“PROPUESTA DE REFORMA DEL FINANCIAMIENTO ESTUDIANTIL DE LA EDUCACION SUPERIOR”

apartheid-educacional

Borrador de Discusión.

1. El sistema de educación superior comprende universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Su matrícula prácticamente se ha duplicado en los últimos diez años, superando hoy día a los 400.000 estudiantes. Este proceso constituye una buena noticia para el país, puesto que incrementa el contingente de recursos humanos calificados y las consiguientes posibilidades de desarrollo económico y social.

2. El financiamiento de la educación superior tiene un fuerte componente de cobro de aranceles. En el caso de las universidades el arancel promedio anual es alrededor de US$ 2,000 ($ 1,200,000), con un rango de fluctuación de US$ 1,500 a US$ 3,000 según carreras e institución. Para las entidades agrupadas en el Consejo de Rectores el ingreso por concepto de aranceles representa un 126% de los aportes fiscales directo e indirecto, mientras que para el resto de las instituciones del sector –nuevas universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica – el ingreso por aranceles representa prácticamente la totalidad de su financiamiento.

3. La política que basa parte importante del financiamiento de la educación superior en el cobro de aranceles tiene por fundamento la elevada tasa de retorno privado asociada a los estudios superiores. En efecto, en Chile el salario promedio de los trabajadores con educación universitaria completa es alrededor de cuatro veces superior a los egresados de la educación secundaria. Esta brecha de ingresos es uno de los factores que determinan la desigual distribución de ingresos existente en el país y justifica cobrar a los beneficiarios (al menos parte) del costo de la educación superior.

4. Al mismo tiempo, la mayor parte de las familias carece en el presente de los recursos necesarios para financiar el costo de los estudios superiores de sus hijos. Considere a tal respecto que un 80% de los hogares posee un ingreso mensual inferior a $ 650.000 (encuesta Casen 1998). El acceso a instrumentos de financiamiento estudiantil es indispensable para todos estos casos. Al respecto, no es consistente una política que exige financiar los costos de la educación a partir de los ingresos de los beneficiarios y que no provea los medios que hacen posible tal práctica.

5. Una política de financiamiento estudiantil incluye tres tipos de componentes: créditos, becas y ahorro previo. El crédito representa el mayor volumen de recursos (real y potencial) de la ayuda estudiantil, estando sujeto a una serie de insuficiencias en su actual modalidad. Las becas están orientadas a los estudiantes de mayor mérito y menos condición socioeconómica, representando un volumen sustancialmente menor de recursos. Por su parte, deben generarse incentivos para el ahorro de modo que esta fuente de financiamiento tenga un papel más importante a futuro.

6. El crédito estudiantil provee un puente entre los futuros ingresos laborales y la disponibilidad actual de recursos familiares. El crédito estudiantil en Chile se introdujo junto a la política de cobro de aranceles, a comienzos de los 80s, transitando por distintas modalidades hasta converger al esquema actual denominado Crédito Solidario. Este posee las siguientes características:

  • Cobertura: estudiantes de ingresos bajos y medios que asisten a universidades del Consejo de Rectores
  • Administración: fondos descentralizados en las 25 universidades
  • Financiamiento : recuperaciones y nuevos aportes fiscales
  • Condiciones de pago: contingente al ingreso (5%), durante un período máximo de 15 años, con tasa de interés del 2% y 2 años de gracia.

7. Existe también un relativamente pequeño sistema de crédito administrado por bancos comerciales a partir de fondos provistos y garantizados por el Estado (CORFO). Este tipo de crédito no es de carácter contingente a los ingresos y está orientado a financiar estudios de postgrado (con rentabilidad privada), así como a estudiantes de pregrado de estratos de ingreso medio-altos que puedan proveer las garantías (avales) que requieren los bancos.

8. Otra fuente de ayuda estudiantil son las becas Mineduc, las cuales son asignadas a las universidades del Consejo de Rectores para su posterior distribución entre los estudiantes. Un programa más reducido son las becas Gomez Millas, las que son asignadas directamente a estudiantes sin restricción del tipo de institución al cual asisten. No existe una clara distinción en la práctica entre el crédito solidario y las becas Mineduc. Ello puesto que las universidades hacen un “pool” de ambos tipos de recursos para luego proceder a asignarlos a los estudiantes de las más variadas maneras.

