De acuerdo al Parlamentario, “SQM y la ley de pesca han destruido la institucionalidad democrática del ejecutivo y del congreso”.

El senador de País, Alejandro Navarro, se refirió a las últimas acusaciones que ligan al renunciado Subsecretario de Pesca y suspendido militante del Partido Socialista, Raúl Súnico, y a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe de la UDI, al tráfico de influencias y pagos irregulares de parte del la Asociación de Industriales Pesqueros en el contexto de la tramitación de la Ley de Pesca.

“Las evidencias son claras e irrefutables y en buena hora vienen a ratificar nuestra convicción, acerca del modo en que los dueños de la pesca industrial capturaron el poder político para obtener una ley que los favoreciera”, dijo el legislador por el Biobío, tras conocer la lista incautada por la PDI en dependencias de la Asipes, donde estarían registrados los aportes de empresas pesqueras a dirigentes políticos, tanto de partidos oficialistas como de oposición.

Para Navarro “acá no se trata, tanto de la legalidad o ilegalidad de los montos traspasados, sino la evidente intención de influir en la deliberación de los representantes de la ciudadanía en el Congreso”.

Ante ello, el parlamentario de País calificó como inaceptable el inmovilismo del gobierno: “tenemos a parlamentarios investigados, formalizados y condenados, correos con evidencia de como las pesqueras influían en la redacción de la ley, un subsecretario manejado por las pesqueras, una presidenta de la Comisión de Pesca del Senado, un diputado y un ex ministro que eran pauteados por los industriales, millonarios montos con aportes reservados a parlamentarios de todos los sectores, listados con montos y apellidos de parlamentarios receptores, computadores hackeados y boletas truchas”.

“El gobierno no puede esperar ni un día más, es imperioso que patrocine y ponga urgencia al proyecto que pide la nulidad de la ley de pesca, que hoy duerme en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados”, recordó

De acuerdo a Navarro, “el gobierno debe entender la gravedad del asunto, acá estamos ante un nuevo caso de abuso empresarial, y de maridaje entre política y negocios de alcances gravísimos. El caso SQM y el ahora caso Ley de Pesca, han destruido la legitimidad democrática del Ejecutivo y de este Parlamento”.

“Oponerse a la ley de pesca hoy es un tema país, no solo los pescadores, sino todos y cada uno de los chilenos debe protestar porque luchar contra la ley de pesca es luchar contra la corrupción y defender el Estado de Derecho”, enfatizó

El senador por la Región del Biobío recordó que, por denunciar estos mismos hechos fue censurado de la Vicepresidencia del Senado el año 2015: “lo dijimos estando en la mesa del Senado, hicimos un emplazamiento a todos los parlamentarios a transparentar los aportes reservados de las pesqueras, y fuimos destituidos por 30 votos contra 2 de la Vicepresidencia de la Cámara Alta, en una señal de defensa corporativa de parte de los mismos sectores políticos que hoy están siendo investigados por la Fiscalía”.

Respecto al caso puntual de la senadora de la UDI, Alejandro Navarro fue enfático señalando que “el diálogo revelado en los correos habla más de una relación de negocios, en la que Van Rysselberghe actúa como embajadora de ASIPES en el Senado, que de una relación de amistad, porque seamos francos” – continuó – “la senadora que es médico psiquiatra poco y nada sabía de pesca en su primer año en ejercicio cuando presidió la comisión, pero lo que si sabía y sabe muy bien, es alinearse con los empresarios”.

De acuerdo al parlamentario, “poco le duró la alegría a quienes apoyaron a Jacqueline como presidenta de la UDI popular y ahora también pesquera; tendrán que decidir si mantiene su apoyo a una persona que ha faltado a la ética de esta manera. Nosotros, la llevaremos al Comité de Ética del Senado para que responda”.

Finalmente, el senador de Partido País dijo que, “de no haber una señal contundente del Ejecutivo en torno a la nulidad de la ley de pesca, arriesgan pasar a la historia no solo por ser uno de los gobiernos con mayor reprobación ciudadana producto de la ambigüedad de las reformas, sino que como cómplices de la corrupción de la ley de pesca”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA