“QUERELLA PRESENTADA EN CONTRA DE FUNCIONARIOS DE INVESTIGACIONES QUE CAUSARON LESIONES A MAPUCHES”

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Querella presentada a Tribunales de Justicia
EN LO PRINCIPAL: Querella. PRIMER OTROSÍ: Exención de fianza de calumnia. SEGUNDO OTROSÍ: Acumulación. TERCER OTROSÍ: Diligencias. CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder.

S.J.L. del C.

JUAN BAUTISTA LIEMPI PAILAYA, cédula nacional de identidad 9.627.601-K, ABEL ALONSO MARIHUEN HUENUPIL, cédula de identidad 15.202.899-7, ambos actualmente hospitalizados en el Hospital Regional de Concepción y HERNÁN SEBASTIÁN ALBORNOZ CARILAO, cédula de identidad 12.387.571-0, actualmente hospitalizado en Hospital de Cañete, todos mapuches, víctimas directa de los delitos de lesiones sancionado en el artículo 397 del Código Penal que se denuncian y debidamente individualizados en la causa rol Nº 41.180, en la que en un Otrosí solicitamos que se acumule a la misma y ROSARIO HUENUPIL ANTILAO, inválida, en su calidad de cónyuge de Juan Bautista Liempi Pailaya, todos domiciliados para estos efectos en calle Esmeralda 080, segundo piso, comuna y ciudad de Cañete, a US. respetuosamente decimos:

Que venimos en presentar querella en contra de LUIS REYES URRA, LUIS SAEZ SALGADO, ROBERTO REY PIZARRO, MAURO MERCADO ANDAUR y JAIME MONSALVE PICHUN, todos funcionarios de Policía de Investigaciones, y en contra de quienes resulten responsables, por los delitos tipificados y sancionados en los artículos 255 y 397 del Código Penal, que sanciona a los empleados públicos que, desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas, en la especie, en contra de mapuche lafquenches que masivamente concurrieron al pueblo de Tirúa el día de los hechos y por las lesiones directamente causadas a los tres primeros querellantes, de acuerdo a los antecedentes de hecho y derecho que pasaremos a exponer.

LOS HECHOS

El día 15 de mayo del presente año, como todos los mediados de mes en la localidad de Tirúa, se reúne una gran cantidad de gente que baja al pueblo, principalmente de las comunidades indígenas lafquenches, por ser el día de pago de las pensiones y subsidios asistenciales que entrega el Instituto Nacional de Previsión (INP) y de feria libre. Sus calles por ello se encontraban copadas de gente, en su gran mayoría mapuches quienes aprovechan la ocasión para intercambiar y adquirir productos necesarios para su subsistencia en la feria al aire libre, provocándose naturalmente un alto grado de alboroto y tráfico de gente típico de esos días.

En eso, alrededor de las 12:30 PM, inesperadamente y sin mediar identificación de ninguna especie, un sujeto, del que luego se supo que era funcionario de Policía de Investigaciones, intentó detener a un mapuche que se había pagado una pensión en el Centro de Pago del Instituto Nacional de Previsión, que funciona en un local de la Iglesia Católica, produciéndose un forcejeo entre ambos. Naturalmente las personas que se encontraban ahí al ver esta situación, en que un sujeto intentaba llevarse a otro sin mediar razón alguna, sin identificarse ni exhibir una orden de detención que justificara el hecho, acudieron en auxilio de la víctima y comenzaron a resistir la aprehensión y a forcejear entre todos para que soltaran al hombre.

Entre la confusión que se armó, en que nadie sabía muy bien lo que sucedía, el detective de civil que intentaba la detención junto con otro que se encontraba ahí, encubierto como si fuere vendedor ambulante, comenzaron a efectuar disparos indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el lugar, mientras la gente corría masivamente para refugiarse de los disparos, resultando alcanzados por las balas don Domingo Marihuen Marin, quien recibió una bala en el glúteo y muslo izquierdo, y Hernán Albornoz Carilao, querellante, quien recibió una bala también en su pierna, con entrada del proyectil por la parte posterior de su cuerpo.

Testigos presenciales de estos hechos fue el consejero indígena don Miguel Liguempi Huilita, el sacerdote jesuita don Pablo Castro Fones y el sociólogo Luis Llanquilef.

En la irresponsable y loca persecución de la gente que huía, los oficiales de Policía de Investigaciones que actuaron en este operativo policial planificado, se desplazaron disparando a troche y moche, llegando hasta donde se encuentra la Escuela Pública “Eloísa González”, de Tirúa, donde estudian más de 600 niños, en jornada completa, alumnos que se encontraban juntos a sus profesores en clases, quedando el establecimiento con varias huellas de balas en su paredes, recogiéndose en ese lugar, con posterioridad, por los estudiantes, múltiples casquetes de balas percutadas por los detectives y, según múltiples versiones, que deberá ser investigada, también de Carabineros que se apersonaron en el lugar, prestando colaboración e incluso armas al personal de Investigaciones.

Ahí, frente a la Escuela, fueron alcanzados por las balas los señores Juan Bautista Liempi Pailaya, quien sufrió una herida transfixial en el muslo izquierdo, fractura de fémur izquierdo y con un estado grave de shock que obligó a internarlo en la UCI del Hospital Regional de Concepción, con peligro de muerte, y el señor Abel Marihuen Huenupil, que sufrió una herida trasfixial en el muslo derecho con fractura de fémur. Ambos, querellantes en estos autos, habían asistido ese día a cobrar sus pensiones en el INP y quedaron tendidos en la calle sin poder moverse. Cabe mencionar que el querellante Abel Marihuen es sordomudo.

Posteriormente, el personal de investigaciones se atrincheró en el consultorio municipal, bloqueando con vehículos, sin identificación policial – algunos pertenecientes a particulares que habitan en el sector – la entrada al mismo, impidiendo con ello la entrada al centro asistencial de los heridos dejados en la calle. Se quedaron ahí amenazando con sus armas a quienes se apostaron en las afueras del consultorio, todo en una actitud completamente irracional y con grave peligro para los heridos por los disparos y para quienes se encontraban en ese momento en el consultorio. En ese momento llegó hasta este centro asistencial el Alcalde de Tirúa, don Adolfo Millabur Ñancuil, quien logró apaciguar los ánimos y obtener el traslado inmediato, con carácter de urgente, de los heridos, al Hospital Regional de Concepción. De no mediar esta intervención, probablemente hubiese fallecido el querellante Juan Bautista Liempi, quien tenía comprometida su vida según informes del mencionado Hospital, y podría haberse desencadenado incidentes de proporciones inimaginables por su gravedad.

EL DERECHO

Los hechos descritos ponen en evidencia que los funcionarios policiales contravinieron gravemente lo prescrito por el artículo 74 bis A del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 253 del mismo cuerpo legal, que los obliga cumplir las órdenes emanadas de autoridad competente, las que deben ser intimada en forma legal a la persona a quien afecten al efectuarse su cumplimiento. El personal de Investigaciones, no exhibió órdenes de ninguna autoridad judicial competente y ni siquiera se identificaron como tal.

El Código Penal, en su artículo 255, castiga los abusos en contra de los particulares cometidos por funcionarios públicos, disponiendo que:

“El empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño del servicio respectivo, será castigado con las penas de suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

La comunidad de Tirúa, presente ese día en las proximidades del Centro de Pago del INP, de la Escuela Pública y del Centro Asistencial de la Municipalidad de Tirúa, fueron objeto de una grave e injusta vejación por parte de los funcionarios de Investigaciones que actuaron en estos hechos. El Diccionario de la Real Academia define vejación como acción y efecto de vejar y ésta como “maltratar, molestar, perseguir a uno, perjudicarle o hacerle padecer”, siendo víctima de esta acción delictiva no sólo aquéllos que fueron lesionado gravemente, sino que todos los presentes.

Asimismo, respecto de aquellos que fueron heridos gravemente por la acción irracional e irresponsable de funcionarios, supuestamente entrenados para cumplir cometidos propios de su servicio, que afectan derechos fundamentales como la libertad de las personas, los hechores cometieron el delito de lesiones tipificado y sancionado por el artículo 397 del Código Penal, que prescribe:

“El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro, será castigado como procesado de lesiones graves:
1.° Con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si de resultas de las lesiones queda el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.
2.° Con la de presidio menor en su grado medio, si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.

Es evidente que por la gravedad de las lesiones provocadas a quienes presentamos esta querella, éstas no pueden menos que calificarse de graves y gravísimas respecto de Juan Bautista Liempi, si se produce el nefasto efecto de la impotencia.

