sus costos de urbanizacion.sabe cuanto sale poner un medidor de agua por ESVAL V region app. $
    $1.500.00 quien le pone el cascabel a este monopolio?y cuanto se demoran “sobre 6 meses de promedio”

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