Suprema ordena a gendarmería normar su trato a embarazadas

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Decisión se deriva del fallo sobre el recurso de amparo interpuesto en favor de Lorenza Cayuhán, comunera que denunció haber dado a luz engrillada

Como una violación a las normas mínimas internacionales para el tratamiento de personas privadas de libertad, especialmente en lo relacionado a mujeres, calificó la Corte Suprema la situación que atravesó la ciudadana mapuche, Lorenza Cayuhán, quien el 14 de octubre pasado dio a luz engrillada en una clínica de Concepción.

En un fallo de 17 páginas, que marca un fuerte precedente, los integrantes de la Segunda Sala del máximo tribunal acogieron en forma unánime la acción legal interpuesta en favor de la mujer. Así, dejaron sin efecto la decisión de la Corte de Apelaciones de Concepción, que el 9 de noviembre había rechazado la acción legal presentada por la Defensoría Penal Pública.

Además, estipularon cuatro exigencias que debe cumplir Gendarmería, relacionadas con la custodia y medidas de seguridad para los traslados de la mujer, que deben responder a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, y que deberán ser realizadas sólo por personal femenino.

Además, ordena revisar y adecuar los protocolos de traslado a hospitales externos, conforme a las normativas internacionales para los casos de mujeres privadas de libertad, embarazadas o con hijos lactantes y para la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres. Por último, entrega un plazo de 30 días para remitir copia de los resultados del sumario administrativo que se realiza por estos hechos y sobre el cumplimiento de estos puntos.

SIENTA UN PRECEDENTE

Para la familia de Lorenza Cayuhán, el fallo de la Suprema sentará un precedente tanto para ellos, porque asumen que su condición de mapuches intensifica la discriminación, pero también para las mujeres que están privadas de libertad y que están embarazadas.

José Cayuhán, hermano de la comunera, comentó que tras conocer el fallo habló con Lorenza para informarle del fallo. “Ella me dijo que tiene la sensación de que esto no quedará en la impunidad”, relató.

El hermano de Lorenza aclaró que hacer pública la situación no sólo fue para dar a conocer el trato al que están expuestos quienes pertenecen a la etnia mapuche, sino que se viera el trato discriminatorio hacia una mujer, sin saber cuántas reclusas han sufrido lo mismo.

“Lo pensamos mucho antes de hacerlo público, y decidimos hacerlo porque no queremos que le ocurra a alguien más”, contó José Cayuhán, asegurando que en un primero momento su hermana pensó que lo vivido era parte del proceso.

Para la defensora penitenciara de la Defensoría Penal Pública, María Cristina Melgarejo, el fallo del máximo tribunal del país es inédito, ya que establece de forma clara que el trato hacia Lorenza “fue vejatorio, denigrante”, principalmente por su condición de mujer privada de libertad, gestante, posteriormente parturienta y por ser de la etnia mapuche.

Melgarejo además expresó respecto a la revisión de los protocolo que planteó la Suprema que “el máximo tribunal del país diga que los protocolos no son los adecuados o que incumplen con la normativa, tanto nacional como internacional, da pie para que otros casos puedan ser llevado al máximo tribunal”.

El abogado de la familia, Nelson Miranda, declaró que “es un impulso y un respaldo a las denuncias, y a que se dejen de cometer atentados contra los Derechos Humanos del pueblo mapuche”.

Sobre este punto la abogada de la Defensoría declaró que en un apartado de los informes de Gendarmería se expresaba que se debía tener precaución con Lorenza. “Había un apartado que decía: Ojo se trata de una comunera mapuche y había que adoptar medidas especiales”, contó.

REGLAMENTO

Sobre este fallo, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, sostuvo que ya trabajan en reformar el reglamento penitenciario, con el fin de introducir un enfoque de derechos humanos, específicamente las Reglas Mandela y las Reglas de Bangkok, que se refieren a los estándares para personas privadas de libertad.

“Ese es nuestro norte, que va acompañado del sumario que se está realizando y del que esperamos tener noticias pronto, para poder dar cuenta a la ciudadanía de los avances que queremos dar en materia derechos humanos”, contó Fries.

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Fuente: El Sur

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