9. Por su parte, no existen antecedentes respecto de la importancia del ahorro previo para financiar los estudios superiores. Sin embargo, los antecedentes indirectos disponibles sugieren que se trata de un instrumento insuficientemente desarrollado y que ofrece potencial hacia futuro puesto que resta presión sobre la política de créditos y becas, a la vez que ofrece a las familias una alternativa que es muchas veces preferida al endeudamiento.

10. La cobertura de los instrumentos vigentes de financiamiento estudiantil es notoriamente insuficiente. En primer lugar, los principales programas (crédito solidario y becas Mineduc) solo benefician a los estudiantes de las 25 universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, excluyendo a la otra mitad de la matrícula del sistema que asiste a universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. de ayuda estudiantil. Este segmento de estudiantes depende casi exclusivamente de los recursos familiares para financiar sus estudios. Como resultado las instituciones no pertenecientes al Consejo de Rectores tienden a estratificarse en segmentos de ingreso/calidad. En el extremo superior hay entidades que proveen educación de razonable calidad a aranceles altos que pueden ser solo financiados por estudiantes de elevados ingresos familiares (universidades privadas autónomas); en el cola inferior están las instituciones que se orientan a segmentos de ingresos medios-bajos, cuya reducida capacidad de pago resulta en una oferta educativa de baja calidad (la mayor parte de los CFT).

11. Por otra parte, los estudiantes que son elegibles para ayuda estudiantil (Consejo de Rectores) están sujetos a racionamiento –en particular de crédito- debido a restricciones en la oferta de fondos. Esta proviene de dos fuentes: recuperaciones de antiguos créditos y nuevos aportes fiscales. La primera fuente provee bajos recursos debido a la presencia de fuertes subsidios en las condiciones de pago de los créditos y porque es probable que las tasas de morosidad sean altas. La segunda fuente de fondos está sujeta a las restricciones propias de las partidas del presupuesto fiscal. Como resultado, los créditos son destinados a los estudiantes de más bajos ingresos, dejando sin la cobertura necesaria a las capas medias.

12. Es peculiar notar que bajo el sistema actual los incrementos en la demanda por crédito se transforman en problemas fiscales para el gobierno, los cuales son resistidos por la autoridad presupuestaria que debe compatibilizar usos y disponibilidad de recursos públicos. El resultado es que la inversión en educación se ve restringida por el presupuesto fiscal. Esta situación es entendible en países que depositan el peso del financiamiento de la educación en fondos fiscales, pero resulta contradictoria en Chile donde el financiamiento de la educación superior reside en última instancia en sus beneficiarios.

13. Por otra parte, la modalidad descentralizada de los fondos de crédito administrados por las universidades tiene asociada problemas de información e incentivos que no han sido resueltos, resultando en fuerte variabilidad de las tasas de recuperación entre universidades e iniquidades a la hora de asignar nuevos créditos (postulantes iguales reciben distinta ayuda financiera). Tampoco es claro como opera el subsidio asociado a la contingencia del ingreso, puesto que no se conoce cuando una baja recuperación es producto de tal característica o se debe a ineficiencias en el sistema de cobro.

14. Las insuficiencias que presentan los programas de financiamiento estudiantil limitan en última instancia el desarrollo de la educación superior en el país. Se trata de una situación inaceptable por dos tipos de motivos. Primero, puesto que atenta contra la igualdad de oportunidades, al restringir las oportunidades educacionales de jóvenes que no poseen los medios económicos necesarios para financiar sus estudios superiores, y contra las posibilidades de crecimiento económico en la medida que el país invierte menos de lo necesario en el plano educacional. Segundo, porque existen alternativas superiores de política, que hacen posible que el sistema de educación superior evolucione de manera más armónica con los objetivos de desarrollo del país.

