Sumario interno en CDE por filtración de documentos

Diputado Navarro y afectado se entrevistaron con Clara Szcsaranzki:

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Su satisfacción y su convicción de que “el sumario interno que realizará el Consejo de Defensa del Estado demostrará que efectivamente fue la filtración de documentos que se encontraban en secreto de sumario, lo que permitió que se cometiera la retención ilegal de los dineros que el ciudadano de Talcahuano Luis Sáez mantenía en al Banco Santander”, manifestó el diputado Alejandro Navarro, quien junto al diputado Leopoldo Sánchez y al propio afectado se entrevistaron con la presidenta del CDE, Clara Szcsaranzki, a quien hicieron entrega de los antecedentes sobre el caso.

De acuerdo a lo señalado por el parlamentario, “los hechos se remontan al 15 de Abril de 1991, cuando siendo cuentacorrentista del Banco Santander Chile, sucursal Talcahuano, Luis Patricio Sáez Ramírez fue detenido por personal de Carabineros, y puesto a disposición del Primer Juzgado del Crimen de Concepción, acusado de tráfico de estupefacientes, comprobándose posteriormente que Sáez fue involucrado por un funcionario policial que lo inculpó para encubrir su propia participación en la actividad delictual”.

Según señaló el legislador del PS “la mencionada sucursal bancaria se enteró del hecho y procedió a retener sin autorización alguna, los fondos depositados en la cuenta corriente del señor Sáez, pese a que éste, al quinto día de su detención, fue dejado en libertad por falta de méritos”.

“Ante este hecho -agregó- Sáez presentó, con fecha 11 de Mayo de 1991, una denuncia ante la Superintendencia de Bancos. Luego, el 05 de julio, la Superintendencia le respondió que la actuación del Banco Santander no merecía reparos. Por su parte, el banco Santander le señaló por escrito que habría actuado con autorización, lo que es absolutamente falso de acuerdo a sentencia judicial firme y ejecutoriada de fecha 3 de marzo de 1997”.

Navarro continúa el relato del caso indicando que “con fecha 6 de octubre de 1994, después de concluida la investigación, el magistrado del Primer Juzgado del Crimen de Concepción, procedió a dictar sentencia absolviendo de toda presunta participación en el delito de tráfico de estupefacientes a Sáez. Este fallo se envió a consulta a la Corte de Apelaciones, ordenándose investigar un delito que nada tenía que ver con el señor Sáez. Tal decisión de la Corte implicaba investigar dicho delito y hecho esto, se dictara sentencia por otro juez diferente del titular, función que recayó en la secretaria del tribunal, Gilda Miranda Córdova”.

El diputado dijo que “el 18 de octubre de 1995, y estando absuelto el Sáez interpuso demanda civil de indemnización de perjuicios ante el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, cuya sentencia de 3 de marzo de 1997, condenó al Banco Santander a pagar los perjuicios ocasionados, los que se determinarían incidentalmente en el cumplimiento del fallo, sentencia que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción. En agosto de 1997 se inició procedimiento incidental ante el mismo juzgado para discutir el monto de la indemnización el que fue fijado, aproximadamente, en 600 millones de pesos”.

“Sin embargo -continuó- el 10 de octubre de ese año, el Banco Santander a través de su abogado, Ricardo Rincón Iglesias, deduce incidente de nulidad sobre el procedimiento incidental de cumplimiento de fallo, alegando falta de emplazamiento, pues la notificación se habría realizado en un domicilio distinto ya que la sucursal del banco había cambiado de dirección, pero lo cierto es que la notificación se realizó en el domicilio procesal fijado por el propio abogado del banco, no habiéndose realizado cambio alguno ante el tribunal, incluso hasta después de interpuesto el incidente de nulidad”.

“Más tarde -dijo el parlamentario- en ese mismo mes, el fiscal del Banco Santander, Gonzalo Romero, otorga poder e incorpora al juicio, a los abogados externos Femando Saenger y Waldo Ortega, con el objeto de conseguir que se acogiera el incidente de nulidad el Banco Santander. En ese proceso, se presentaron testigos que falsearon su declaraciones ante el tribunal, lo que motivo una querella por falso testimonio ante el Segundo Juzgado del Crimen de Talcahuano, en la cual el Banco Santander estuvo representado por el abogado Luis Bates, ex presidente del CDE, siendo esta causa sobreseída temporalmente”.

