Piden plena vigencia de leyes sobre CONAF y Areas Protegidas

Diputado Alejandro Navarro (PS) autor de proyecto de acuerdo:

proyecto

Una petición al gobierno “para que adopte todas las medidas para que entren en plena vigencia la ley 18.348 que disuelve la CONAF privada y crea la CONAF pública, así como la ley 18.362 que crea el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) que regula en forma orgánica los derechos, facultades, obligaciones y fines inherentes a las áreas protegidas” formula el proyecto de acuerdo N°540 que fuera presentado por el diputado Alejandro Navarro, con la adhesión de otros 13 parlamentarios.

El parlamentario recordó que “la CONAF tiene la misión de ‘garantizar a la sociedad el uso sostenible de los ecosistemas forestales y del patrimonio natural’, mediante la fiscalización del cumplimiento de la legislación forestal, la administración del SNASPE, la administración de instrumentos de fomento de la actividad forestal y la protección de los recursos forestales. Hoy la CONAF administra un total de 94 predios entre reservas nacionales, parques nacionales y monumentos naturales, que suman 14,1 millones de hectáreas”.

Navarro dijo que “no obstante, creemos que la actual naturaleza de la CONAF como órgano de derecho privado, le resta facultades legales y posibilidades reales de efectuar su acción con eficacia. Por ello la CONAF debería tener una naturaleza pública, cuya misión debería ser no sólo referida a lo forestal y a la administración de áreas protegidas, sino que a la defensa de los recursos naturales renovables en general”.

El legislador indicó que “por su parte, el SNASPE corresponde a aquellos ambientes naturales, terrestres o acuáticos que el Estado protege y maneja para lograr su conservación. Actualmente este sistema está formado por 31 parques nacionales, 48 reservas nacionales y 15 monumentos naturales, que cubren el 19% del territorio nacional y que fueron visitados por casi un millón 200 mil personas el año 2003”.

“Pese a toda esta institucionalidad -agregó- la ley 18.348, que crea la CONAF con personalidad jurídica de derecho público, aún no se encuentra vigente. Es decir, que actualmente tenemos un sistema nacional de áreas protegidas, pero sin un órgano público que lo administre. Esta debilidad y vacío institucional se ha manifestado en casos concretos que han afectado la imagen nacional e internacional del Estado de Chile, debido a la ineficacia y a ausencia de facultades y recursos públicos necesarios para la consecución de los objetivos ambientales y patrimoniales de la CONAF”.

Navarro señaló que “entre estos casos concretos que se han producido en el país están la tala ilegal del alerce en la Décima Región; la autorización de extracción de sulfato en el Salar de Pujsa, en la Segunda Región, afectando la Reserva Nacional Los Flamencos; la aprobación de un proyecto para extraer agua de los pozos existentes en el Parque Nacional Lauca; y ahora último la tragedia ambiental producida por la muerte masiva de los cisnes en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, en Valdivia”.

“Todos estos hechos -añadió- demuestran la debilidad institucional de la CONAF, que es el organismo encargado de la aplicación nacional de la Convención RAMSAR sobre humedales, que Chile ratificó y convirtió en ley en 1981. CONAF también es el responsable de la ejecución del Convenio de Diversidad Biológica, también ratificado por Chile, es decir que a pesar de tener personalidad jurídica de derecho privado, sin facultades legales fuertes, responsabilidades, ni competencias de derecho interno, con la debilidad institucional que ello acarrea, tiene responsabilidades de derecho internacional respecto de las áreas protegidas y de las especies que allí se albergan”.

El parlamentario indicó que “entonces, cuando existe una ley para constituir una CONAF pública, que es la 18.348, de 1984, ésta tiene como condición suspensiva de vigencia la dictación de un Decreto Supremo para disolver la CONAF actual. De la vigencia de esta misma ley depende la vigencia de la Ley 18.362 que regula en forma orgánica los derechos, facultades, obligaciones y fines inherentes a las áreas protegidas”.

Finalmente, Navarro señaló que “cuando estas leyes estén en plena vigencia y tenga así mayores y más reales facultades, la CONAF será, por fin, la institución que todos queremos, y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tendrá, como corresponde a un país con las riquezas naturales que tenemos, un sustento legal fuerte, sin las ambigüedades actuales, con una administración efectiva y eficiente”.

Prensa Oficina Parlamentaria

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