Imagen: logismarket.es

A juicio del congresista del Biobío, “lo que los san pedrinos necesitan es que realicemos gestiones que nos direccionen a cumplir con nuestros objetivos de manera eficiente y eficaz, sin reuniones con autoridades regionales que finalmente terminen en nada”, sostuvo Navarro, quien agregó que “lo que requerimos es celeridad, y esta reunión con el Ministro de Transportes en Santiago cumplirá con ello”.

Las obras, cuya inversión corresponden a unos 601 millones de pesos y que se ejecutan entre la avenida Pedro Aguirre Cerda, entre las calles Los Canelos y Los Avellanos, en San Pedro de la Paz, se proyecta que sean concluidas a mediados de marzo.

Publicitada fue la participación de la ex intendenta Jacqueline Van Rysselberghe en reuniones con autoridades regionales y vecinales en torno a este tema. “Sin embargo, -indicó Navarro-, su figura para los habitantes del sector causa extrañeza. Pues, primero, no entienden cómo ahora se preocupa por ellos, y cuando era Intendenta no quiso atender sus peticiones. Y, segundo, anunció recurrir con un recurso de protección que, al final, de él no se sabe en qué quedó. Esperamos, sinceramente, que si no va a ayudar de manera consistente, por el bien de los vecinos, no retrase, como en la reconstrucción, llegar a las soluciones”.

Aparte, para el presidente del MAS, Alejandro Navarro, “el fin del proyecto en la Avenida Pedro Aguirre Cerda que busca disminuir el tiempo de viaje para buses en 7 minutos aproximadamente, y en 1 minuto para autos particulares, puede ser mucho mejor si el gobierno considerara la urgencia de la construcción del Puente Industrial, para evitar tacos, y no insistiera en obras como el Puente Chacabuco, que perjudica a vecinos de La Aurora de Chile, con erradicaciones y traslados que no los satisfacen”.

Del abuso de constructoras en San Pedro

En las reuniones participó Navarro, primero con los presidentes de la Juntas de Vecinos Nº 4, 5, 6 y 7, la Unión Comunitaria  Cumbre de Andalué, el Comité Plaza  las Comadres, el Comité San Pedro de la Paz, 50 vecinos de distintos sectores de la Villa San Pedro; y después otra en la que estuvieron también los concejales, Javier Guiñes, Pedro Venegas, Sergio Leonelis, Fernando Vásquez y el alcalde (s) Roberto Aguayo. En las citas, como dijo el congresista,  “se comunicó, a su vez, la lucha contra la empresa constructora de los edificios en las cumbres de Andalué y cómo  deben soportar que los camiones estén hasta altas horas de la noche haciendo ruido en el sector de la Plaza Las Comadres, en donde se lavan camiones en la vía pública, dejando restos de cemento en toda la calle”.

Navarro sostuvo que “revisaremos los puntos de conflictos que existen y evaluaremos considerarlas en un nuevo plano regulador para la comuna, en donde se cumplan estándares que no perjudiquen el bienestar de los vecinos”, dijo el parlamentario.

En esa línea el senador del MAS y vecinos sostendrán también una reunión con expertos en la materia de urbanismo provenientes de Santiago como de la zona, “para generar una propuesta que solucione tanto el problema de la Plaza Las Comadres, en donde incluso supimos de la desconocida venta del Serviu para que se construyera un edificio de 4 pisos allí; como así también, trataremos las modificaciones del Plano Regulador que urgentemente requiere San Pedro de la Paz”, afirmó.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Son trabajadores del mar que perdieron su fuente laboral por el exterminio de los recursos marinos; son vecinos que exigen desesperadamente ser erradicados, porque la polución y en general el daño ambiental les ha degradado su calidad de vida; y pequeños empresarios a quienes Endesa les adeuda cerca de 2 mil millones de pesos; son los casos más significativos de lo perjudicial que ha sido el funcionamiento de la Central Termoeléctrica Bocamina y su extensión Bocamina II, ubicadas en la comuna de Coronel, cuya dueña es Endesa, perteneciente al grupo empresarial italiano Enel. Y hasta Endesa fue que llegó el senador Alejandro Navarro para sostener una reunión con la gerencia y dar cuenta de “lo pedregoso y difícil que se les viene el camino, puesto que si no se resuelven las peticiones de los afectados, será la presión ciudadana, más cruda que la del año pasado, la que los detendrá”.

El congresista, en representación de la voz de los trabajadores y vecinos, quienes anteriormente han manifestado públicamente y con fuerza sus peticiones, luego de la cita de esta mañana con Endesa en Santiago, comentó sentirse “un tanto decepcionado, pero no sorprendido”, esto por la perseverante actitud de la empresa, “de querer solucionar solo por la vía judicial, todos los reclamos que tiene a ciudadanía en su contra. Creemos que no es la mejor forma de diálogo y de llegar a acuerdo, pues son familias que urgentemente necesitan vivir en un ambiente libre de contaminación, y con una estabilidad económica garantizada hoy, no más adelante, porque podría ser muy tarde”, comentó Navarro.

“No hablamos de una empresa sin recursos; es Endesa, la que se autodefine como la mayor multinacional eléctrica privada de Latinoamérica, y que desde el 2009 pertenecen al grupo Enel, la que a su vez es la mayor compañía eléctrica de Italia, que opera en 40 países de todo el mundo y que en el 2011 tuvo ingresos de más de 79.500 millones de euros”, aseveró Navarro; por lo tanto, no podemos aceptar que aprovechándose de su poder, miren por sobre el hombro a sus vecinos y tengan la potestad de hacer lo que quieran en el sector. Es esa soberbia que quisiéramos detener, pero como vemos que no podrá ser en Chile, entonces haremos de este conflicto uno internacional”.

Indiferencia, apatía

“Los trabajadores, vecinos y empresarios perjudicados por Endesa han agotado su paciencia”; de esto sabe bien Navarro, pues, los ha acompañado y ha estado atento en ayudarlos al recibir sus desesperados requerimientos y solicitudes de ayuda. Es por ello que el Senador indicó prever que “es este tipo de falta de preocupación por el prójimo que germina los conflictos los que llevarán a que los habitantes del sector tomen acciones impredecibles y cada vez a mayor escala”.

“Dentro de esas acciones, en respuesta a la poca eficacia en resolución de conflictos de parte de Endesa, se ha puesto en juego incluso la vida e integridad física de los vecinos y trabajadores”, señaló Navarro, ejemplificando “la toma de la chimenea de Bocamina II el año pasado, también el entierro de vecinos en las cenizas, cuando se colgaron en ductos de escape de agua de la Termoeléctrica o las ocupaciones del Consulado y la Embajada de Italia en Chile por vecinos y trabajadores coronelinos del mar y su orilla que perdieron su actividad laboral y el medio natural en la Caleta Lo Rojas, no obteniendo finalmente ninguna respuesta satisfactoria inmediata de parte de aquellas autoridades”.

Son peticiones como las de las familias de población aledaña a la Termoeléctrica Bocamina II, La Colonia, de 256 familias, que piden ser indemnizadas por 1.500 UF para cambiarse a un sector sin contaminación; o el no pago de la deuda de cerca de mil 837 millones de pesos que tiene Endesa con proveedores pymes de colaciones y almuerzos que entregaban sus servicios en tiempos de construcción de la central Bocamina II, los que han impulsado al Senador del Biobío a agotar todas las gestiones para a través del diálogo encontrar resoluciones, que sin embargo, tras la reunión de con la empresa, reconoció: “Se vienen tiempos complicados para Endesa; su majadería de defender lo económica sin importarle lo social y ambiental, le traerá consecuencias que serían evitables si encarnaran el respeto por la buena convivencia”.

Navarro viajará a Italia

Y es porque: “Italia, país del grupo Enel (http://www.enel.com/ ; contacto: http://www.enel.com/en-GB/group/contacts.aspx) al cual pertenece Endesa (http://www.endesa.cl/ ; correo: ggccinternacional@endesa.es), es donde de verdad se corta el queso, con quienes legalmente representan a la sociedad y que las resoluciones de la junta se lleven a fin, hablo de su presidente, Paolo Andrea Colombo, y de su presidente ejecutivo y gerente general, Fulvio Conti”. Así se refirió el legislador en relación a su viaje a Europa junto a las algueras de la Caleta Lo Rojas, motivado principalmente por el rechazo del recurso de protección por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, patrocinado por el abogado Lorenzo Soto a favor de ellas, orilladores y pescadores del sector Caleta Lo Rojas, el cual fue apelado y hoy está en trámite de reconsideración.

“No apelamos solo por apelar; tenemos pruebas de la catástrofe medioambiental del sector Lo Rojas. De allí provienen trabajadores que hoy no tienen qué comer; están endeudados y nadie se responsabiliza por lo ocurrido con ellos”, sostuvo Navarro, quien reiteró que “será en Italia, entonces, el país en donde esperamos se concreten las decisiones; es más, ante el Parlamento Europeo y el Congreso italiano, en alianza con autoridades pro ambientalistas, es que daremos a conocer ante otros países cómo hoy se vulnera la dignidad humana en Coronel”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Desde que el alcalde Ortiz sucediera a Patricio Kuhn, Navarro ha sostenido que el lema del actual edil “Vivimos juntos, decidimos juntos”, ha marcado la diferencia con municipios pasados. A lo que el senador del Biobío, Alejandro Navarro, explicó: “Los pasos con horizonte a solucionar la problemática en vivienda y urbanismo en el sector Aurora de Chile, desde que se fue Patricio Kuhn han sido gigantes. Nosotros que hemos trabajado desde antes con vecinos excluidos por los municipios pasados, hemos apreciado que ya con un par de reuniones el MOP y el Serviu deberán transparentar lo que será la construcción del Puente Chacabuco y la planificación habitacional, todo en el contexto de una mesa en la que cuenten también concejales, vecinos y un par de sus asesores a su elección”.