Objetivos de la Reforma de Financiamiento Estudiantil

15. El principal objetivo de la reforma es contar con políticas de financiamiento estudiantil que faciliten – en vez de restringir – el desarrollo de la educación superior. Ello se logra a través de los siguientes requisitos:

  • Cobertura completa: todos los jóvenes que posean las calificaciones necesarias y que carezcan de los medios económicos suficientes deben poder acceder a fuentes de financiamiento que hagan posible costear los estudios de nivel superior, sin restricción en cuanto a las instituciones donde cursan los estudios salvo aquellos que garantizan su adecuada calidad (acreditación institucional).
  • Equidad horizontal: la asignación de financiamiento debe responder a criterios objetivos, transparentes y nacionales; de modo que jóvenes de igual nivel socioeconómico, mérito individual y accedan a montos equivalentes de financiamiento para costear sus estudios de nivel superior.

Propuesta de Reforma

16. Para conseguir los objetivos arriba descritos la propuesta de reforma incluye tres tipos de instrumentos: créditos, becas y ahorro previo. A continuación se presenta en forma esquemática los principales elementos de la propuesta, para luego entregar mayor fundamento.

Elegibilidad

  • La criterios de asignación del financiamiento estudiantil deben ser de carácter nacional, basados en reglas objetivas y transparentes cuya articulación y monitoreo corresponde a la autoridad de política educacional.
  • La elegibilidad individual para financiamiento estudiantil procede sobre criterios socioeconómico y de mérito individual, siendo preciso discutir públicamente su naturaleza y alcance. En principio se postula contar con un único índice de elegibilidad individual para acceder a los distintos instrumentos de financiamiento.
  • Se postula extender el financiamiento estudiantil a toda entidad de educación superior debidamente acreditada para tales fines, siendo preciso discutir públicamente las condiciones de tal acreditación.
  • En principio los instrumentos de financiamiento estudiantil están orientados a financiar los aranceles de matrícula. Se precisa aclarar si habrá fondos disponibles para financiar gastos de mantenimiento para lo cual se requiere mayores antecedentes a los disponibles.

Crédito :

  • Creación de una Agencia de Crédito Estudiantil, que provee el financiamiento para los créditos a través de la emisión de bonos, recuperación de antiguos créditos y aportes específicos del gobierno. Esta Agencia reemplaza a las universidades en la administración del crédito.
  • Las instituciones del sector actúan como ventanilla para efectos de la colocación del financiamiento estudiantil. Así, los postulantes de crédito se entienden con sus propias casas de estudio, aún cuando los recursos provengan de la Agencia y las reglas de asignación sean uniformes.
  • Los bonos emitidos por la Agencia de Crédito tienen por demandantes naturales a inversionistas del mercado de capitales de largo plazo, quienes debieran convertirse en la fuente principal de oferta de crédito estudiantil.
  • Los aportes fiscales se reducen a proveer las garantías y transferencias necesarias para hacer posible el funcionamiento del nuevo esquema en condiciones aceptables para los distintos actores del sistema.
  • La citada combinación de aportes públicos y privados posibilitará expandir sustantivamente la oferta de crédito estudiantil
  • Los pagos del crédito se realizan sobre una base contingente al ingreso, con opciones de pago fijo y predeterminado, sobre parámetros (período de pago, tasa de interés, porcentaje de pago sobre el ingreso) que aseguren niveles significativos de recuperación del crédito.
  • Los pagos del crédito a la Agencia se realizan a partir de descuentos que realiza el empleador del salario del deudor. En el caso de los trabajadores independientes los pagos proceden sobre una base fija o predeterminada, con una opción de pago contingente sujeto a demostración de los ingresos por parte del deudor.

Becas

  • Las becas se otorgan al segmento de estudiantes con mayor índice de elegibilidad individual, con fondos provistos directamente por el Ministerio de Educación y canalizados a través de las entidades de educación superior.
  • El volumen de recursos destinados a becas debe ser objeto de decisión política, habida consideración que un crédito de retorno contingente al ingreso ya constituye una solución adecuada para los estudiantes de menores recursos.

Ahorro previo

  • Se postula generar una política de incentivos al ahorro previo para la educación superior, la cual puede adquirir la forma de un subsidio que se entrega al momento del pago de la matrícula. El monto del subsidio es un porcentaje en función del ahorro acumulado (monto, antigüedad, regularidad) y del índice de elegibilidad individual.