Es necesario insistir ante VS. que en la especie el personal de Investigaciones actuó de manera completamente inoportuna, irregular e incurriendo en violencia innecesaria con los resultados ya relatados. El actuar de los funcionarios policiales fue inoportuno ya que el arresto se intentó llevar adelante en un lugar donde se encontraba una gran cantidad de gente, en su mayoría mapuches, y era más que previsible que en esa condiciones iba existir resistencia a la detención, efectuándose el procedimiento en condiciones de riesgo innecesario, terminando con graves consecuencias. Fue irregular ya que previo al arresto no existió identificación por parte de los policías ni se exhibió la orden de detención como lo exige el artículo 253 del Código de Procedimiento Penal. Y, además, los policías actuaron con violencia innecesaria y de una manera completamente injustificada, irracional y criminal al disparar al cuerpo a personas desarmadas, que huían de los disparos y sin mediar proporción alguna entre la reacción de la gente frente al intento de arresto y la respuesta de la comunidad.

POR TANTO,

en conformidad a las normas legales citadas, y artículos 81, 93 y 94 del Código de Procedimiento Penal
ROGAMOS A US: tener por presentada querella criminal en contra de Luis Reyes Urra, Luis Saez Salgado, Roberto Rey Pizarro, Mauro Mercado Andaur y Jaime Monsalve Pichun y de quienes resulten responsables, darle curso, citar a declarar a los inculpados, someterlos a proceso, acusarlos y condenarlos, aplicándoles las máximas penas consagradas por nuestra legislación por los delitos denunciados, con costas.

PRIMER OTROSÍ: En conformidad al artículo 100 del Código de Procedimiento Penal, rogamos a US. tener presente que estamos exentos de rendir fianza de calumnia.

SEGUNDO OTROSÍ: Rogamos US ordenar la acumulación de la presente querella a la causa rol N°41.180, que se refiere a los mismos hechos.

TERCER OTROSI: A fin de esclarecer los hechos delictivos denunciados, venimos en solicitar que se decreten las siguientes diligencias:

I.- Citar a declarar judicialmente a los querellados de la presente causa.

II.- Oficiar a la Prefectura de Investigaciones de Concepción a fin de que informe al tribunal acerca de los siguientes antecedentes:

a.- Personal que participó en el operativo policial efectuado en Tirúa el día 15 de Mayo del 2001 y persona responsable del mismo.
b.- Identificación de los vehículos policiales y de particulares utilizados por el personal de Investigaciones en dicho operativo.
c.- Identificar las armas que portaba el personal en el operativo y precisar cuántas balas fueron percutadas desde las mismas.
d.- Remitir copia de la orden de detención que el personal de Investigaciones cumplía el día de los hechos. Asimismo, precisar si el día anterior a los hechos, precisamente, el 14 de Mayo fue cumplida normalmente en Tirúa una orden de detención emanada de una orden judicial relacionada con la que se pretendía cumplir el día 15 del mismo mes.

III.- Oficiar a Carabineros de Tirúa a fin de que informen si personal de esa Unidad ó de otra de la misma Institución, actuaron el día de los hechos. En concreto, si actuaron directamente en los hechos ó si cooperaron con personal de Investigaciones ó si prestaron armas o abastecieron de balas a funcionarios de Investigaciones.

IV.- Citar a los siguiente testigos de autos:

1. Miguel Liguempi Huilita, consejero de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
2. Adolfo Millabur Ñancuil, Alcalde de la I.Municipalidad de Tirúa.
3. Galvarino Catalan Leal, inspector de la escuela pública Eloisa Gonzalez de Tirúa.
4. Pablo Castro Fones, sacerdote jesuita, domiciliado en Tirúa Sur, Sector Las Misiones.
5. Luis Llanquilef, sociólogo, con domicilio calle Esmeralda 080, comuna y ciudad de Cañete.

POR TANTO,

ROGAMOS A US: así decretarlas.
CUARTO OTROSÍ: Venimos en designar abogados patrocinantes y a conferir poder a los abogados Roberto Celedón Fernández y Sergio Fuenzalida Bascuñan, con domicilio en calle Esmeralda 080, segundo piso, izquierda, quienes firman en señal de aceptación.

Fuente: Oficina Parlamentaria

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