“UNIDADES DE URGENCIA MOVIL PRESENTAN GRAVES RIESGOS”

Diputado Navarro dijo que ambulancias están malas y no pueden correr a más de 40 km/hr.

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Su convicción de que son necesarias “una investigación, una fiscalización a fondo y una adecuada normativa en esta delicada materia” sostuvo el diputado Alejandro Navarro, al denunciar una serie de irregularidades que se producen en el marco de la prestación de servicios de atención médica de urgencia móvil que ofrecen varias empresas, entre ellas Unidad Coronaria Móvil – Rescate Total y Help.

Navarro dijo que “lamentablemente un servicio que se entiende de atención de urgencia, que permitiría salvar una vida, paradojalmente no sólo está arriesgando la de los pacientes sino que la del propio personal que trabajan en ellas, tal como ocurrió el pasado 23 de mayo, a las 4 de la madrugada, en Holanda con Bilbao, en la comuna de Providencia, en que un vehículo de la empresa Help colisionó contra un poste, lo que le costó la vida a la doctora colombiana María Luisa Satizabal –quien estaba embarazada de dos meses y que dejó un hijo de siete meses- y dejó gravemente herido al chofer, Nelson Morales, un carabinero en servicio activo, de la dotación de la 42ª Comisaría de Radio Patrullas”.

“Otro caso grave de los ocurridos a estas empresas –añadió el parlamentario- es el que se produjo hace un año y medio atrás, en que una ambulancia que trasladaba un enfermo grave, colisionó contra un pilar de la línea 5 del metro, falleciendo el paciente y quedando con graves lesiones en su columna vertebral el médico que iba prestándole atención”.

El diputado dijo que tales situaciones de riesgo de agudizan por “una falta de mantención técnica de las ambulancias –las que muchas veces han fundido sus motores o reventado sus neumáticos- lo que cuestiona el que se les lleva a revisar a plantas que son de propiedad de algunos de los mismos dueños de estas empresas de urgencia, a lo que hay que agregar la antigüedad de los equipos que utilizan y que hacen que muchas veces se actúe con negligencia. Por eso le hemos pedido tanto al Ministerio de Transportes y al de Salud que fiscalicen esta situación”.

El legislador del PS dijo que “además que se utilicen vehículos que no son las ambulancias que se promocionan, el que se contraten médicos extranjeros, becados y a honorarios y el que las empresas no se hagan responsables de los fallecimientos que se generan producto de que se demoran mucho más de lo esperado en un servicio de urgencia, son temas de la mayor gravedad y que hay que investigar”.

Evidentemente –agregó- es que la fiscalización sobre este tipo de servicios corresponde a varios ministerios. A Transportes en lo que se refiere a la capacidad técnica real de los vehículos de emergencia y a quienes efectúan su revisión técnica. En el caso de Salud, está todo lo concerniente a la certificación de la idoneidad de los profesionales y su tipo de contratación y, por otra parte, lo que correspondería al Sernac en todo lo referido al cumplimiento de lo establecido en el contrato. Haremos una presentación a este servicio, especialmente en relación con el artículo 16 de la Ley del Consumidor, que caracteriza el término unilateral de contrato -como los establecidos en este tipo de contratos- como cláusula abusiva”.

En lo referido a la fiscalización del sector salud, el parlamentario señaló que “ésta se ve fundamentalmente afectada por el hecho de que la prestación del servicio supera, la mayoría de las veces, los límites administrativos y jurisdiccionales de un determinado servicio de salud. Para evitar que esto siga ocurriendo, presentaremos un proyecto de acuerdo que mandate a la comisión de salud para que constituida en comisión investigadora revise a fondo esta situación y efectúe las recomendaciones normativas necesarias para ajustar este servicio a la legalidad sanitaria”.

“En este contexto –añadió el legislador socialista- un aspecto relevante de la investigación tendrá que referirse a la validez de que si uno contrata un servicio de urgencia, la mayoría de las veces pensando en un traslado rápido a un centro asistencial, la empresa de urgencia haga llegar, a manera de avanzada, un vehículo particular que no es una ambulancia para que un médico ratifique la necesidad de actuar con urgencia”.

Asimismo el diputado dijo que “no es aceptable que la contratación de los profesionales que atienden las urgencias sea mayoritariamente a honorarios, así como tampoco es lo mejor que los pagos sean por pacientes atendidos, ya que este es un sistema perverso que exige una rapidez que muchas veces redunda en errores de evaluación médica y que ha generado una situación de subcontratación de empresas externas de atención médica, para los casos de atenciones de baja complejidad, lo que por supuesto no está en conocimiento de sus usuarios, ya que éstos aunque estos médicos externos no pertenecen a la empresa de urgencia utilizan fichas médicas y recetarios con el logo de ésta”.

Respecto del respeto a los derechos de los usuarios que contratan del servicio, y que pagan entre una UF y 25 mil pesos mensuales, Navarro dijo que ”éstos merecen respeto y no puede ser que la gente llame para solicitar un servicio y el teléfono no conteste, o que luego de contactarse tras 30 ó 40 minutos llame de vuelta un médico para diagnosticar o prescribir algún medicamento por teléfono, o que el profesional de ‘urgencia’ llegue después de una o dos horas de haber llamado. Otro hecho grave es que la gente que ha querido desafiliarse no pueda hacerlo más que una vez al año y sólo cuando se avisa con 60 días de anticipación a que se esté por cumplir un año de contrato, y no cuando no se está conforme, porque de lo contrario se renueva automáticamente”.

Fuente: Prensa Oficina Parlamentaria

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