Tsunami: “la región puede ser arrasada”

Entregado por el Senador Navarro, AVAT y afectados por accidentes:

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• Parlamentario dijo que “Sistema Nacional de Protección Civil no sirve para prevenir, sino más bien para actuar después de ocurridos los hechos”

Su preocupación “por el riesgo al que están expuestos no sólo los 120 mil habitantes de las zonas ribereñas inundables, sino miles de familias más a lo largo del borde costero de la región que están en esa situación, incluidas dentro de ellas las que integran las 69 caletas que hay en esa área”, manifestó el senador Alejandro Navarro, quien recordó que “ya el 1 de febrero del 2005, a propósito de la alarma de tsunami que surgió, solicitamos a la Contraloría un pronunciamiento sobre las responsabilidades de los municipios y los gobiernos regionales ante emergencias de ese tipo, lo que se reactualiza ante lo sucedido en Aysén”.

El parlamentario dijo que “la respuesta de la Contraloría esa presentación fue aboslutamente clara: la responsabilidad es del Estado, que para el caso de las regiones se entiende a través de los gobiernos regionales y las gobernaciones. Tal como lo señala la ley 16.218 que para casos de sismos o catástrofes, en su artículo 19, señala que “los Ministros del Interior y de Defensa elaborarán un plan tendiente a obtener que las FFAA y Carabineros desarrollen un programa” que prepare un plan orgánico para las emergencias que se produzcan a consecuencia de sismos o catástrofes; programar la coordinación de recursos humanos y materiales de los servicios públicos e instituciones asistenciales públicas y privadas, e informar a las autoridades competentes de los problemas críticos que deben ser objeto de medidas preventivas”.

Navarro señaló que “este plan es previo, pues debe “tender” al desarrollo del “programa” de las Fuerzas de Carabineros. Plan y Programa son instrumentos previos, no posteriores. Se debe preparar un plan orgánico “para las emergencias que se produzcan”, no para las que “se hayan producido”. El artículo está escrito en términos condicionales, para las catástrofes que “se puedan” producir. El punto 3 establece que el “programa” debe informar acerca de los problemas que requieran “medidas preventivas”, y no planes preventivos, sino medidas concretas”.

“Lamentablemente -agregó- el Sistema Nacional de Protección Civil adolece de varias fallas. Una de ellas es que aunque en el papel está pensada para adoptar medidas preventivas que sólo deban operativizarse al momento de producirse alguna situación de emergencia o catástrofe, la verdade s que en los hechos es un sistema de apoyo y asistencia humanitaria luego de producido el evento. Lo segundo es que la red que establece la Onemi con las regiones y las comunas es precaria, pues no existen profesionales expertos ni con dedicación exclusiva, y en el caso particular de los municipios, el encargado de emergencia es una funcionario que siempre tiene otras responsabilidades, y es una función para la cual existen recursos sólo para frazadas, colchonetas y canastas familiares”.

Frente al riesgo de un tsunami en particular, el legislador dijo que “el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), abordó el problema instalando una red de sensores sísmicos y poniendo en marcha el programa CITSU, que prepara cartas de información por tsunami para las ciudades costeras más importantes del país, determinando las áreas que serían eventualmente inundadas. No obstante, las medidas de seguridad dependen de gobernaciones y municipios, las que hasta ahora sólo se han implementado en Arica y en Antofagasta. En las ciudades costeras, los puertos, balnearios y caletas del resto del país no se ha hecho nada por falta de recursos o simplemente por que no se ha tomado conciencia del alto riesgo que se corre”.

“En nuestra región -prosiguió- las cartas de información de tsunami del SHOA existentes son las de Talcahuano, Penco, Tomé, San Vicente, Coronel y Lebu. Por ello el 2002, en el marco del Plan Nacional de Protección Civil, se diseñaron planes por riesgos específicos, entre ellos Accesismo (para terremotos) y Accemar (para tsunamis). En este contexto de medidas preventivas y con estos instrumentos los municipios tienen que diseñar sus propios planes de prevención y respuesta, los que debieran activarse cuando el SHOA y la Onemi dan la primera señal de alerta. En esa línea también es responsabilidad de los municipios presentar proyectos que potencien su planificación, no como ha ocurrido ahora en Aysén donde el alcalde reclama falta de apoyo gubernamental, pero en el banco integrado de proyectos no aparece ningún proyecto municipal que sea coherente con su preocupación”.

Navarro finalizó señalando que “en todo caso es claro que la institucionalidad que tenemos en esta materia debe perfeccionarse. La Onemi debe medirse con expertos y entidades internacionales para saber cuál es su verdadera capacidad profesional y operativa; el Estado debe enfatizar una mayor interrelación con universidades y centros de estudios especializados; debe reforzarse el conocimento básico sobre estos temas en la educación; debe insertarse más dinámicamente a la Fuerzas Armadas en este tema; el sector privado debe incoporar este tema en su política de responsabilidad social, y por cierto, deben destinarse todos los recursos que sean necesarios a la información y la prevención”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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