Otros Elementos de la Política de Financiamiento Estudiantil

  • Desarrollo de un Sistema de Información Público de la Educación Superior, que provea información respecto de ingresos laborales y tasas de ocupación de modo que las decisiones familiares respecto de la inversión en educación proceda sobre bases racionales e informadas.
  • Aún cuando las instituciones del sector pueden fijar libremente sus aranceles, los instrumentos de financiamiento estudiantil operarán sobre la base de aranceles de referencia que sirvan como elementos de contención de costos en presencia de un tercer pagador (el Estado).

Fundamentos de la Propuesta

Elegibilidad para Financiamiento Estudiantil

17. La asignación de financiamiento estudiantil en cualquiera de sus modalidades –crédito, becas e incentivos al ahorro- se realizará a través de criterios objetivos, transparentes y nacionales, los cuales serán articulados y monitoreados por la autoridad de política educacional. El criterio básico es asegurar igualdad de condiciones en el acceso a financiamiento a personas que posean iguales antecedentes y calificaciones, con independencia de su lugar de estudios. Tal precepto es consistente con los lineamientos de una política de igualdad de oportunidades, la cual constituye la base de los esquemas de financiamiento estudiantil.

18. Las universidades y demás entidades de educación superior tendrán a su cargo la relación con los postulantes a financiamiento estudiantil, de modo que los estudiantes que soliciten estos recursos se entenderán con las oficinas de bienestar estudiantil de sus propias casas de estudio. Estas oficinas serán también responsables de verificar los antecedentes de los postulantes. Sin embargo, los criterios de asignación y la provisión de los recursos para ayuda estudiantil obedecerán a una lógica nacional en reemplazo de los esquemas descentralizados que hoy operan en el caso del crédito solidario y las becas Mineduc.

19. El esquema aquí propuesto establece que la ayuda estudiantil es asignada a los estudiantes antes que a las instituciones, aún cuando sean éstas últimas quiénes reciben los pagos realizados por las entidades originarias: Agencia de Crédito y Ministerio de Educación. También permite que los estudiantes conozcan los montos de financiamiento a que podrán optar con antelación a su matrícula en el sistema de educación superior.

20. Uno de los temas complejos a definir concierne a la elegibilidad de instituciones y estudiantes para optar a los esquemas de ayuda estudiantil. Se trata de un área de decisión que posee implicancias estructurales sobre el sector de educación superior, y que puede desencadenar significativos procesos de ganancia de calidad y eficiencia en un sector que tiende a reaccionar con lentitud frente a las demandas del medio.

21. Las conclusiones del Foro de la Educación Superior realizado durante la segunda mitad del año 2000 proveen un adecuado punto de partida en esta discusión. A la citada instancia concurrieron representantes de las distintas instituciones del sector y aquellos agrupados en la Comisión de Rol del Estado establecieron que “parece insostenible justificar un sistema de financiamiento que privilegie a los estudiantes que acceden a ciertas y particulares instituciones, dificultando su acceso a otras. Debiera, por lo tanto, incluirse en cualquier discusión de los mecanismos de financiamiento tanto a las universidades (sean estas públicas o privadas, tradicionales o no) como a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales”.

22. Por otra parte, la Comisión estableció la necesidad de “señalar con claridad y transparencia los criterios que tanto los estudiantes como las instituciones deben satisfacer para acceder a dichos recursos”. Entre las condiciones citadas figuran las siguientes:

  • Factor socioeconómico: sobre la necesidad de focalizar la ayuda estudiantil –que contiene algún elemento de subsidio público – en los segmentos de alumnos cuyo ingreso familiar es insuficiente para hacer frente a los costos de la educación superior.
  • Factor mérito individual: el factor mérito individual como predictor de los resultados de los estudios superiores debe ser un criterio vigente en la asignación de ayuda financiera.
  • Factor Condiciones Institucionales Mínimas: sobre las condiciones que deben cumplir las instituciones para que sus estudiantes sean elegibles para ayuda financiera.

