Vamos a controlar descargas de Ralco y Pangue

Senador Navarro anuncia proyecto de ley para evitar situaciones como la del 2006

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“El proyecto de ley que presentaremos, establece las condiciones en las cuales podrá liberarse agua en períodos de alta intensidad pluviométrica, a fin de evitar sucesos dramáticos como los que se vivieron en julio del año pasado, en Hualqui, Chiguayante, Los Ángeles y todas las comunas ribereñas del río Bío-Bío”, señaló el Senador Alejandro Navarro Brain previo a presentar la iniciativa.

Para el parlamentario, esta aspiración cumple con la promesa de la Presidenta Bachelet, “de generar mayor regulación sobre el manejo de la cuenca hidrográfica del país. Este es un sistema falto de legalización, por lo que estamos apuntando en la dirección correcta, es decir, tener capacidad de regulación; ya que la Ley Eléctrica no entrega facultades para poder establecer condiciones a los operadores, en este caso, a los generadores eléctricos”.

“Vamos a tener obligaciones para los operadores de los embalses – continuó -, a fin de mantener y mejorar los sistemas de monitoreo en los caudales de los afluentes y que informen diariamente a la Dirección General de Aguas (DGA); lo que hay que hacer efectivamente, es que de esta manera tengan la transparencia y credibilidad para que la población y cualquier usuario, cualquier ciudadano pueda acceder a estos datos”.

“Este proyecto surge – prosiguió -, tras los efectos devastadores que tuvo una crecida inusual de las aguas en el mes de julio del 2006, entre el 6 y el 13 de ese mes, en la comuna de Los Ángeles y todas las comunas colindantes con el Biobío. Debemos señalar que también hubo precipitaciones pocas veces registradas, con la caída de 389 milímetros entre los días ya citados. Sin embargo, el caudal alcanzó en esa oportunidad a 5 mil 900 metros cúbicos por segundo en este río, el más ancho del país y que a la altura de Concepción es cruzado por diversos puentes, todos ellos de 2 kilómetros de largo. Lo increíble es que esa vez el torrente llegaba a cercanos 2 metros de la losa por donde se desplazan vehículos y personas. Esto da cuenta claramente de que lo que se acumuló en el Alto Biobío, fue una bomba de agua que pudo haber causado muchos más estragos que los que finalmente provocó”.

El Senador por la Región del Bío-Bío adujo estudios para reafirmar sus dichos: “tenemos la convicción de que la relación respecto de la descarga de la represa en momento de mayor acumulación, sí produce un impacto temporal en la crecida del río, ya que se incorpora un mayor volumen del elemento natural. Y eso está plenamente acreditado por los informes de la DGA, en torno a la capacidad de la cuenca y cuánto aumenta esta cada vez que el embalse requiere achicar, agotar el agua contenida”.

“Además – agregó -, en un informe elaborado el año 2001 por el Centro de Ciencias Ambientales, EULA, de la Universidad de Concepción, se cuestionó que Ralco tuviera un efecto positivo en la regulación de las crecidas del Bio-Bio, principalmente debido a los costos económicos que implicaría para Endesa hacer uso en los hechos de esta capacidad de regulación, ya que las represas en Chile han sido diseñadas y son operadas sólo con el objetivo de generar energía eléctrica en forma eficiente y no para el control de crecidas de los caudales de los ríos. Esto se explica en que para regular las crecidas, se debe dejar una fracción del embalse sin agua, lo que tiene un costo en términos de capacidad de generación, por lo que deben procurar durante los meses de invierno llenar y mantener al tope la presa, para de este modo contar con la capacidad de producir electricidad durante los meses de primavera y verano, cuando las lluvias bajan considerablemente. En consecuencia durante la época de mayor ocurrencia de crecidas el embalse está completo, con muy poca o nula posibilidad de regulación”.

“Junto con esto, el Banco Mundial creó la Oficina del Mediador en Asuntos de Interés Público, ante el cual los vecinos de Hualqui y otros poblados ribereños junto a comunidades pehuenches, presentaron sus quejas durante el 2002. La investigación concluyó con un informe que señalaba la inexistencia de un plan de respuesta en caso de emergencia, que estuviese conocido o entendido por las comunidades que viven río abajo de la represa y que no había noticia previa de las descargas planificadas de la represa”, indicó el legislador.

“De esta forma, nos encontramos con una gran cantidad de antecedentes que nos permiten reafirmar nuestra iniciativa. Queremos que se establezcan facultades para la Oficina Nacional de Emergencia, de manera que pueda declarar estado de alerta de crecida y que efectivamente declarado este, en seis horas los operadores deban presentar un plan de contingencia. Se hace necesario entonces, acabar con la impunidad con que actúan las grandes hidroeléctricas, al no hacerse responsables de los impactos ambientales, materiales y humanos que genera la apertura de sus compuertas durante los temporales, sin que exista norma alguna que las obligue a responder por los daños causados”, finalizó Navarro Brain.

Prensa Oficina Parlamentaria

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