Sueño de la casa propia: 200 familias pierden sus ahorros

Diputado Navarro denunció a Inmobiliaria Improviv por vender ‘casas brujas’

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Lamentando que “cada cierto tiempo ocurran hechos como este, en que modestas familias que hacen un gran esfuerzo por ahorrar con el sueño de tener su casa propia, se vean afectadas por empresas que les ofrecen proyectos que, finalmente, nunca se concretan y que cuando quieren retirar su dinero tampoco pueden recuperarlo”, manifestó el diputado Alejandro Navarro, junto a representantes de 200 familias afectadas que denunciaron el accionar de la inmobiliaria Improviv Ltda..

El legislador dijo que “las familias cuyos ahorros están comprometidos en esta situación son un grupo que postuló al ‘Complejo Habitacional Quillahue’, que se desarrolla en la parcela 6 del sector de Cosmito en la comuna de Penco y que comprende el Condominio Catemu, el Conjunto Habitacional Raimapu y el Conjunto Habitacional Paihuén”.

El parlamentario señaló que “el modus operandi es el clásico en estos casos: se les solicita el pago de una inscripción, sin derechos a devolución, por 15 UF (unos 252 mil 945 pesos a esta fecha) que se supone se invierten en gastos operacionales. A continuación suscriben una carta oferta donde los interesados manifiestan el interés y la intención de adquirir un sitio urbanizado, con un plazo de entrega de un año y con facilidades de pago de 36 meses”.

Navarro indicó que “el precio de la compraventa prometida es de 154 UF, que asegura la entrega del sitio al momento de suscribir la compraventa, adjuntando escritura y el terreno completamente saneado y urbanizado. Las familias cancelan un pie de 50 UF y el saldo se pacta a 33 letras de 2,24 UF con vencimiento los días 10 de cada mes (a contar de junio del 2000) y 6 letras de 5 UF cada una cobradas semestralmente”.

“Muchas de las familias afectadas -añadió- dejaron de pagar en junio del pasado, después de 3 años y medio de espera, porque hasta ahora la única explicación que han recibido es una carta de la empresa, de fecha 28 de noviembre de 2002, en que les señalan que en lo técnico se presentaron correcciones del proyecto ante la municipalidad de Penco; que se encuentran ‘avanzadas’ las conversaciones con instituciones financieras para obtener recursos por 2 millones y medio de dólares para financiar la primera y segunda etapa del proyecto”.

El parlamentario dijo que “detrás de este abuso que significa la ausencia de respuestas y de soluciones concretas, existe además una situación social que no se puede desatender. Las familias han hecho un gran esfuerzo apostando a obtener su casa propia. Cada peso cancelado se ha logrado sobre la base de mucho esfuerzo y sacrificio. De hechos algunas de las familias que están en esta situación han modificado su situación laboral, algunos incluso están sin trabajo”.

El diputado del PS señaló que “como si esto fuera poco, los afectados se han reunido con el gerente de la empresa David Moreno Fuentes, para pedirle explicaciones y soluciones. Como única respuesta se les ha planteado que presenten una carta renuncia, para que una vez aprobada, la empresa, según sus posibilidades y conveniencia les ira devolviendo sólo parte de sus ahorros sin montos ni fechas fijas, lo que termina por completar el cuadro de abuso”.

“Adicionalmente -prosiguió- la empresa Improviv les ofrece traspasar directamente la inversión realizada para la adquisición del sitio a la compra de una casa, haciendo un contrato anexo y…empezando a cancelar, nuevamente, letras, esta vez para la vivienda. Y como gran cosa la empresa les señala que si optan por esta ‘solución’ ellos los podrán asesorar exitosamente para que obtengan el subsidio habitacional”.

Navarro dijo que “haremos llegar todos estos antecedentes al ministerio de Economía, a la Superintendencia de Valores y Seguros y al Sernac, para que se revisen los antecedentes que existen sobre esta empresa, los proyectos que ha realizado, los que ha logrado concretar y, además, para que se investigue acerca de los alcances que puede tener la realización de publicidad engañosa”.

Finalmente, el diputado dijo que “también solicitaremos una entrevista con el ministro de Vivienda, Jaime Ravinet, a fin de insistirle en una propuesta que venimos haciendo hace tiempo: que debe ser una obligación, tanto del sector público como privado, contar con un listado de empresas constructoras, inmobiliarias y de gestión habitacionales acreditadas. Si los instaladores eléctricos y telefónicos deben acreditarse, ¿por qué no los que participan del sector vivienda?”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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