“IDIEM debe determinar si procede demolición de las 509 viviendas en Coronel”

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  • Para Navarro “El SERVIU está inhabilitado para determinar si procede o no la demolición de las casas en Coronel, toda vez que ellos fueron quienes en su momento dieron visto bueno a las obras, por lo que se requiere un informe externo que determine las causales del deterioro de las viviendas”.
  • El senador del MAS dijo que “aquí existe responsabilidad política y administrativa por parte del Municipio de Coronel, específicamente del Director de Obras Municipales, quien recepcionó las obras, lo que provocó que las boletas de garantía hayan sido devueltas a la Constructora dejando al Serviu sin ninguna posibilidad de pedir reembolso”.

El senador del MAS Alejandro Navarro ofició a la Ministra de Vivienda y Urbanismo Paulina Saball, para que un equipo externo de ingenieros y arquitectos del Instituto de Investigaciones y Ensayos de Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile, realice una estudio externo al de Serviu, a las 509 viviendas de Paso Seco Sur en Coronel que deberían ser demolidas por estar estructuralmente mal construidas.

Para el parlamentario de la región del Biobío “el SERVIU está inhabilitado para determinar si procede o no la demolición de las casas en Coronel, toda vez que ellos fueron quienes en su momento dieron visto bueno a las obras, por lo que se requiere un informe externo que determine las causales del deterioro de las viviendas”.

A juicio del senador del MAS “hoy sería un craso error demoler las viviendas, ya que se haría limpieza de la escena de crimen, borrando las evidencias, para así evitar la actuación de la Fiscalía u otro organismo fiscalizador”.

Agregó que “es inviable demoler antes de tener un estudio técnico acabado, toda vez que lo que ha dicho el SERVIU es que las viviendas pueden ser reparadas, solo que es más caro reparar que demoler, lo que debe ser corroborado por otro organismo técnico especializado como IDIEM”.

Responsabilidad del Municipio de Coronel

Por otra parte, el senador del MAS sostuvo que “aquí existe responsabilidad política y administrativa por parte del Municipio de Coronel, específicamente del Director de Obras Municipales, quien recepcionó las obras, lo que provocó que las boletas de garantía hayan sido devueltas a la Constructora dejando al Serviu sin ninguna posibilidad de pedir reembolso”.

Agregó que “lo que esperaría del alcalde de Coronel, no es que se autodenuncie en la Fiscalía o en la Contraloría, lo que esperaría es que inicie un sumario interno con el fin de determinar las responsabilidades que caben al interior de su administración”.

“El municipio fue quien recepcionó oficialmente esas viviendas, por lo que no puede intentar desligarse de su responsabilidad. No parece prudente ni razonable que el alcalde de Coronel hoy quiera lavarse las manos como Poncio Pilato”, añadió.

Cambio del proyecto durante el gobierno de Piñera

Asimismo, el parlamentario señaló que “si bien, este proyecto habitacional fue iniciado durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, este fue cambiado en sus especificaciones técnicas durante la administración de Sebastián Piñera”.

Navarro aseguró que “en un principio el proyecto cuando fue ingresado el 20 de diciembre del 2010 iba a ser construido en madera, lo que fue cambiado 21 días después a metalcon por el director de Serviu de la época, por tanto la investigación debe hacer énfasis en este hecho que puede resultar determinante”.

Para el senador del MAS “esta situación es mucho más grave que lo ocurrido el año 2001 con el Barrio Modelo en Concepción, cuando 805 viviendas sociales fueron construidas en terrenos de mala calidad”.

Esto, argumentando que “la pérdida para el SERVIU no solo son los 6 mil millones que costó construir las viviendas, a esto hay que sumarle los 8 mil millones que cuestan las nuevas viviendas, más los costos de demolición y los subsidios de arriendo que deben entregarse a las familias”.

Para Navarro “aquí se ha defraudado a las familias, por lo que es inaceptable que esta empresa constructora hoy esté construyendo otros proyectos habitacionales en la región del Biobío, por lo que la señal política que se espera de SERVIU es poner término a la relación contractual que exista con el Estado, en una medida precautoria”.

Finalmente el congresista indicó “yo quiero saber quiénes son los dueños de la Egis Fergo Ltda, quienes son los dueños de la constructora V. y A. Ltda,  los responsables de esta situación deben dar la cara, no se pueden esconder tras una sociedad limitada, cuando aquí lo que se ha provocado es un daño financiero y social irreparable. La vivienda social no puede seguir siendo ganancia a ‘chipe libre’ para empresas constructoras inescrupulosas”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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