Sesión especial por efectos del Acuerdo con la UE en la pesca

Diputado Navarro dijo que es necesario despejar las dudas que persisten:

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Su satisfacción por haber conseguido las 40 firmas de diputados (4 UDI, 3 DC, 16 PPD, 4 RN, 9 PS y 4PRSD) que se requerían para solicitar una sesión especial en que se discutiera sobre los efectos del Acuerdo Comercial con la Unión Europea en el sector pesquero chileno, manifestó el diputado socialista Alejandro Navarro quien dijo que “a pesar de los buenos augurios que se hacen de este acuerdo, es necesario despejar todas las dudas que persisten, especialmente sobre los verdaderos alcances o impactos de este acuerdo. Por eso hemos pedido la comparecencia ante la Cámara, de la ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, y del subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval”.

El parlamentario dijo que “entre los antecedentes considerados en la presentación está el Proyecto de Acuerdo Nº421-C, del 22 de junio de 2000, que encomendó a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente que informaran acerca de las actividades de pesca de alta mar que flotas extranjeras realizaban en las inmediaciones de las 200 millas de dominio marítimo nacional; el Proyecto de Acuerdo Nº569, del 13 de junio de 2001, que mandató a la Comisión de Pesca, para conocer y sugerir las medidas necesarias para hacer frente a las medidas sanitarias de la Unión Europea que, tomadas en razón del llamado ‘Mal de las Vacas Locas’, influía negativamente en la exportación de harina de pescado chilena; y el Proyecto de Acuerdo Nº583, del 18 de julio de 2001, que encomendaba a la Comisión de Pesca, a formarse una opinión y sugerir acciones para la protección de la pesca artesanal chilena de la albacora, todos aprobados por la Cámara de Diputados”.

Navarro señaló que “otro elemento considerado fue que Chile ha negociado con los estados de la miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur un “Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste”, cuyo texto fue adoptado en una reunión de la CPPS celebrada en las Islas Galápagos en febrero del 2000 y fue suscrito por los Cancilleres de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Este tratado está abierto a la adhesión de países pesqueros de aguas distantes, con el fin de establecer en conjunto regímenes de conservación para especies consideradas como prioritarias, en sectores de alta mar adyacentes a nuestras zonas marítimas jurisdiccionales”.

El legislador del PS indicó que “en el plano interno de nuestro país, y con el propósito de perfeccionar nuestro sistema de administración de recursos vivos marinos, el 24 de agosto y 25 de noviembre de 1999 se publicaron en el Diario Oficial los decretos Nº361 y 598, que hacen aplicables las medidas de conservación y manejo nacionales a toda la población de las especies jurel y pez espada, incluso en sectores de alta mar, con relación a las embarcaciones chilenas, basándose en el artículo 165 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que faculta el establecimiento de normas de conservación y manejo sobre especies transzonales o altamente migratorias existentes en la Zona Económica Exclusiva y la alta mar; y el artículo 117 de la Convención del Mar, que tipifica el deber de los Estados de adoptar las medidas que, en relación a sus respectivos nacionales, sean necesarias para la conservación de los recursos vivos de la alta mar”.

“Al inicio del año 2001 -agregó- Chile y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo consistente en que por un período transitorio de dos años, a contar de abril de ese año, Chile abriría sus puertos para cuatro embarcaciones europeas las que, al igual que otras cuatro naves albacoreras chilenas, podrían pescar mil toneladas de la especie al año cada una. Este régimen incluye inspectores a bordo de cada para fiscalizar, entre otras cosas, posibles transferencias en alta mar o una selección y desecho de peces. Lo anterior, en el entendido de que esta es una pesca de investigación”.

Sobre lo mismo, el diputado dijo que “este acuerdo afecta al sector de la pesca artesanal de dicha especie, que en nuestro país registra una cantidad superior a las 125 embarcaciones inscritas, las que registran una captura promedio de 3 mil 600 kilos por recalada y cuyo desembarque provoca un efecto inmediato sobre el mercado ya que aumenta la oferta, genera un copamiento de los cupos de carga aérea y hace bajar los precios en este producto, fundamentalmente en el principal mercado de exportación chileno que es Miami. Con la desventaja adicional de que la venta de la pesca europea lo hace con arancel cero, en tanto que los chilenos lo hacen de acuerdo a aranceles variables”.

El parlamentario señaló que “luego del anuncio de la firma del Acuerdo de Libre Comercio con la UE, y en función de los escasos antecedentes que se ha podido conocer, se ha informado que las empresas europeas podrán acceder a utilizar los recursos pesqueros chilenos sujetándose a las leyes nacionales, lo que podría implicar un reconocimiento por parte de la UE a la facultad de Chile como estado ribereño para aplicar medidas de conservación a los recursos transzonales como el jurel, la merluza de cola o el bacalao de profundidad, y también para especies altamente migratorias como la albacora, que tengan vigencia más allá incluso de las 200 millas”.

Asimismo, el legislador socialista indicó que “respecto del estatuto jurídico de las inversiones pesqueras, el acuerdo contemplaría un capítulo sobre inversiones extranjeras bajo el principio de trato nacional, quedando por dilucidar qué efectos podría tener el tratamiento que se le otorga a la UE respecto de otros inversionistas que pretendan invocar estas preferencias y de qué tipo de inversión se tratará, ya que no está claro si un inversionista no europeo decidiera asociarse con pescadores nacionales para exportar a Europa recibiría el mismo trato”.

“Finalmente -dijo Navarro- en este contexto, no está claro quien va a recibir el beneficio del valor de las cuotas de pesca, ya que de acuerdo a la Ley de Navegación se establece que para ser armador pesquero chileno se requiere una composición nacional mayoritaria en la empresa, pero nada dice respecto de que si un extranjero adquiere esa parte, también se pueda considerar armador nacional”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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