23. El factor socioeconómico requiere una revisión del actual mecanismo de acreditación FUAS. En particular, se necesita modificar la definición utilizada para la capacidad de pago, la cual establece que todo ingreso familiar por sobre aquel que cubre el gasto de necesidades básicas puede ser asignado al pago de la educación superior. Esta modalidad impone demandas inapropiadas de pago para la mayor parte de las familias de ingreso medios y su única racionalidad parece emanar de la restricción en la oferta de fondos característica del esquema que se requiere reformar.

24. El factor mérito individual se relaciona con las calificaciones que la persona posee para terminar con éxito sus estudios de nivel superior. Este factor adquiere particular importancia cuando se está abriendo el acceso a crédito al conjunto de estudiantes del sistema, el cual exhibe niveles dispares de exigencia a la hora de seleccionar a los postulantes. Así, a nivel del sector de universidades puede requerirse un puntaje mínimo en la PAA para poder optar a crédito (500 puntos?). Para otras instituciones de educación superior, como son los Institutos Profesionales y los Centros de Formación Técnica se precisa definir criterios específicos de mérito, los cuales pueden ser asimilables a los requisitos de acceso que las propias instituciones señalen, provisto que la propia entidad es adecuadamente acreditada por los organismos pertinentes.

25. Respecto de la elegibilidad de las instituciones la Comisión de Estado del citado Foro de la Educación Superior concluyó que “la certificación de autonomía no parece ser un mecanismo totalmente confiable (para inversión de recursos públicos), de modo que cobra sentido la acreditación de calidad como requerimiento para recibir financiamiento por parte del Estado. La Comisión reconoce que la acreditación institucional es la forma usualmente aceptada para verificar la calidad sobre la base de criterios previamente establecidos, que contribuyan al establecimiento de mecanismos de evaluación internos periódicos, regulares y de aplicación objetiva por parte de la propia institución. Estos mecanismos deberían ajustarse a los criterios preestablecidos y concordados por las instituciones, aplicarse mediante un proceso riguroso de auto evaluación y validarse a través de la evaluación de pares externos.”

Crédito

26. Para ampliar la cobertura del crédito se requiere modificar la actual estructura basada en aportes fiscales y sujeta a las restricciones propias del presupuesto fiscal. La oferta de crédito actual (año 2000) alcanzó a alrededor de US$ 120 millones (tipo de cambio en $ 570), de los cuales casi un 70% fue cubierta por aporte fiscal fresco y el resto con recuperación de créditos anteriores. La demanda potencial de crédito fácilmente triplica este monto, considerando que solo en las universidades hay alrededor de 300.000 estudiantes que enfrentan un arancel promedio anual de US$ 2.100. Si la demanda potencial por crédito alcanzara a un 50% de estos pagos, la oferta de fondos requerida sería tres veces la actual.

27. La propuesta establece por tanto financiar los nuevos créditos estudiantiles con recursos provistos por el mercado de capitales; en particular, por aquellas entidades que administran recursos de más largo plazo como son las AFP y las compañías de seguro de vida. Al respecto, debe considerarse que los créditos estudiantiles representan una forma de inversión en recursos humanos, constituyendo los fondos del mercado de capitales la oferta natural de financiamiento de esta inversión.

28. El esquema tendría por eje a una agencia que emitirá los bonos que financiarán los nuevos créditos estudiantiles. Los bonos serían securitizados por el ingreso proveniente de los créditos y evaluados por agencias clasificadoras de riesgo. Los compradores directos de estos bonos serían las ya citadas AFP y/o compañías de seguro de vida. Existe por parte de estas entidades interés en participar del esquema, en la medida que se disponga de las condiciones necesarias en términos de rentabilidad y riesgo de los activos.

29. Se requiere las condiciones necesarias para dar cabida a este esquema de financiamiento, incluyendo el tipo de garantías públicas que tendrían los créditos estudiantiles, la distribución de riesgos entre los distintos participantes del sistema, el tratamiento conjunto de retornos contingentes al ingreso y los pagos que ofrezcan los bonos, las características que debe cumplir la Agencia de Crédito emisora de los títulos de deudas, entre otras materias.

30. El crédito estudiantil mantendrá la opción de pagos contingente al ingreso. Al respecto, los créditos con retorno contingente al ingreso representan un compromiso razonable para ser asumido por los jóvenes que a la edad de 18 años enfrentan significativa incertidumbre respecto de sus futuros ingresos laborales; en cambio, asumir compromisos de pagos fijos e independientes del nivel de ingreso, como ocurre en el caso del crédito tradicional, discrimina en contra de los jóvenes de menores recursos debido a los riesgos que la opción supone.

31. Para que un sistema de crédito funcione como tal requiere que se recuperen los fondos invertidos, puesto que de otra manera el esquema se convierte en una ineficiente manera de proveer subsidios. Bajo los actuales parámetros de pago de los créditos se producen subsidios importantes. Al respecto considere que el monto del subsidio asciende, en valor presente, al 36% del crédito en el caso de una persona que recibe un préstamo que cubre totalmente el arancel de matrícula y cuyo ingreso inicial asciende a $ 350.000.

32. Para mejorar la recuperación de los créditos se propone modificar el período máximo de pago desde 15 a 20 años, manteniendo en un 5% la fracción del ingreso que debe ser destinada al pago del crédito. La tasa de interés que deben pagar los créditos debe ser más elevada que la actual, aún cuando seguirá teniendo un subsidio de modo que los beneficiarios de los créditos no paguen el conjunto de costos asociados a los elementos de riesgo, información e intermediación que tornan la operación de los préstamos estudiantiles relativamente cara respecto de otros créditos. Ello puesto que no sería apropiado que los beneficiarios de la política de igualación de oportunidades terminen pagando montos superiores, en valor presente, respecto del pago por la educación superior que realizan aquellos que disponen de recursos para realizar los pagos al contado. A tal respecto, una tasa de interés del orden de 6% provee una contribución razonable, considerando el conjunto de factores del caso.

33. Por otra parte, la organización de los pagos debe seguir las formas que sean más propicias para garantizar la recuperación de los fondos invertidos. En el caso de un esquema crédito con retorno contingente al ingreso los requerimientos de información de los deudores son particularmente exigentes, haciendo aconsejable depositar la función de pagos en aquellas instancias que puedan verificar los ingresos de la personas.

34. Una alternativa natural en Chile es provista por la práctica institucional de descontar de los pagos salariales las contribuciones que se realizan a la seguridad social y al pago de impuestos al trabajo. Al respecto se postula que los pagos del crédito se realicen sobre descuentos legales y obligatorios ascendientes a un 5% de los ingresos de los trabajadores asalariados. Al respecto se precisa enfatizar que una adecuada recuperación de los créditos es consustancial para ampliar los niveles de cobertura y de calidad de la educación superior en el país

35. Por otra parte, se requiere tratar el tema de los trabajadores independientes, que por regla general son complicados para todo tipo de esquema de pago (seguridad social, impuestos). Aquí la propuesta apunta a que estas personas paguen una cuota fija (o creciente en el tiempo, pero predeterminada), dejándolo a ellos la prueba de la contingencia en el ingreso si es que deciden hacer uso de esta variante. Para tal efecto deben acreditar tales ingresos con declaraciones de pago de impuestos.

36. La nueva institucionalidad del crédito requiere de una agencia que cumpla las siguientes funciones:

  • Financie los créditos estudiantiles a través de la emisión de bonos y recuperación de créditos antiguos. La Agencia por tanto debe estar calificada para emitir instrumentos de deuda respaldados por los créditos estudiantiles, así como poder ser recipiente oficial de los pagos que efectúen las personas que han contraído este tipo de obligaciones.
  • La Agencia también será la recipiente de los pagos que efectúen los antiguos deudores del sistema de crédito, sustituyendo a las universidades en tal función. Al respecto debe considerarse que las universidades deben destinar la recuperación de estas deudas a la oferta de nuevos créditos. En la medida que los nuevos prestamos serán responsabilidad de la Agencia de Crédito, corresponde por tanto que sea esta entidad la recipiente de los citados pagos.

