Informe de Contraloría reafirma la relatividad en la Ley de exonerados políticos

  • Informe señala que: La calificación de exonerado político es exclusiva del Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior, el que, una vez formada la convicción del carácter político de la misma, resolverá también privativamente, sobre el otorgamiento de los beneficios

Afirmando que “las cartas que los diputados, senadores, alcaldes u otras autoridades entregamos a personas que postularon a la pensión de exonerado político no son requisitos ni es determinante para que el Ministerio del Interior entregue dicho beneficio”, respondió el senador Alejandro Navarro, quien fue aludido en el programa Contacto de canal 13, que revisó 1.000 casos de postulaciones entre los cuales 7 estaban con una carta del legislador.

Imagen: liberacion.cl

Navarro señaló que “no hay nada ilegal en la entrega de cartas por parte de las autoridades. En mi caso las que firmé fueron en base a los antecedentes que me presentaron las personas, incluso con testimonios de testigos que aseguraban los hechos y teniendo en consideración además, que todos los documentos oficiales habían sido destruidos por la propia Dictadura, por lo que era obvio que no podía presentar un certificado de finiquito o la adhesión al partido político respectivo. Uno, obviamente, también se basa en el principio de la buena fe y en la honestidad de las personas”.

Respecto de su opinión sobre lo “relativo” de Ley de Exonerados políticos, Navarro reiteró dicha frase comentando que “lo que dije es sobre la base del propio informe de Contraloría, que respecto a la calificación de exonerados políticos, indica el carácter exclusivo del Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior para otorgar la Pensión y reafirma la relatividad en el tema de la selección, toda vez que el mandatario ‘una vez formada la convicción del carácter político de la misma, resolverá también privativamente, sobre el otorgamiento del beneficio’”.

Los dichos del legislador del MAS se sustentan en el numeral 3 del informe de Contraloría, bajo el título: Calificación de exonerado político a que se refiere el artículo 10° de la Ley de Exonerados Políticos. Allí señala de manera textual que “Al respecto, la disposición precitada establece, en lo que interesa, que la calificación de exonerado político será hecha en forma privativa por el Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior, el que, una vez formada la convicción del carácter político de la misma, resolverá también privativamente, sobre el otorgamiento de los beneficios de cargo fiscal que se autorizan en conformidad con los artículos 3 y siguientes de la citada ley”.

Navarro lamentó “que haya un afán por cuestionar y perseguir a todos los beneficiados, que en la Dictadura sufrieron con la tortura síquica de la persecución y el despido de sus trabajos. Aquí es necesario hacer un alto y no echar a todos en un mismo saco como se pretende dejar explícito en la opinión pública ni tampoco desviar la atención o minimizar que durante la dictadura existió sistemáticamente exoneración de carácter política en el sector público y en empresas que se privatizaron”.

Sin embargo, manifestó que “si hay antecedentes de irregularidades se deben presentar a la justicia e investigar. Pues si hubo personas que postularon y mintieron al Estado y entregaron información falsa deben ser sancionadas, como en cualquier caso”.

Caso Lozapenco

Dijo además que “quiero dejar en claro que aquí hay un proceso de calificación por parte de una Comisión, que revisa los antecedentes de los postulantes y evalúa dicha condición. Y tal como lo dijo una de las asesoras de esa instancia en el propio programa Contacto, las cartas de políticos no son consideradas como un documento para entregar un beneficio, pues sólo es una carta más, que por Ley no se solicita”

El senador expresó que “lo que han tratado de difundir a la opinión pública es que con los certificados de los diputados, senadores o alcaldes se calificaba para obtener la pensión de exonerados y nunca ha sido así. El proceso es claro: se eleva una solicitud al Ministerio del Interior, una comisión evalúa y si calificaban se procedía a enviar los documentos al IPS y a la Contraloría en el caso de funcionarios públicos”.

Además, Navarro indicó sobre las 7 cartas que firmó y que la Contraloría consideró que no calificaban, que “esta selección no es individual sino que es colectiva. Primero se verifica a la empresa y luego se debe acreditar haber trabajado en ella. Por lo que el rechazo de la calificación a los que aparecen mencionados en Contacto, tal vez sean trabajadores que les tocó laborar en una Empresa que pasó un caso similar a LozaPenco. Esta industria que fue vendida por la Corfo a un Privado, pero como no pagó, no se traspasó la propiedad. Entonces hubo un dilema de si era pública o privada, y es precisamente eso lo que se evalúa. Es decir, pudieron los trabajadores ser exonerados pero a juicio de la Contraloría no califican por el carácter de la fábrica”.

Ver informe aquí

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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  1. José
    Diciembre 20, 2011

    Cuanta razon tiene el Senador Navarro. En mi caso en particular fui exonerado de la UTE, pero al buscar registros, los mismos habian desaparecido. – Como quise seguir viviviendo en mi pais, trabajé como docente haciendo una suplencia en la enseñanza media, luego trabaje como profesor de EGB, de ahi debi salir, puesto que la directora se enteró que yo habia estado preso (Estadio Chile y luego trasladado el Estadio Nacional). Debi pasar (tambien) por la tortura de tener que relatar los hechos sucedidos para ser reconocido como preso politico y torturado. – Me surge una interrogante ¿Que tiene que ver haber sido preso politico con haber sido exonerado?? – ¿por que son incompatibles (a la hora de cobrar) ambos “beneficios”?,

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