Navarro afirmó que “a fines de agosto de 1998, a una semana de que se viera la apelación, los abogados Rincón, Saenger y un tercero no identificado, concurrieron al Primer Juzgado del Crimen de Concepción y solicitaron el expediente en cual habían absuelto al señor Sáez cuatro años antes. Luego de revisarlo pidieron una entrevista con la secretaria titular, Gilda Miranda. A los pocos días y sin que mediara instrucción alguna al actuario para efectuar nuevas diligencias, se le entregó el expediente para transcribir el nuevo fallo que había dictado en su calidad de Juez no inhabilitado, apareciendo Sáez condenado como autor del delito de tráfico de drogas a una pena de cinco años y un día”.

“Lo curioso del caso -indica el legislador- es que esta nueva sentencia se dictó el 11 de septiembre de 1998, día feriado legal. Más extraño aún es que esto haya ocurrido, luego de que Sáez estuviera absuelto por más de cuatro años y después de la reunión de los abogados del Banco con la Secretaria. Esta situación, provocada extrajudicialmente por el abogado del Banco y por los abogados externos con la anuencia de la fiscalía del Banco, fue desvirtuado por la Corte Suprema, la que de oficio anuló la sentencia que le imputaba la calidad de traficante de drogas, absolviéndolo definitivamente, con fecha 18 de Mayo del 2000”.

“Lo grave -prosiguió- es que la estrategia elaborada por los abogados y la fiscalía del Banco para lograr que se le diera a Sáez la calidad de traficante de drogas, no trepidó en involucrar a una funcionaria judicial, con el sólo objetivo de eludir el pago de la indemnización fijada por los tribunales, por cualquier medio. Lo que se pretendió establecer ante la justicia, era que no se podía permitir favorecer con una indemnización a una persona condenada por narcotráfico, pues ello implicaba entregarle los medios necesarios para que continuara con dicha actividad delictual”.

Navarro dijo que “en la tramitación de la fijación de un nuevo monto, otra vez los abogados del banco fueron acusados ante la Corte por irregularidades, luego de insistir en sus calificativos de traficante, delincuente y mentiroso, tanto por escrito en la contestación del incidente, como verbalmente en los alegatos ante la Corte de Apelaciones, por lo que enfrentan una demanda de indemnización de perjuicios por injurias y calumnias, en donde el Banco para tratar de eludir su responsabilidad, citó como testigos a los ministros y al abogado integrante de la Corte, produciéndose aquí lo más grave: el abogado integrante René Ramos, concurrió en forma voluntaria y sin el permiso del Pleno de la Corte al tribunal, testificando en favor del Banco Santander, en consecuencia que él había fallado anteriormente a favor del Banco”

El parlamentario señaló que “ante la sentencia de 12 de mayo del 2000, el Banco interpuso recursos de casación y apelación, los que fueron vistos por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, la que con fecha 16 de octubre del 2000, rebajó en diez veces la indemnización otorgada a Sáez, llegando a la increíble situación de decir que no sufrió daño material, aún cuando lo que se le retuvo fue dinero, y sólo le otorga 40 millones de pesos por daño moral, en circunstancias que la sentencia de primera instancia condenó al Banco al pago de 240 millones por daño material y 100 millones por daño moral”.

“El 15 de mayo de 2001 -agrega el diputado del PS- se presentó ante el Superintendente de Bancos, Enrique Marshall, una nueva denuncia en contra del Banco Santander Chile, por su irregular actuación, acompañando antecedentes de prensa donde se da a conocer el hecho de que en sus cajas de seguridad se encontraron depositados casi 800 millones de pesos pertenecientes al “Cabro Carrera” y su viuda, contradiciendo toda la defensa del Banco en el juicio, cuando ante los tribunales se argumentaba, que esa institución nunca hacía negocios o pagaría una indemnización a una persona relacionada al narcotráfico”.

Finalmente, Navarro señaló que “en diciembre del 2001, la Corte Suprema confirma la sentencia que condena al Banco Santander al pago de 40 millones de pesos como indemnización por daño moral, aunque por la retención ilegal de los dineros depositados en la cuenta corriente, este fallo ratificó -increíblemente- que Sáez no sufrió daño material aún cuando lo que se le retuvo fue dinero, sentando un grave precedente al decir que los informes al respecto emitidos por el Servicio de Impuestos Internos no son validos como prueba en los tribunales”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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