Navarro, quien está de parte de familias que han vivido por casi un siglo en el sector, que han construido ellos mismos sus viviendas que pasan los 150 metros cuadrados, y que el gobierno pretende sustituirles por departamentos de no más de 55 metros cuadrados, sostuvo que “la densa nube Jacqueline Van Rysselberghe, esperamos que con Ortiz se disipe completamente, pues ella, sus operadores e sus irregularidades le han hecho pésimo al progreso íntegro de la ciudad”, dijo el parlamentario.

Por lo que señaló: “Y es en continuidad a JVR y bajo el contexto de la administración UDI de Patricio Kuhn que en mayo de este año se realizó un catastro de parte del Serviu que fue bastante turbio y que buscó, en verdad, favorecer a los afines del comité de la junta de vecinos que junta 150 personas y que representa el ferviente operador político de JVR, Heriberto Montecinos, de quien tenemos la convicción conspiró junto al gobierno y los anteriores municipios de derecha para bajar de la mesa de trabajo a gran parte restante de vecinos, unos 490, que para Heriberto evidentemente era gente molesta y que quería que se erradique fuera del territorio, el cual posee una alta plusvalía atractiva para futuros proyectos inmobiliarios. Esperemos que la actitud de Montecinos desde ahora cambie”, aseguró.

Para el legislador del MAS, quien también estará presente en la Comisión de Vivienda, que contará con la presencia del ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez; el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz; la concejala, Alejandra Smith; el presidente del  sector Siglo XXI Huracán, de la Aurora de Chile., Alfonso Vera y su vicepresidente, Henry Cerda; “esperamos que se deje atrás las malas prácticas como lo que en tiempos de Kuhn la Egis municipal realizaba a los vecinos en grupos de 10 para aprobar el proyecto, el que después con la Egis del SERVIU, pretendían realizar también, dejando de lado el clamor ciudadano. De esas irregularidades, esperamos no saber más”.

No al Puente Chacabuco, sí al Industrial

El senador Alejandro Navarro, ha dispuesto como alternativa al Puente Chacabuco, que “en sí en vez de ser un beneficio, hoy es el tormento de cientos de vecinos que viven en la Aurora de Chile, que producto de esta estructura que se proyectará por la población se ven obligados a sacrificar sus comodidades, lo que es de verdad necesario para descongestionar la alta afluencia vehicular que existe entre San Pedro  y Concepción, es la materialización del puente para el sector industrial”.

“Según la Secretaría de Planificación de Transporte SECTRA, -indicó Navarro- 90.300 vehículos circulan diariamente por los puentes Llacolén (50.240) y Juan Pablo II (40.100), lo que corrobora nuestra tesis de que el Puente Industrial por donde se desplacen vehículos con carga pesada deben contar con esta alternativa y que es real”, aseveró.

Y añadió: “El Puente Industrial es una obra anhelada por la Región; así lo dice la consulta por Internet del mismo Ministerio de Obras Públicas que gastó 370 millones de pesos en dilucidar lo que tiempo antes nosotros solicitábamos. Con un plebiscito vinculante, qué meses atrás ya estaría andando la obra. Sin embargo, el gobierno busca nuevamente beneficiar encubiertos negocios privados con próximas inmobiliarias en el sector que como vemos hasta ahora, perjudican a vecinos que por generaciones han vivido allí”.

Finalmente, de acuerdo al parlamentario del MAS, “la participación ciudadana  no es  ratificar lo  ofertado por Serviu en  los proyectos habitacionales con las constructoras regalonas, sobre todo cuando ya está casi todo cocinado; lo que anhelamos  es esa participación social y ese empoderamiento de los vecinos que refleje la idea de barrio que se puede construir allí, con un  proyecto que sea un ejemplo de democracia, pues se debe dignificar  los  años de vida y sacrificio de los vecinos, quienes fueron los trabajadores que levantaron Concepción, por ende son parte del patrimonio cultural de la comuna. Es decir, no puede ser cualquier subsidio, menos cualquier proyecto, allí se debe cumplir con fuerza lo que el alcalde Ortiz ha dicho en su campaña ‘decidimos juntos’”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Lo anterior, dijo el legislador del MAS, se realiza “con una mala intención, a sabiendas que el compromiso principal del alcalde Ortiz, que hoy asume, es el de preocuparse personalmente del tema de Aurora de Chile. Para lo cual tiene agendada  una reunión para este viernes 7 de diciembre, a las 19 horas, en la Junta de Vecinos del sector, a donde están invitados vecinos, dirigentes, concejales, parlamentarios y autoridades de gobierno, que, lamentablemente, estos últimos ya se excusaron de asistir”.

