¿POR QUÉ DIPUTADOS INVESTIGA A MICROSOFT?

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Windows, Word o Excel incluye mucha información innecesaria, parte de ella accesible solo a los que conocen la fórmula para entrar.

El protector de pantalla de cualquier Windows reciente contiene imágenes con el nombre de cada uno de los volcanes que existen en la tierra. Excel 2000, incluye un magnífico juego de carreras de autos de asombrosa calidad gráfica.

¿Qué hacen en nuestro computador esos volcanes y juegos inaccesibles? Ocupan memoria.

A principios de los 90, bastaba un PC con ½ mega de memoria principal (0.5 MRAM, equivalente a un libro de 150 páginas) para usar con comodidad el trío Windows, Word, Excel, programas indispensables para escribir y calcular. La versión 2000 de estos programas exige 128 MRAM; esto es: un PC 250 veces más grande. Las versiones 2.001 ya exigen el doble de esto. En conclusión, después de diez años de desarrollo tecnológico se necesita un computador 500 veces mas grande para escribir y sumar.

¿En que otro sector de alta tecnología se requieren equipos cada vez mayores para hacer lo mismo?

Bueno es recordar cuanto han disminuido de tamaño una filmadora o un motor elemental (ya los hay que miden algunos millonésimos de centímetro)

La necesidad de computadores cada vez mayores para hacer lo mismo obliga a comprar una nuevo PC cada dos o tres años. Esta es una de las muchas consecuencias de permitir un monopolio en el área de programas básicos para computadores personales.

El 28 de Junio del 2001, una Corte de Apelaciones de USA confirmó que Microsoft incurrió en numerosos delitos y que usa su monopolio en Windows para ser monopolio en otras áreas, siendo la mas peligrosa de éstas, el acceso a Internet. La Corte además echó atrás la decision de dividir Microsoft en dos empresas, porque consideró que esta medida puede no ser eficaz para contener la conducta ilegal de Microsoft, y solicitó diseñar medidas efectivas.

El 06 de Julio el gobierno de USA exigió a la corte de Apelaciones mayor celeridad en las acciones contra Microsoft “en vista de la excepcional importancia del caso y el gran interés del público en emitir un decreto que ponga efectivo remedio a la conducta ilegal de Microsoft”

El 23 de Julio el Senado de USA decidió investigar niuevamente a Microsoft, esta vez con respecto al Windows XP, próximo a salir al mercado, cuyos ilícitos de diseño y comerciales ya precupan a muchos sectores de la sociedad y la economía americana. Los Senadores han intentado esta semana que los 18 Estados que demandaron a Microsoft tomen acciones contra el Windows XP, antes de que salga en venta, porque “impide la competencia en Internet” y “podría causar grave daño a los consumidores”.

El propio 23 de julio la revista Busines Week denuncia y da evidencias de una “feroz campaña publicitaria” ilegal desarrollada por Microsoft para influir en las decisiones del Senado de USA.

Es bueno que Chile haya reaccionado rápido (el 4 de Julio del 2001) y que sea el primer país del mundo (aparte de USA), cuyo Cámara Baja decide investigar el tema, analizar si los derechos de Microsoft son legítimos (esto es, no provienen de acciones al margen de la ley) y determinar el costo que tiene para el país la existencia de un monopolio en áreas que incluso afectan derechos humanos como son el derecho a la propiedad, el derecho a informarse y comunicarse libremente y el derecho a disfrutar de la cultura y de los beneficios derivados del desarrollo tecnológico, por mencionar solo algunos.

La decisión de la Cámara de Diputados fue por unanimidad. Cuesta pensar que sea resultado de la acción solitaria de un académico local. Es fruto de una mayor conciencia acerca del tema y de que la propia Cámara hoy se ve exigida a pagar cientos de miles de dólares para comprar programas que le permitan seguir haciendo lo mismo. Además, muchos diputados, al visitar desde el extranjero sus propios sitios web, han observado que solo ven el 70% de éstos, prodigio que también es resultado de los ilícitos de Microsoft

Antonio García V.
Empresario. Ingeniero Civil.
Autor del libro “StopGates.now”, Madrid, 1999.

Fuente: Oficina Parlamentaria

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