Tribunal Electoral obliga a denunciantes a pagar $ 6,7 millones para indagar padrón

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Un grupo de vecinos y el senador Navarro presentaron una acusación por inconsistencias en el número de votantes en una localidad del Biobío. Tribunal regional ordenó a los reclamantes costear un inserto en el diario El Sur de Concepción con los detalles.

La habitual calma provinciana de Trehuaco, comuna del noroeste de la Región del Biobío, se ha visto alterada debido a una denuncia realizada por el senador Alejandro Navarro (MAS).

El legislador se formó la convicción de eventuales irregularidades en el padrón electoral del poblado. Así, se hizo parte de una investigación vecinal liderada por la organización local “Despertó Trehuaco”, grupo que advirtió una incongruencia entre el número de habitantes y el total del padrón electoral de la comunidad: 5.318 habitantes, según el reporte de estadísticas comunales de 2015 de la Biblioteca del Congreso, versus 6.343 personas inscritas para votar en el Servel, cifra difundida por el organismo electoral el pasado 15 de agosto.

Fue entonces que el senador y los vecinos organizados fueron cruzando datos del padrón electoral auditado del Servel correspondiente a Trehuaco, con consultas realizadas a los propios habitantes del pueblo. De esta informal pesquisa concluyeron que al menos 611 personas habían registrado sus domicilios en la comuna de manera presuntamente irregular. “Personas que nunca vivieron en la dirección, una cantidad sospechosa de inscritos en el mismo lugar, entre otras cosas”, resume Gabriel Figueroa, miembro de la organización.

Con estos antecedentes, Navarro y los vecinos acudieron al Tribunal Electoral Regional (TER) a realizar una “reclamación” el 24 de agosto. El escrito, presentado a nombre del senador y de Fernando Chandía (candidato independiente a la alcaldía de esa localidad), señala: “Entre el número de habitantes de Trehuaco y el número de votantes inscritos existe una clara diferencia (…). Respecto de un número considerable de nuevos votantes inscritos no existe vínculo objetivo entre la persona y la comuna en los términos del artículo 10 de la Ley 18.556. Y, en consecuencia, no es la comuna donde por ley les corresponde ejercer su derecho a sufragio”.

A la reclamación adjuntaron la nómina de 611 personas que no tendrían vínculo con Trehuaco -lista certificada por el notario de Quirihue, Raúl Leiva-, pidiendo que sean removidos del padrón.

Al día siguiente, el TER emitió su resolución. Mencionando el artículo 48, inciso cuatro, de la Ley 18.556 -normativa promulgada el 11 de septiembre de 1986-, el tribunal dictaminó que se debía publicar la nómina de las 611 personas en el diario El Sur de Concepción, “a costa de los reclamantes, a más tardar en la edición del día domingo 28 de agosto, bajo apercibimiento de no proseguir la tramitación de esta causa y archivar los antecedentes”.

Es decir, obligó a los denunciantes a pagar la publicación en un diario local, el que incluso fue especificado por el propio Tribunal Electoral. Así, para dar cumplimiento a la sentencia, Fernando Chandía pagó el inserto al medio regional por un valor de $ 6 millones 740 mil, según consta en la factura número 101.423.

Tras eso, el TER inició el proceso de indagatoria sobre las presuntas irregularidades en el padrón electoral. Hasta ahora ha fijado tres audiencias, a partir de hoy, para escuchar los alegatos de los reclamantes y, posteriormente, entrevistar a las 611 personas denunciadas.

La participación de las personas en el proceso electoral ha sido, precisamente, lo que el propio Servel ha solicitado para poder fiscalizar correctamente las elecciones municipales de octubre, en las que debutarán las nuevas leyes sobre probidad y transparencia. El propio presidente del directorio del organismo, Patricio Santamaría, dijo la semana pasada que esto debe realizarse “con la colaboración de la participación activa de la ciudadanía, que tiene la posibilidad y los mecanismos para hacer las denuncias respectivas”.

Sin embargo, la decisión del TER del Biobío atentaría, a juicio del senador Navarro, contra quienes quieran denunciar irregularidades. “Tenemos plena confianza en que el material entregado es realidad y que las inscripciones se hicieron de manera maliciosa, vulnerando la ley al incumplir los tres requisitos: residencia, estudios o trabajar. Pero que la denuncia la tengamos que pagar nosotros es insólito”, dijo el parlamentario. “Nos llama la atención que, además, el tribunal nos direccione a un medio en particular, lo que nos impide cotizar una opción más económica. Esto inviabiliza cualquier denuncia ciudadana. ¿Quién querrá denunciar si hay que pagar cifras como esta?”, agregó.

Fuente: La Tercera

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