Becas

37. Las becas de matrícula se orientan a los estudiantes de mayor mérito académico y condición socioeconómica más desfavorecida. En tal sentido las becas constituyen un estímulo para quienes han logrado destacar en condiciones sociales adversas. Ahora bien, estrictamente hablando el valor de las becas es de carácter simbólico, puesto que la posibilidad de acceder a créditos con retorno contingente al ingreso representa una adecuada solución al problema del financiamiento estudiantil, tanto para jóvenes pobres como para aquellos pertenecientes a capas medias.

38. En el contexto del párrafo anterior se precisa ser cuidadoso con el monto de recursos que serán destinados a las becas. Ello puesto que en última instancia se trata de fondos que compiten con los recursos disponibles para los demás programas de financiamiento estudiantil: incentivos al ahorro y crédito. En tal sentido sería una mala decisión limitar los recursos para crédito, que es un elemento esencial de la política de financiamiento estudiantil, por destinar recursos a las becas, que constituye un elemento prescindible de tal política.

Ahorro Previo

39. El ahorro previo representa una alternativa natural al crédito para efectos de financiar los estudios superiores. Desde la perspectiva de las familias se trata de destinar una fracción de los ingresos para acumular recursos que serán posteriormente destinados al pago de los estudios superiores; el crédito, en cambio, supone descontar una fracción de los ingresos futuros para conseguir igual propósito. El ahorro tiene ventajas evidentes, puesto que es más simple en cuanto su operatoria y porque reduce la demanda por los demás instrumentos de financiamiento estudiantil. Su principal limitación es que está acotado a aquellas familias que tienen ingresos suficientes para poder destinar un monto razonable de recursos a tal finalidad.

40. La racionalidad de colocar incentivos al ahorro radica en que tales recursos igual serían gastados si la persona debe acudir al crédito, por concepto del subsidio a la tasa de interés y eventuales subsidios relacionados con la contingencia al ingreso. Si a ello se suma los demás elementos positivos del ahorro resulta clara la conveniencia de destinar recursos públicos para incentivar esta variante del financiamiento estudiantil.

41. Una forma posible para este tipo de incentivo a través de un subsidio que se entrega al momento del pago de la matrícula. El monto del subsidio es un porcentaje en función del ahorro acumulado (monto, antigüedad, regularidad) y del índice de elegibilidad individual.

Otros Elementos

42. Las instituciones deben proveer insumos para alimentar un sistema de información público respecto de procesos internos (tiempos de egreso, porcentaje alumnos que egresan, etc) así como indicadores de inserción laboral (salarios de ingreso, tasas de ocupación en áreas de estudios, etc). A este respecto, la reforma al sistema de crédito proporciona una oportunidad única para introducir un sistema de información que resulta indispensable para la toma de decisiones informada y racional por parte de las familias y demás actores del sistema de educación superior.

43. La reforma de la ayuda estudiantil es también propicia para tratar el tema de los aranceles de referencia. ¿Los programas de financiamiento estudiantil avalarán cualquier nivel de arancel o estarán disponible solo para niveles predeterminada de aranceles?. Hay dos tipos de razones que aconsejan seguir la segunda de las opciones citadas. En primer término todo esquema en que existe un tercer pagador –como es el caso del Estado en el financiamiento estudiantil – opera con algún mecanismo que limite las espirales de costos asociadas a este tipo de operaciones. En segundo lugar, cuando el retorno del crédito es contingente al ingreso futuro parece razonable que se financien niveles de aranceles compatibles con la capacidad futura de pago de los egresados, salvo el caso de carreras donde exista una opción explícita que desvincule ambas variables (costo de la carrera e ingresos de la profesión). A modo de ejemplo, suponga una persona que gane un ingreso inicial de $ 400.000 mensuales, que luego aumenta a un 5% anual, y que destina durante 20 años el 5% de sus ingresos al pago de un crédito estudiantil que cubrió todo el arancel . El arancel máximo compatible con el pago de la deuda son $ 750.000. Si el arancel efectivo fuese $1.000.000, el subsidio que habría que entregar ascendería a un 25% del valor presente del crédito.

Fuente: Ministerio de Educación

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