TRES AMENAZAS PARA TALCAHUANO Y UN DOBLE ESTÁNDAR INACEPTABLE

Diputado Navarro, declaraciones de Jaime Dinamarca y desarrollo de proyectos:

navarro_biobio

Su convicción de que “se está amenazando seriamente la todavía precaria situación medio ambiental de Talcahuano con el desarrollo de tres iniciativas: una pública, una privada y una mixta” manifestó el diputado Alejandro Navarro, quien agregó que “esto viene a desmentir y a clarificar lo afirmado por el gerente de medio ambiente de la Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, Jaime Dinamarca, en relación a que son los entes sanitarios quienes sobrepasan las normas ambientales”.

El parlamentario dijo que “llama la atención el doble discurso de Dinamarca, porque si bien es cierto que tiene todo el derecho del mundo a criticar las falencias que existan en la fiscalización de los servicios de salud, no puede dejar de mencionar a quienes producen la contaminación, que son las empresas que a él le corresponde asesorar”.

El legislador del PS indicó que “algo falta en la crítica de Dinamarca. No pueden criticarse sólo las consecuencias de la contaminación y determinar las responsabilidades o las faltas de las autoridades sanitarias y no decir expresamente, por ejemplo, ¿dónde está el millón de residuos industriales que se producen en la región?. Dinamarca, en su condición de gerente de medio ambiente de la CPPC, debe saber exactamente donde van a parar esos desechos peligrosos y la contaminación que producen”.

Respecto de las amenazas que se ciernen sobre Talcahuano, Navarro mencionó tres, “primero, el proyecto de depósito de los lodos extraídos del Canal El Morro en un humedal, sin contar con todos los permisos requeridos, los que además se quieren inertizar con las cenizas de Petropower; en segundo lugar, la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas de Essbío, que se piensa instalar sobre un ex vertedero, del que no se sabe exactamente que tipos de residuos contiene y, finalmente, la construcción de una planta de la empresa Abastible, ocupando una importante cantidad de terreno comprendido en el sector de Lenga que, como se sabe, es Santuario de la Naturaleza”.

El diputado indicó que “en todos los casos debe cumplirse la ley y, por lo tanto, realizarse estudio de impacto ambiental. Adicionalmente, en el caso de los lodos pediremos que se resguarde lo referido a la canalización de las aguas lluvias y las aguas servidas, se nos señale cómo sacarán los botes de la Caleta El Morro si los espigones tendrán 1.80 mts de altura y se establezcan las medidas de seguridad para las personas en el caso del tránsito de los camiones por una única calle, sin vereda, transportando 20 mil metros cúbicos de rocas”.

“Para el caso de la planta de tratamiento de aguas servidas -agregó- pediremos al Servicio de Salud de Talcahuano que no autorice el que los desechos de el ex basural -unos 40 mil metros cúbicos- sean llevados a Cosmito, en tanto que para el caso de Abastible -cuyo asesor jurídico es Jaime Dinamarca- haremos cumplir la normativa que protege a esa zona como santuario natural y, además, pediremos que se nos informe si en el ordenamiento territorial ese sector está considerado como industrial, ya que si ello es así, ese proyecto afectará el área de manejo de los pescadores artesanales y, sin duda, afectará el desarrollo turístico de la zona”.

Volviendo sobre las opiniones del gerente de la CPCC, Navarro señaló que “como agravante, Dinamarca tiene una situación de información privilegiada, porque además es miembro del Consejo Consultivo de la Conama. Porque, por ejemplo, no puede reclamar por la autorización para el funcionamiento del vertedero de Monte Aguila por parte del Servicio de Salud del Bío-Bío, y sin embargo haya participado de la aprobación para el proyecto Trupán II, del grupo Celco, autorizando la disposición de residuos industriales en ese mismo vertedero. Lo anterior, sin perjuicio de que comparto la opinión de que ese es un vertedero que para poder funcionar debe cumplir con la normativa vigente”.

“Entonces -prosiguió- al momento de evaluar la efectividad de la fiscalización ambiental y sanitaria debe, necesariamente, señalarse que para eso se requieren recursos que hoy no existen y, en segundo lugar, debe reconocerse que los empresarios conocen la normativa ambiental y, a pesar de ello, algunos hacen la opción de no respetarla”.

El parlamentario dijo que además es paradojal que “mientras por un lado se critica que las autoridades pertinentes no fiscalizan, luego los mismos rasgan vestiduras diciendo que debido a la rigurosidad de la fiscalización de los organismos del gobierno las empresas deben aumentar sus costos de producción o, peor aún, que la normativa medioambiental es un obstáculo a la inversión privada”.

Navarro añadió que “nosotros, para no quedarnos sólo en constatación de las falencias existentes hemos desarrollado algunas acciones concretas como fue el recurso de protección, el 29 de mayo de 2000, pidiendo el cierre definitivo del vertedero de Carriel Norte y hemos planteado reiteradamente el cierre de Cosmito, no sólo por su saturación, sino por el peligro para la aviación que ello significa y que la propia Dirección General de Aeronáutica Civil ha manifestado expresamente. También hemos fiscalizado lo que ocurre con la disposición de los residuos médico-patólogicos que eliminan recintos hospitalarios públicos y privados”.

“Para superar estas falencias -dijo el diputado socialista- hemos solicitado al ministro Artaza que puedan disponerse recursos adicionales para implementar una fiscalización especial para los residuos domiciliarios e industriales. En el mismo sentido esperamos que pronto puedan verse resultados en la política regional de determinación de los lugares más adecuados para el desarrollo de los proyectos de rellenos sanitarios y pueda generarse la inversión pública o privada”.

Respecto de las posiciones sustentadas por Dinamarca en el tiempo, el legislador dijo que “evidentemente es difícil estar bien con dios y con el diablo y no se puede, por ejemplo, votar y defender la aprobación del proyecto de la instalación de la celulosa en el Valle del Itata, sin considerar el daño evidente que ello significará para los viñateros y las comunidades, y en el caso del proyecto de relleno sanitario de Santa Marta, se haga una defensa acérrima respecto de los perjuicios que esa iniciativa causaría a las faenas agrícolas que se desarrollan a 6 kilómetros de ese sector”.

“No quisiera pensar -agregó el parlamentario- que lo que se busca con este tipo de declaraciones es crear la sensación de que los organismos públicos son incapaces e ineficientes en la fiscalización de la normativa sanitaria y, especialmente, ambiental, con el fin de legitimar la idea de que el sector privado es capaz de ‘autofiscalizarse’ en materia ambiental, lo que claramente es una idea que no compartimos, por varias razones, entre ellas, el que la normativa ambiental es relativamente nueva -la ley 19.300 es del año 1993 y el reglamento de la ley de 1997- y porque es una obligación constitucional del Estado el velar por el cumplimiento de la legislación y cautelar el bien común”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Tags:
0 shares

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *