Suma Urgencia para declaración de bienes. Diputados Navarro y Lukzic se entrevistaron con Ministro Alvaro García

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Su satisfacción por la disposición y voluntad del Ejecutivo de dar suma urgencia al proyecto de ley que establece la obligatoriedad por parte de los funcionarios públicos de realizar una declaración de bienes y también una de intereses, manifestó el diputado socialista Alejandro Navarro, quien en compañía de su colega Zarko Luksic, se reunieron con el Ministro de Secretario General de la Presidencia, para tratar en profundidad el tema.

De acuerdo a lo señalado por Navarro “el compromiso establecido con el Ejecutivo es para que antes de enero del 2001 esta normativa esté definitivamente aprobada”.

Ambos parlamentarios, firmes impulsores de la llamada ley de probidad, manifestaron su convicción de que de haberse aprobado desde un inicio la obligación de declarar bienes e intereses, toda está situación que se ha vivido con las indemnizaciones sobredimensionadas, no habría ocurrido nunca”.

Al respecto el legislador del PS recordó que “cuando la Cámara de Diputados estudió el Proyecto de Ley de Probidad Administrativa, se aprobó específicamente la obligación de hacer una declaración de patrimonio y de intereses antes de que asumieran sus cargos las autoridades de la Administración del Estado. Esto, a objeto de crear los mecanismos que permitieran cotejar los posibles conflictos de interés que pudieran presentarse durante el desempeño del cargo”.

“La declaración de patrimonio contiene la individualización de todos los bienes inmuebles del funcionario. Incluye, además, mención del los bienes muebles de significación económica relevante, incluidos los derechos que correspondan al funcionario en cualquier tipo de comunidad o sociedad, constituida en Chile o en el extranjero, y los depósitos a plazo o documentos financieros en moneda nacional o extranjera que posea. Comprende, asimismo, la individualización de los contratos de cuenta corriente que tenga suscritos en Chile o en el extranjero, así como las obligaciones patrimoniales que constituyan el pasivo del funcionario”, agregó.

“A su vez – señalo Navarro – la declaración de intereses contiene la individualización de las actividades profesionales, inversiones y cualquier clase de negocios que posea o en que participe el funcionario, y que le proporcionen o puedan proporcionarle, ingresos económicos, sea como persona natural, o como socio directo de una sociedad”.

“De esta forma – destacó – estarían afectos a la declaración de patrimonio y de intereses el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los embajadores, los intendentes y gobernadores, los consejeros del Banco Central, los integrantes del Consejo de Defensa del Estado, los directores de las empresas del Estado creadas por Ley, los jefes superiores de servicio, los oficiales generales de las Fuerzas Armada, y los niveles jerárquicos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.

“Así, – indicó el parlamentario – se pretendía establecer, para los niveles más altos de la administración, una norma que permitiera resolver el caso de la autoridad o funcionario que estuviera en la disyuntiva de tener que participar o no en la toma de decisiones en donde el interés general se confunde con su interés personal. Esa autoridad o funcionario, por transparencia, debería abstenerse de participar, evitándose así que el interés individual se sobreponga al interés colectivo.

Para el legislador socialista el tema es claro: “Eso fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, y para reafirmar esta posición se citaron las conclusiones de la Comisión Nacional de Etica Pública, creada por el Presidente Frei en 1994. Según ésta, la transparencia aparece como un instrumento fundamental para combatir y prevenir la corrupción, pues ella permite detectar con facilidad cualquier irregularidad, favoreciendo el efectivo control social sobre la gestión pública. Por tal motivo, en su informe final, la Comisión estimó conveniente establecer la obligación de hacer declaraciones juradas de patrimonios e intereses, para los agentes públicos de mayor Jerarquía, prestadas ante un ministro de fe, tanto en el momento a que acceden al cargo público, como en el momento que hacen abandono del mismo. Estas declaraciones deberían ser públicas, de manera de poder conocer y sancionar su falsedad.

“No obstante todos los argumentos presentados – dijo Navarro – el Senado es una actitud insólita, rechazó la disposición aprobada por la Cámara de Diputados y decidió mantener exclusivamente la declaración de intereses, reduciendo su ámbito. En otras palabras, las autoridades sólo deberían declarar sus “actividades profesionales y económicas” antes de asumir sus cargos”.

Para el diputado socialista “la norma aprobada por el Senado es extremadamente simple y ambigua, susceptible de múltiples interpretaciones. Y lo que es más grave, no hace ninguna mención a los bienes que posea una autoridad antes de asumir su cargo, lo que abre las puertas a cualquier tipo de enriquecimiento ilícito. Esta fundamental diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado hizo que el proyecto pasara a una Comisión Mixta, la que mantuvo sin ninguna modificación la disposición que aprobara el Senado”.

“En mi concepto – señalo el parlamentario de la VIII Región – esto constituye no sólo un retroceso en el perfeccionamiento de nuestra legislación, sino también un grave atentado contra la probidad, transparencia y responsabilidad de los servidores públicos. Parece increíble que no sólo parlamentarios de la oposición, sino también de la Concertación se hayan negado a posibilitar el conocimiento público de los bienes de las autoridades. Esta decisión aborta todas las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Etica Pública y genera las condiciones propias para el aumento de la corrupción. Además expone a justificadas críticas a los propios parlamentarios y colabora aún más al desprestigio de nuestro sistema político”.

“Finalmente – dijo Navarro – al aprobar ambos aspectos estamos dando una fuerte señal de real probidad y claridad ya que la información, además, será pública y cualquier persona tendrá libre acceso a ella a través de una notaría. Esa es la transparencia que queremos para el Estado. Por ello, esperamos que ahora quienes se opusieron antes a esta normativa, especialmente en el Senado y en forma muy particular los Senadores Diez y Larraín, reconsideren su decisión. Así como es legítimo que la oposición critique lo ocurrido con las indemnizaciones, se requiere que también apoyen las medidas que evitarán que ello vuelva a ocurrir”.

Fuente: Oficina Parlamentaria Distrital

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