‘Uso del medidor telefónico se debe resolver según la ley y no por un acuerdo con el ministro’

Diputado Navarro dijo que se repite historia de los cobradores automáticos:

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Su satisfacción por el retiro de la acusación constitucional contra el ministro de Obras Públicas, Javier Etcheberry, a propósito de la demorada puesta en funcionamiento del sistema de medidores telefónicos, manifestó el diputado Alejandro Navarro quien dijo que “sin embargo, el problema no se resuelve mediante acuerdos al margen de la ley, sino mediante el funcionamiento de los organismos fiscalizadores como la Contraloría, obligando -en este caso- a la Subtel a fiscalizar adecuadamente de parte de las empresas el cumplimiento de la normativa vigente desde hace tantos años”.

“Por lo anterior -añadió- es que hemos hecho una presentación el pasado viernes ante el máximo organismo contralor, con el fin de solicitarle reconsidere lo resuelto el dictamen administrativo Nº 026505, de fecha 15 de julio, respecto a la legalidad y cumplimiento efectivo del proceso de fiscalización por parte de la Subsecretaria de Telecomunicaciones a la correcta aplicación del Decreto Nº425 del MOPTT, de fecha 27 de diciembre de 1996, sobre medidor telefónico y responsabilidad en la intervención de los equipos”.

El parlamentario agregó que “ya superada la tentación de utilizar majaderamente la acusación constitucional como mecanismo equivocado de resolución de conflictos por parte de la derecha, debemos retomar el camino de la ley. Ya han pasado cinco años desde la promulgación del Decreto 425 y aún no se ha logrado la implementación de lo que se establece en su artículo 38 que dice que ‘la compañía telefónica local deberá ofrecer facilidades a través de la línea telefónica que permitan al suscriptor local verificar el consumo realizado mediante un medidor conectado a la instalación interior’, es decir del funcionamiento del medidor telefónico”.

Navarro dijo que “después de todo este tiempo creemos que la Contraloría no puede sostener que la Subtel ha actuado correctamente respecto de su obligación de fiscalizar, porque una cosa es que se actúe dentro de la ley y otra es que se actúe con eficiencia y diligencia, lo que claramente en este caso no ha sucedido. Aquí estamos llegando a una situación extrema, similar a la ocurrida con los cobradores automáticos, donde también existía una norma, que nunca se respetó y que en los hechos fue vulnerada mediante acuerdos con los ministros o subsecretarios correspondientes”.

El diputado del PS señaló estar dispuesto “a generar un gran movimiento de usuarios del sistema telefónico afectados por el no cumplimiento de la ley, para reclamar por vía judicial la devolución de los montos que los propios tribunales determinen se cancelaron de manera injusta, sólo porque no contaban con el mecanismo que les permitiera acreditar que ellos no eran los que habían hecho esas llamadas larga distancia o al extranjero”.

“Lo anterior -prosiguió- es lo que además nos lleva al segundo punto de nuestra presentación ante la Contraloría y que tiene que ver con el artículo 35 del Decreto 425, donde se indica textualmente que ‘solo personal de la compañía telefónica local podrá intervenir en los equipos o instalaciones de su propiedad’, que es otro de los puntos que no se cumple y que, a nuestro juicio, permite la existencia de estas irregularidades que sólo perjudican a los consumidores”.

El legislador dijo que “el tema del perjuicio sobre las personas afectadas no es sólo económico, sino también moral, ya que muchos de ellos debieron dejar de cumplir otros compromisos para poder asumir el costo de estas llamadas no hechas. Además, en juicios que ya se han ventilado en los tribunales se ha acreditado que también se violaba su privacidad, al tener ‘pinchada’ la línea y ser escuchados. Incluso hubo denuncias por avisos en los diarios, en que se ofrecían servicios de ‘espionaje telefónico’, situación que culminó con un caso de muerte por un problema sentimental. Lamentablemente, sin el medidor, hoy ninguna compañía puede asegurar que sus líneas no son intervenidas”.

“Nos preocupa -continuó Navarro- que parezca que ahora, luego de una amistosa conversación entre un parlamentario, el ministro y el subsecretario, el problema está solucionado, porque ello no es así. No queremos que se repita la historia de los cobradores en los buses, queremos que esto funcione a la brevedad y para eso estamos solicitando a la Contraloría pueda reconsiderar su visión del tema, porque tenemos la convicción de que más allá de compatibilidades técnicas entre los medidores y los aparatos telefónicos, aquí ha faltado una mayor y una mejor fiscalización de parte de la autoridad”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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