“SE VIOLA DERECHO A LA VIDA AL ENTREGAR PERMISO DE CONSTRUCCIÓN”

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Diputado Navarro presenta recurso contra municipio de Santa Juana.
EN LO PRINCIPAL : RECURREN DE PROTECCION
PRIMER OTROSI : ORDEN DE NO INNOVAR
SEGUNDO OTROSI : OFICIOS

ILTMA. CORTE

ALEJANDRO NAVARRO, Diputado de la República, PEDRO SAMUEL ARAVENA MANRÍQUEZ, FRESIA EDITH CORTÉS MEDINA, RUBÉN EDUARDO ENCINA MONSALVE, JUAN ANTONIO PALMA VALLEJOS, domiciliados para estos efectos en esta Iltma. Corte a SSI digo :

Que en conformidad a lo dispuesto en el art. 20 de la Constitución Política de la República y en el autoacordado de la E. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, vengo en recurrir de protección en contra de la I. Municipalidad de Santa Juana, representada por su alcalde don Angel Castro Medina, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la falta de pronunciamiento sobre el permiso de edificación de las obras de construcción de un inciderador de residuos médico-patológicos en Santa Juana de la empresa Ambiomedical generándose con ello la aprobación de sus obras y el consiguiente perjuicio a los recurrentes.

Esta situación constituye un agravio jurídico para los recurrentes por cuanto la empresa titular del proyecto se encontraría formalmente habilitada para llevar adelante su proyecto habiendo solicitado el correspondiente permiso de edificación el pasado 26 de diciembre de 2000.

Formalizada la solicitud la Municipalidad debe pronunciarse lo que a la fecha no ha ocurrido. Sin embargo, con el no pronunciamiento dentro del plazo legal que estipula la ley General de Urbanismo y Construcciones se entiende otorgado el permiso de edificación, lo que a su vez permitiría realizar las obras del Incinerador que afectarán nuestros derechos básicos.

Esta situación ciertamente que constituyen manifestación de voluntad del Municipio el que sin haber rechazado el permiso a la fecha ha callado y otorgado, esto es, ha permitido que opere la autorización legal establecida por la ley y con ello ha afectado nuestros derechos constitucionales.

En efecto, hoy en día, está comprobado que niveles de contaminación que sobrepasen los umbrales permitidos, producen un daño efectivo y real en la salud de la población, cuantificable científicamente. Además, cuando los índices de contaminación llegan a un nivel crítico, también definido y cuantificado, producen la muerte en sectores vulnerables.

La recurrida no advierte la prevalencia y jerarquía del derecho a la vida (art. 19 N°1) y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación (art. 19 N°8), y por ende de las medidas de restricción de otros derechos que deben adoptarse en conformidad a ello.

Estos derechos se vería seriamente amenazado y afectados si se diera lugar a las pretensiones de construcción del incinerador en Santa Juana, generador de sustancias tóxicas altamente nocivas para la vida como las dioxinas.

Esta amenaza al referido derecho es concreta y real toda vez que de no acogerse la acción de protección intentada se ejecutaría el proyecto y con ello se afectaría el derecho fundamental del numeral 1 y 8 del art. 19 de la Constitución, derechos cuya protección corresponde a cualquier miembro de la sociedad. Sin ir muy lejos la propia E. Corte Suprema en fallo de 19/3/97 caratulado “Horvath y otros con Conama” dio contenido a este derecho al afirmar que “cabe señalar que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un derecho humano con rango constitucional que presenta un doble carácter: derecho subjetivo público y derecho colectivo público. El primer aspecto se caracteriza porque su ejercicio corresponde, como lo señala el art.19 de la carta Fundamental, a todas las personas, debiendo ser protegido y amparado por la autoridad a través de los recursos ordinarios y el recurso de protección. Y en lo que dice relación con el segundo carácter del derecho en análisis, es decir, el derecho colectivo público, él está destinado a proteger y amparar derechos sociales de tipo colectivo, cuyo resguardo interesa a la comunidad toda, tanto en el plano local como en el nacional y ello es así porque se comprometen las bases de la existencia como sociedad y nación, porque al dañarse o limitarse el medio ambiente y los recursos naturales, se limitan las posibilidades de vida y desarrollo no sólo de las actuales generaciones sino también de las futuras. “

“El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación” es un derecho que emana del “derecho a la vida”. Si se quiere, es el derecho a la vida mirado desde el punto de vista de su relación con el medio ambiente que le sirve de único sustento. Cuando el ataque a ese derecho es radical, el daño conlleva necesariamente la vulneración del derecho a la vida, considerada ésta no solamente como la mera subsistencia sino como una “vida propiamente humana”, en el sentido que le permita a su titular un pleno desarrollo físico, intelectual y espiritual.

El valor supremo de estos bienes jurídicos superiores se encuentra por ejemplo de manifiesto en múltiples fuentes jurídicas formales, partiendo por la propia Constitución en su art. 19 y siguiendo con la ley 19.300 sobre bases del medio ambiente.

Los bienes jurídicos vida, salud y protección del medio ambiente tienen una jerarquía superior al derecho de propiedad y al derecho a emprender actividades económicas, razón por la cual es conforme a derecho el sacrificio parcial de éstos últimos en aras de la protección de los primeros, por medio de medidas como la suspensión de las obras del incinerador mientras no se garantice el respeto de los derechos señalados.

POR TANTO,

A SSI RUEGO : tenerme por interpuesto recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Santa Juana y en consecuencia proceder a la suspensión de cualquier permiso de edificación en tanto el titular del proyecto de incinerador no garantice el total resguardo del derecho a la vida y al medio ambiente libre de contaminación de los recurridos.

PRIMER OTROSI : Solicito a SSI. Se sirva decretar orden de no innovar consistente en la suspensión del permiso de edificación del proyecto mientras no se resuelva el fondo del recurso.

SEGUNDO OTROSI : A SSI ruego despachar los siguientes oficios a fin de que los organismos indicados informen acerca de la conformidad a derecho del proyecto :
1.- A la SEREMI de Vivienda y Urbanismo
2.- A la SEREMI del MOP.
3.- Al Servicio de Salud correspondiente.

Alejandro Navarro
Diputado de la República

Fuente: Oficina Parlamentaria

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