Por lo anterior, el congresista expresó que “aquí los funcionarios de la Egis Municipal están jugando con fuego; están actuando deslealmente con el alcalde Ortiz y con los vecinos de Aurora de Chile. Por lo que deberán responder por sus actos a la nueva administración”.

Navarro dijo que “la tozudez del gobierno al presentar con bombos y platillos el mismo proyecto de la ex alcaldesa Van Rysselberghe, que no cuenta con el apoyo de la gente afectada, no tiene límites. Y junto con ello, pasa a llevar al alcalde electo, quien justo al momento de asumir, le están haciendo una zancadilla con una iniciativa que no cuenta con su apoyo, por no tener la participación y la aprobación de la totalidad de los vecinos de la Aurora de Chile”.

Además, el legislador, agregó que le parece “increíble” que “la reunión se realice a puertas cerradas y con ceremonia aparte, sin invitar a las autoridades municipales ni a parlamentarios de la zona. Esto se está haciendo entre cuatro paredes,  con cero participación  ciudadana, y sin incluir la opinión de los vecinos que se erradicarán,  que serán expropiados y los que continuarán en el mismo sector”.

Kuhn quiere blanquear gestión de JVR

“Seamos claros”, enfatizó el senador, “aquí JVR nuevamente ha actuado desde las sombras, pues esta situación ella misma lo había anunciado en portada de los principales diarios regionales, señalando que  Aurora  de Chile “tendrá el Proyecto que YO plantee””.

En ese contexto, el líder del MAS, indicó que “Kuhn continúa intentando blanquear la administración Van Rysselberghe, incluso en los dramáticos últimos minutos de su gestión”.

El legislador, indicó que “e proyecto ha sido forzado por las autoridades. Aquí no ha existido participación ciudadana, sino que se ha direccionado e impuesto una desde el Municipio y ahora desde el Seviu, a pesar de que la iniciativa tiene fallas de origen. Cabe sólo recordar que este proyecto fue el que la ex alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe llevaba con los falsos damnificados para su ejecución”.

El presidente del MAS, dijo que “está claro entonces, que con la convocatoria de hoy,  las personas que se van de sus cargos, tanto el director del Serviu, Sergio Jara; y el alcalde saliente de Concepción, Patricio Kuhn,  sólo buscan a través de la presentación del pseudoproyecto dejar amarrado el proyecto”.

Por otro lado, el senador señaló, que “hace dos o tres meses atrás la Egis municipal, estaba llamando a los vecinos en grupos de 10 para aprobar el proyecto, el que ahora pretenden hacerlo con la Egis del Serviu, dejando de lado, nuevamente, la opinión de la gente, de las familias que no piensa dejar sus viviendas, las cuales las construyeron con esfuerzo y con años de lucha para ganarle al río. Y por ello, no están dispuestas a aceptar un proyecto que les viene a cambiar para mal la vida,  no reconociéndoles, además,  el valor cultural, histórico y patrimonial de dicho territorio”.

Por tal motivo, Navarro, comentó que “los dirigentes de la población Aurora de Chile, anunciaron que no asistirán al lanzamiento, independientemente de que algunas familias puedan hacerlo. Ello es porque representan a la mayoría de los vecinos que no están apoyando a la Egis municipal y ahora la Egis del Serviu, y que quieren apernar para sacarlos de una vez por todas con un proyecto que viene de atrás y que esta aún en carpeta para poder iniciarlo”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Imagen: Radio Bío Bío

“Estoy convencido de que a Endesa le da lo mismo su entorno”, dijo el miembro de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, Alejandro Navarro, ejemplificando con un video proporcionado por el presidente del Sindicato de Tripulantes Artesanales de Coronel, Manuel Alegría, su denuncia: “Es impactante cómo no conformes con dejar sin sustento laboral a cientos de trabajadores y sus familias, además, esta empresa los ponga en peligro, como se ven en las imágenes, levantando un puente que en cualquier momento colapsará y que no ofrece ninguna seguridad”.

A la espera del fallo

Como lo planteó el Senador del MAS, “el recurso de protección es la única herramienta legal que los pescadores y las algueras tienen para defender su fuente de trabajo”. Y afirmó “los impactos y las externalidades negativas que ha creado Endesa Bocamina II en su funcionamiento está provocando daños irrecuperables”.

Y detalló: “Como lo hemos denunciado, la succión de agua de parte de la Central hace que docenas, centenas de toneladas de recursos marinos mueran atrapados por la captura, altas temperaturas y sean devueltas al mar en condiciones de putrefacción”.

Y recordó que como lo han denunciado junto al abogado Lorenzo Soto, “Endesa está provocando un gravísimo daño. La ley la obliga a la mitigación y creemos que está obligada a indemnizar. Esperamos que la Corte haya recabado todos los antecedentes de las pruebas y los alegatos”.

De acuerdo a Navarro, “serán los tribunales los que exijan que cumplan con las medidas presentadas en la Declaración de Impacto Ambiental y que no están respetando, como lo advierten fehacientemente los videos y las fotografías que han sido presentadas a la Corte”.

Asimismo, el líder del MAS criticó a la empresa contaminante de “no establecer las medidas inmediatas que acaben con esta mortalidad que solo va a agravar un proceso que se suma a la contaminación por hipoclorito que ya ha hecho que las algueras estén sin recolectar un saco de algas durante estos los últimos meses”.

Navarro señaló esperar que “la Corte pueda proteger y tome conciencia del daño que está provocando Endesa. Si es necesario entonces paralizar hasta que revise las funciones de sus procesos, que así sea”.

David y Goliat

“Las empresas generan una lucha similar a las de David y Goliat”, relató Navarro. Y explicó: “David, claramente son los pescadores que no tienen recursos económicos y que lamentablemente deben recurrir a tribunales en búsqueda de justicia”.

En ese sentido, Navarro relacionó que “la decisión de las algueras de ir por la vía judicial para la resolución del problema y no la presión social como un elemento de defensa, es una decisión que pone a la Corte en un escenario apasionante y profundo, y por lo que creo y confío que la resolución de la Corte de Apelaciones se ajustará a derecho, para finalmente terminar protegiendo los derechos de las personas”.

Riesgosas medidas de mitigación

Además, el congresista del Biobío reiteró que “las medidas de mitigación que Endesa ha planteado como la disposición de un puente que permite el acceso libre a la playa, son precarias y de alto riesgo. Yo lamento que Endesa no emplee las medidas de mitigación con las mismas fuerzas y financiamiento con que han levantado su planta”, expresó.

Por otra parte, con referencia “al aplazamiento sucesivo de la puesta en vista de esta causa, lo que ha generado ha sido una espera angustiante por parte de los trabajadores del mar. Endesa no está cumpliendo, si basta ver los conflictos que mantiene aún con vecinos de Aroldo Figueroa, La Colonia y otras familias adyacentes. Lamentable”.

A su vez, criticó: “Si basta señalar lo malintencionada que Endesa es, al preferir ahorrar millones de dólares en ampliar su planta y no en buscar un lugar alternativo en la costa de Coronel para su implementación. Por lo que los impactos de esa decisión –aseveró Navarro- deben ser compensados”.

Y advirtió: “Bocamina I deberá dejar de funcionar cuando Bocamina II se ponga en marcha. Allí pediremos una fiscalización al Servicio Nacional de Salud y al Seremi de Medio Ambiente, a fin de que puedan constatar que en el proceso de marcha blanca y en el comienzo de la generación eléctrica se están respetando las exigencias de funcionamiento, como también de los planes de mitigación”.

Finalmente, Navarro espera que se revierta el escenario que se vive hoy en el sector de Caleta Lo Rojas, en donde “el verdadero castillo feudal que ha levantado Endesa, ha causado daños irrefutables. Basta solo con caminar por sobre la arena para darse cuenta de tal hecho”, lamentó el Senador.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Quiero agradecer a los Comités del Partido Socialista, del PPD y también del Partido Radical Social Demócrata el tiempo que me han brindado en la hora de Incidentes.

Señor Presidente, la Corte Suprema ha hecho justicia: el Estado deberá pagar más de 400 millones de pesos a los vecinos de Los Boldos, en Chiguayante, dadas las inundaciones que hace siete años atrás tuvieron lugar en el canal Papen.

Se hizo una demanda por 39 familias, que hemos apoyado con firmeza, intentando que el Estado asuma su responsabilidad en la construcción de las obras hidráulicas civiles que impidan las inundaciones en épocas de lluvia.

Así, el fallo de la Corte Suprema fue enfático en indicar que el Estado cometió infracciones a los artículos 1, 2 y 1° transitorio de la ley 19.525, normativa que regula el sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Es el Estado el que debe velar porque en las ciudades y en los centros poblados existan sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias que permitan su fácil escurrimiento y disposición e impidan el daño que ellas puedan causar a las personas, a las viviendas y, en general, a la infraestructura urbana.

