Tsunami: “es ilegal transferir responsabilidades a municipios”

Diputado Navarro ante dichos de la Onemi

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Con el fin de que se aclare la responsabilidad institucional de quiénes son los encargados de planificar y ejecutar los planes preventivos locales, en caso de tsunami, el diputado socialista Alejandro Navarro junto a los presidentes de las Uniones Comunales de Talcahuano, San Pedro, Coronel y Tomé, solicitarán al contralor de la VIII región, Manuel Cerda Sepúlveda, un dictamen administrativo, “toda vez que la ONEMI cometió una ilegalidad al culpar a los municipios de la inoperancia ante este tipo de catástrofes” señaló el legislador

El parlamentario expresó que “en la VIII región sufrimos una falsa alarma de maremoto. En este contexto la Oficina Nacional de Emergencia señaló reiteradas veces ante la prensa que la responsabilidad de diseñar y ejecutar los planes de prevención local de maremotos, es de los Municipios costeros. Recalcando que sólo las municipalidades de Arica y Antofagasta, implementan la normativa”

“Sin embargo -continuó- los 27 Municipios costeros que tienen al día las Cartas que señalan las zonas de inundación costera en caso de maremoto (Arica, Iquique, Tocopilla, Mejillones, Antofagasta, Caldera, Tal Tal, Chañaral, Huasco, Coquimbo, La Serena, Los Vilos, Papudo, Quintero, Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Algarrobo, Constitución, Talcahuano, Penco, Tomé, San Vicente, Coronel, Lebu, Corral y Ancud) no son los órganos directa e inmediatamente responsables de diseñar y ejecutar los Planes de Prevención y Repuesta Locales en materia de catástrofes, y que los planes de la ONEMI, al adjudicar esta responsabilidad a los Municipios, incurre en una ilegalidad”.

Navarro recalcó que “los responsables de diseñar y aplicar tales planes en base al Plan Nacional de Emergencia del Decreto Nº 156 del Ministerio del Interior de 2002; y los Planes Accemar y Accesismo de la ONEMI; así como las Cartas del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada son el Ministerio de Defensa a través de Carabineros y Fuerzas Armadas, y el Ministerio de Interior, a través de las Intendencias y Gobernaciones”.

El legislador manifestó que “el Decreto con Fuerza de Ley N° 22, del Ministerio de Hacienda, que Fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio Gobierno Interior de la República, dispone en su artículo 5 que corresponderá al Intendente Regional (…) ejercer la supervigilancia y fiscalización de los mismos servicios, y velar por su debida coordinación”. El artículo 20, por su parte, señala que en caso de ataque exterior, conmoción interior, paralización colectiva de faenas, terremotos, inundaciones u otras calamidades o en otros casos graves y urgentes, los Intendentes y Gobernadores están facultados para requerir de los jefes de los servicios sujetos a su fiscalización, la atención inmediata necesaria para proveer a tales emergencias”

El diputado expresó que “la Ley 16282, que Fija Disposiciones para Casos de Sismos o Catástrofes, en su artículo 19 dispone que: “Los Ministros del Interior y de Defensa Nacional elaborarán un plan tendiente a obtener que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros desarrollen un programa que abarque la planificación orgánica para las emergencias que se produzcan a consecuencia de sismos o catástrofes”.

Agregó que, por ley, los Ministerios de Defensa e Interior tiene que elaborar un plan para que las Fuerzas Armadas y Carabineros desarrollen un PROGRAMA para enfrentar emergencias, coordinar autoridades y recursos humanos, e informar sobre problemas que deben ser objeto de medidas preventivas. Por tanto, los planes de emergencia local deben ser elaborados e implementados por las fuerzas armadas y carabineros en orden al plan de prevención de catástrofes elaborado por los ministerios de defensa e interior.

“Por tanto-continuó- es la Onemi la que debe ejecutar los planes de prevención, por parte del ministerio del interior, en conjunto con carabineros y fuerzas armadas, por parte del ministerio de defensa, no las municipalidades. No obstante, la misma ley orgánica de municipalidades es la que se encarga de aclarar que a nivel local las municipalidades tienen sólo una facultad, y no la obligación de desarrollar tales labores”.

El parlamentario indicó que “los alcaldes no están obligados a desarrollar este tipo de tareas, sin embargo, en el evento que quisieran participar voluntariamente, solicitaremos al Gobierno que destine recursos para la creación de un fondo municipal para la prevención de este tipo de eventualidades”

Expresó que “parece injusto que se enlode el nombre de los Municipios de Chile, si la ley imputa la responsabilidad de tales planes al Gobierno. Es de conocimiento público que las municipalidades tienen pocos recursos para emprender estas acciones, por lo que imputárselas ilegalmente pasa a llevar sus intereses, y dificulta su tarea en aras del desarrollo local”.

El diputado PS advirtió que “éstas prácticas responden a un mal concepto de la equidad territorial, pues los derechos y los poderes se los lleva el gobierno central, mientras que las obligaciones y gastos los carga el gobierno local, o sea, las comunas. Vale decir, se municipalizan los esfuerzos, y se centralizan los beneficios, lo que revela un mal concepto de la organización del Estado que pretendemos denunciar con estas acciones”.

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Prensa Oficina Parlamentaria

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