Tras demoliciones, afectados por terremoto quedarán en la calle

Con el fin de paralizar las obras de demolición de sus departamentos ubicados en Centinela II de Talcahuano, hasta que el gobierno les dé una respuesta concreta sobre su nuevo emplazamiento habitacional, familias afectadas por la decisión presentaron junto al senador Alejandro Navarro un recurso de protección en contra de la Intendenta del Bío Bío Jacqueline Van Rysselberghe y del Serviu regional.

Imagen: www.redmaule.com

Navarro explicó que “los trabajos de demolición de dichos edificios comenzarán el 15 de noviembre, sin autorización de las familias, a las que desalojarán a través del corte de los suministros básicos y la fuerza pública. Posterior a la fecha, que aún no tienen definida, se les entregará como solución provisoria la instalación de mediaguas en el mismo sector sin otro tipo de ayuda. Ya que ellos deberán correr con los gastos de instalación de luz y alcantarillado, pues no se instalarán baños químicos”.

El congresista criticó el proceder del Serviu, que luego del terremoto llegó a conversar con los afectados, haciéndolos firmar una declaración jurada, en donde los afectados debían comprometerse renunciar a todo derecho o beneficio que pudiese haber de la Administración del Estado…”, agregando que el declarante debía comprometerse a no presentar ninguna “acción judicial, civil, administrativa o de otra naturaleza que pudiere tener en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización relacionadas con subsidios o derechos que alguna vez le pertenecieron o con contratos que alguna vez se suscribieron. En especial se renuncia a toda acción indemnizatoria derivada a dichos subsidios o contratos”

Agregó que “es por ello que se presentó el recurso, dado que muchos de los propietarios no entregaron la autorización para que se les demolieras sus departamentos, lo que constituye una privación de vivir en un inmueble, constituyendo una expropiación sin ley que lo autorice y sin pago de indemnización”.

El parlamentario, comentó que “los que presentaron el recurso, no quisieron firmar dicha declaración, ya que consideraron que no se les ha entregado ninguna solución ni garantía respecto de lo que ocurriría mientras se efectuara la demolición y posterior reconstrucción de sus viviendas. Tampoco dicen tener garantías respecto de la calidad de las nuevas viviendas que se y los plazos en que se comenzarán a entregar”

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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