Este recurso fue defendido en la Corte Suprema por el abogado Adolfo Ortega. El fallo del tribunal de primera instancia del Juzgado Civil de Concepción, luego la Corte de Apelaciones, luego la Corte Suprema, determinó esta resolución.

La resolución, reitero, es clara en indicar “como consecuencia de la falta de mantención del canal se produjo la inundación que afectó a las casas de los vecinos”. Y “que como consecuencia de estos hechos los actores sufrieron daño moral”.

Claramente esas familias lo perdieron todo. Era un metro ochenta de agua al interior de sus viviendas.

El texto del fallo continúa: “según se estableció en la causa la inundación fue producto del desborde del canal, el que se produjo por el mal estado de conservación en que se encontraba por la existencia de vegetación y basura en éste, así como por la existencia de colectores hidráulicos sin un diseño adecuado y porque los colectores que canalizaban la descarga del canal hacia el río Biobío, presentaban deficiencias en sus obras de toma y de secciones. De manera entonces que el caso fortuito o fuerza mayor no fue la causa de la inundación, sino el deficiente estado del canal Papen, del que el Ministerio de Obras Públicas es el responsable”.

Señor Presidente es la perseverancia de estas familias de Chiguayante, del sector Los Boldos, ahí, aledaño al canal Papen, el que permitió que durante un período de siete años se mantuviera la bandera de lucha reclamando por sus derechos.

Hay quienes allá en el 2006 señalaron que esta era una causa perdida, de que no era posible demostrar la responsabilidad del Estado.

Y, lamentablemente, algunas familias de Los Boldos no accedieron a la demanda, porque tenían desconfianza.

Yo, lejos de criticar, justifico esa desconfianza.

Sin embargo, las familias que sí creyeron, que sí entendieron que para hacer efectivos los derechos en Chile hay que luchar, y son los tribunales de justicia un espacio donde esa lucha por los derechos civiles y ciudadanos, quienes deben defenderla, que son los tribunales, y se hizo.

Señor Presidente, creo que este fallo es un fallo histórico, y quiero pedir al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Obras Hidráulicas, nos entregue la información respecto de los planes maestros de aguas lluvias de la Región del Biobío, en cada una de sus provincias (Ñuble, Biobío, Arauco y Concepción), en cada una de sus comunas, y nos entregue el detalle y el cronograma de la ejecución de las obras.

Hay problemas gravísimos en Talcahuano, en Santa Clara y en muchos sectores de la comuna de Talcahuano. Persisten los problemas en Hualpén, en Penco, en Tomé, también en Concepción.

Y este fallo es un campanazo de atención al Estado, porque las inversiones las tiene que hacer. No podemos seguir permitiendo que no haya inversiones para la canalización de aguas lluvias, porque cuando llueve y las fuerzas de la naturaleza se desatan los que pagan los costos son siempre los más humildes.

Solicito, señor Presidente, se pueda oficiar al Ministerio de Obras Públicas para tener el detalle exacto, comuna a comuna, sector a sector de los programas de inversión de Obras Hidráulicas y del Ministerio de Obras Públicas, a fin de tener un cronograma claro de cuándo estas obras se van a realizar, si hay proyecto de diseño del plan maestro, si hay ingeniería realizada, y la disposición de recursos en lo que viene de este Presupuesto, del 2012, como también la proyección por los próximos diez años.

Claramente, este es un problema que ha sido cuantificado. Hay quienes estiman que son 5 mil millones de dólares los necesarios para resolver el problema de aguas lluvias del país, incluyendo la Región Metropolitana. Pero mientras más nos demoremos en empezar, mientras más se tengan indecisiones y no decisiones este problema va a continuar.

–Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.

Un triunfo histórico tuvieron los vecinos del sector Los Boldos, de Chiguayante, que, después de 7 años, ganaron la demanda por indemnización de perjuicios contra el Estado, por casi 400 millones de pesos, por las inundaciones que sufrieron sus viviendas durante el temporal del año 2005, producto del desborde del canal Papen.

El senador Alejandro Navarro que instó a las 39 familias, a exigir sus derechos, a través de la demanda indemnizatoria- la cual fue presentada por el equipo de abogados, encabezado por Adolfo Ortega, Marco Figueroa y Carlos Samur- comentó que “el fallo fue enfático en indicar que el Estado cometió infracciones a los artículos 1, 2 y 1º transitorio de la Ley N° 19.525, normativa que Regula Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias, “es el Estado que debe velar porque en las ciudades y en los centros poblados existan sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias que permitan su fácil escurrimiento y disposición e IMPIDAN el daño que ellas puedan causar a las personas, a las viviendas y, en general, a la infraestructura urbana”

El abogado Adolfo Ortega, explicó que “el Tribunal de Primera Instancia del 1er Juzgado Civil de Concepción, establece que existió una flagrante falta de servicio por parte del Estado al no construir las obras que se señala en el Plan Maestro de Evacuación y Aguas Lluvias de Chiguayante. En tanto, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia de la magistrado y la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en una contundente sentencia que obliga al Fisco a indemnizar”.

La resolución es clara en indicar que “como consecuencia a la falta de mantención del canal se produjo la inundación que afectó las casas de los vecinos”. Y, “que como consecuencia de estos hechos los actores sufrieron daño moral”

El texto señala además, que “según se estableció en la causa la inundación fue producto del desborde del canal, el que se produjo por el mal estado de conservación en que se encontraba por la existencia de vegetación y basura en éste, así como por la existencia de colectores hidráulicos sin un diseño adecuado, y porque los colectores y canaletas que descargan al canal presentan deficiencias en sus obras de toma y secciones. De manera entonces que el caso fortuito o fuerza mayor no fue la causa de la inundación, sino el deficiente estado del canal Papen, del que el Ministerio de Obras Públicas es el responsable”.

Navarro dijo que “la perseverancia de los vecinos en luchar por 7 años para que se hiciera justicia, permitió este triunfo ciudadano, en donde, claramente, era “David peleando contra Goliat”. Este es un gran paso que permitirá mitigar, en parte, todo el daño que sufieron las familias que perdieron todos sus enceres, muebles y electrodomésticos por la inundación de agua y barro que entró a sus modestas viviendas, y que destruyó varias de ellas, producto de lo cual muchos afectados tuvieron que irse de allegados donde sus parientes, y otros se tuvieron que encalillar con elevados préstamos”.

El legislador, dijo además, que “este fallo también es una gran señal para otras situaciones judiciales similares, en las que el Estado ha sido responsable, como, por ejemplo, en Valle Nonguén, de Concepción, cuyos vecinos sufrieron un drama similar a los de Papen. Por ello, de igual manera. demandamos el 2006 al Estado, con alrededor de 6 mil familias, caso que también está en la Corte Suprema”

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Imagen: emol.com

El legislador del MAS lamentó “no haber podido ser el décimo voto en contra de una mala ley que Longueira, apurado, quiere dejar aprobada antes de salir de Economía. No es comprensible que se fijara como plazo para presentar indicaciones el lunes 29 en la mañana cuando los senadores estarán preocupados de las elecciones municipales hasta el domingo 28 en la noche. Este es un pressing inadmisible que pone de rodillas al Senado, cuando en la Cámara donde el gobierno tiene mayoría se tomaron siete meses para debatir esta ley”.

Para Navarro esta urgencia legislativa de Longueira “solo da cuenta de presiones políticas y económicas. De allí esa obstinación y empecinamiento en mantener la suma urgencia, que seguramente tras presentarse las indicaciones se convertirá en discusión inmediata para no permitir un debate de fondo, como corresponde y como se necesita”.

El parlamentario agregó que “en todo caso también es claro que esta Ley de Pesca le va a penar a Longueira no solo en la pre-campaña presidencial. Por primera vez está haciendo las cosas muy mal, yendo contra los intereses que dice defender, incluso creo que contra su propia convicción. Ha supeditado todo a la campaña, aun sabiendo que no será candidato, pero sí que será el factor de negociación de la UDI con Golborne o Allamand. Longueira sabe que hipoteca su capital político, pero se esta inmolando por la UDI”.

Ahondando en este aspecto del análisis Navarro sostuvo que “él puede hacer lo que mejor le parezca como pre-candidato, pero es criticable que ello, en este caso, lo haga arrastrando a miles de pescadores a un escenario complejo que además va a comprometer a Chile al menos por 25 años. Cuando él ya esté retirado y sea abuelo esta ley podría seguir vigente. Pero como las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen, de aprobarse esta ley en estas condiciones de presión, será una obligación moral de un frente amplio opositor revisarla. Esta ley va fracasar, y en medio de su fracaso la vamos a redefinir”.

Finalmente el Vicepresidente del Senado dijo que “estas leyes se parecen cada día más a las leyes de amarre que dejó la dictadura, con la salvedad de que los ministros hoy no visten uniforme. Prorrogar por dos años sigue siendo una salida adecuada, por cierto incluyendo un artículo transitorio que de cuenta de una actualización del  fraccionamiento”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Escucha en los siguientes links las declaraciones del senador Alejandro Navarro y del abogado Adolfo Ortega.

