INICIATIVA BUSCA EVITAR QUE AUTORIDADES PÚBLICAS -ESPECIALMENTE EN CARGOS DE CONFIANZA DEL PRESIDENTE- PASEN AL SECTOR PRIVADO EN ÁREAS DONDE HAYAN MANEJADO INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

Diputados Navarro, Sánchez y Silva se reunieron con ministro Alvaro García
PRESENTAN PROYECTO PARA PREVENIR INFLUENCIA DESDE Y HACIA EL SECTOR PÚBLICO

navarro_biobio

Un proyecto de ley que busca establecer inhabilidades para los funcionarios públicos, especialmente para aquellos que ejerzan cargos de confianza del presidente de la República, en el sentido de que no puedan pasar del sector público al privado o viceversa, en áreas en que hayan manejado información estratégica presentaron al Ministro Secretario General de la Presidencia, los diputados Alejandro Navarro (PS), Leopoldo Sánchez (PPD) y Exequiel Silva (DC).

“Esta iniciativa –señalaron los diputados- por medio de la reforma a la ley 18.575, busca establece un plazo mínimo de dos años para que algún personero que haya ocupado altas responsabilidades en el aparato del Estado en un área específica., no pueda pasar inmediatamente a cumplir tareas en el sector privado que tengan relación directa con su cargo anterior, fundamentalmente con el fin de evitar que el manejo de información reservada o estratégica sea utilizada con poca transparencia y en situaciones de interés personal, de tal forma que atenten contra las normas básicas de probidad que son exigibles a una autoridad de rango superior”

De acuerdo a lo señalado por Sánchez “es cada día más importante el manejo que los gobiernos tengan sobre la ética y probidad de sus funcionarios. Ello por cuanto este factor constituye un parámetro valorado a nivel de las relaciones políticas y comerciales internacionales. Además, un buen manejo y control de la probidad pública fortalece las bases democráticas del sistema y de cada una de sus instituciones consolidando el estado de derecho y consiguientemente las confianzas necesarias entre Estados”.

Por su parte, Silva dijo que “un buen sistema de probidad pública permite que se genere un clima de buena convivencia social eliminando inequidades, abusos o arbitrariedades, al percibirse una gestión pública transparente y al servicio de la gente. El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con predominio del interés general sobre el particular”.

Navarro agregó que “este principio tiene múltiples expresiones normativas; por ejemplo, todas las normas recientemente promulgadas sobre declaración de intereses o sobre publicidad de los actos administrativos y acceso a la información pública. Sin embargo, el ordenamiento jurídico chileno aún presenta deficiencias fuertes en materia de probidad administrativa. De hecho la ley 19.653 que incorporó materias como las recién señaladas, dejó al mismo tiempo fuera una serie de otras materias de igual o mayor importancia, tales como la declaración de patrimonio de las autoridades públicas y muchas otras incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones de desempeño del cargo público”.

Los legisladores concertacionistas indicaron que “en materia de incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones de desempeño del cargo público la legislación chilena ha dejado vacíos y desregulaciones enormes que requieren ser prontamente subsanados. En efecto –agregaron- se nos presentan periódicamente casos o situaciones de autoridades políticas que ingresan a la administración del Estado habiendo ejercido u ocupado altos cargos estratégicos en el ámbito empresarial privado y, viceversa, autoridades que dejan los sillones de la administración pública para, al día siguiente, ocupar el sillón situado justamente al frente del escritorio en que ejercían la función pública”.

Respecto de la actual normativa sobre la materia Sánchez señaló que “Chile no cuenta con una regulación orgánica sobre probidad administrativa. Ni siquiera contaba con regulaciones básicas hasta hace un par de años, cuando por medio de una reforma a la ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, se introducen algunas normas sobre probidad”.

Sobre lo mismo, Exequiel Silva recordó que “dicho cuerpo legal señala que todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las prohibiciones o limitaciones establecidas por ley, y que estas actividades deberán desarrollarse siempre fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados”.

A su vez el diputado Navarro recordó que “son incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan; y la representación de un tercero en acciones civiles deducidas en contra de un organismo de la Administración del Estado, salvo que actúen en favor de alguna de las personas señaladas en la letra b) del artículo 56 o que medie disposición especial de ley que regule dicha representación y que, del mismo modo, son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral , con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad, actualmente, se mantiene hasta seis meses después de haber expirado en sus funciones.”

Según indicaron los parlamentarios al ministro García “el presente proyecto busca precisamente recoger las regulaciones existentes en la mayor parte de los países con legislaciones modernas sobre probidad, con el objeto de incorporar un sistema de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que permita transparentar en mayor medida el ejercicio de la función pública y, es con este propósito que planteamos una reforma a la nueva ley 19.653 “sobre probidad administrativa aplicable de los órganos de la administración del Estado”, que a su vez reformó sustantivamente la ley orgánica constitucional N°18.575 sobre “Bases Generales de la Administración del Estado”.

La propuesta concreta indicó el diputado PPD de la XI Región, “es un impulso para una reforma mayor, un proyecto acotado al establecimiento de la inhabilidad para desempeñar la función pública si antes se ha ejercido actividad lucrativa en el mismo ámbito, así como la prohibición de desempeño posterior de actividades lucrativas igualmente relacionadas con la gestión pública que se desempeñó”.

“Para ello –acotó el parlamentario DC- debe crearse una nueva inhabilidad legal que consista precisamente en la imposibilidad de ejercer funciones o cargos públicos si con anterioridad se han desempeñado actividades privadas en el mismo ámbito de materias, en particular si se pasa de fiscalizado a fiscalizador. Ello por el período de 2 años”.

“De similar modo –señaló el legislador socialista- se debe incorporar una prohibición legal de desempeño privado de actividades relacionadas con el cargo público que se ha desempeñado, con el propósito de evitar el traspaso de información privilegiada o de ejercer influencias en beneficio propio. Esta propuesta legislativa se acota, sin embargo, a los funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República, dada el excesiva número de los funcionarios pertenecientes a la administración pública y la inconveniencia, por lo demás ajena a nuestra voluntad, de limitar excesivamente la libertad laboral”.

El proyecto introduce las siguientes modificaciones a la ley 18.575:

1.- Agrégase al art. 56 la siguiente letra d), nueva :

“d) Las personas que hayan desempeñado actividad lucrativa en una entidad sujeta a fiscalización del organismo al que se postula. Esta inhabilidad regirá durante los 2 años anteriores a la asunción al cargo público y sólo será aplicable a los cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República.”

2.- Reemplázase el inciso final del art. 58 por el siguiente :

“Del mismo modo, les está prohibido a los ex funcionarios públicos que ostenten cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República, desarrollar cualquier actividad lucrativa en entidades del sector privado sujetas a la fiscalización del organismo público al que perteneció el funcionario, por el período de 2 años a contar de la cesación en el cargo público.”

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

Tags:
0 shares

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público.