“Porque decenas de niños y familias del sector El Triángulo de Hualpén, están prontos a vivir una tragedia; y, peor aún, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, consciente de los graves episodios de pestilencias, hoy se desentiende del peligro. Por eso, apoyamos a los vecinos para exigir la inmediata presencia del ministro Mañalich en la zona”, aseveró el senador Alejandro Navarro. Y fue a la salida de la Corte de Apelaciones, posterior a la puesta en vista del recurso de protección que presentaron el pasado 19 de julio, los mismos vecinos representados por sus dirigentes quienes acompañaron al abogado Adolfo Ortega y manifestaron su público descontento por esta grave negligencia sanitaria del gobierno y de Enap Biobío.

El senador y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, Alejandro Navarro es un convencido de que “relocalizar a las familias que viven en ese perímetro del infierno, es una solución”. Y recordó: “Los eventos críticos de pestilencia que afectaron a los vecinos de los sectores El Triángulo, Nueva El Triángulo, Villa El Triángulo, 18 de Septiembre, Arturo Prat y Esfuerzo Unido los días 20 de junio y 1 de julio de este año, perjudicó física y psicológicamente a ancianos, mujeres embarazadas y también niños de 3 escuelas de Hualpén que tuvieron que suspender las clases, para recurrir urgentemente a atenderse al centro de salud más cercano”, por lo que señaló que para el Ministro de Salud, “parece que los niños de Hualpén son de segunda categoría”.

Para Navarro, la citación en la que vecinos comparecieron por medio de la defensa de Adolfo Ortega ante la Justicia “es un día trascendental. Para que quede claro, nuestro afán no es que Enap Biobío cese su funcionamiento porque sí no más. No. Sabemos lo importante que la petroquímica es para el desarrollo, pero no puede seguir dañando la calidad de vida de las familias. Es por ello que, tal como lo plantearon ante la Corte, solicitamos respuestas por daños ocasionados a la salud y que se fiscalice y supervise por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente y la autoridad sanitaria todos los procesos productivos de la empresa Enap Biobío. Un paso que ayudará a prevenir y, por qué no decirlo, a detener una catástrofe que hoy es inminente”.

El Senador finalmente añadió que “claramente la empresa no ha garantizado seguridad, y no ha garantizado respeto al medio ambiente; lo que se debe hacer ahora es relocalizar en un programa de acuerdo con los vecinos”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Senador Alejandro Navarro en conjunto al abogado Lorenzo Soto presentan recurso de protección a favor de pescadores artesanales contra Endesa Bocamina II

A la Corte de Apelaciones de Concepción el congresista del Biobío, miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y presidente nacional del MAS, Alejandro Navarro, en conjunto al abogado que tiene a su haber varios éxitos en contra del mal funcionamiento de termoeléctricas, Lorenzo Soto, presentaron un recurso de protección “a favor de más de un centenar y medio de pescadores artesanales, ahora no tan solo de Coronel, sino que también de Lota, que tal como le ocurrió a las algueras, se han visto afectados por el daño medio ambiental que la planta Bocamina II de Endesa ha causado en la Caleta Lo Rojas”.

El Vicepresidente del Senado recordó que “son varias las acciones legales que hemos impulsado con el fin de compensar a cientos de recolectores y algueras del sector, cuyas 3 organizaciones ya las hemos hecho parte de un grupo, que producto de la extracción de agua, el depósito de miles de litros de agua caliente, y residuos de Bocamina II, han caído en la cesantía. Asimismo, en un segundo grupo, con ya 4 organizaciones, hoy hemos adherido a las denuncia otra más, compuesta por 153 pescadores artesanales coronelinos y lotinos, para que definitivamente se detenga el funcionamiento de esta termoeléctrica”.

De esta forma, junto a estos pescadores artesanales perjudicados por la puesta en marcha de Bocamina II desde el año 2007 se hicieron parte del proceso, “en el que entregamos nuevos argumentos que evidencian cómo la empresa Endesa, escudados en un fraudulento progreso, en concreto no ha respetado ni la flora, y menos la fauna. Ante su cero preocupación por el entorno y el desarrollo comunitario, esperemos que la Justicia se manifieste favorablemente y le devuelva la estabilidad económica de los afectados”, manifestó Navarro.

Navarro y Soto afirmaron que “los recursos siguen avanzando. La Corte ha requerido a autoridades de distintos servicios públicos una serie de diligencias en las que hemos confirmado que nuestras denuncias sí son válidas, es decir sí hay descargas y succiones que han afectado a la pesca”.

Finalmente, Navarro señaló que esperamos que “dentro de un mes más se desarrolle la vista de la causa, para posteriormente dar paso a lo que será la sentencia, que esperamos no sea más allá de fin de año”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA