Reforma constitucional sobre territorios especiales de Isla de Pascua y archipiélago Juan Fernández

El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente. La verdad es que estamos discutiendo una ley que ha sido exigida de manera reiterada por los habitantes de Rapa Nui.

Senador Navarro en visita a Rapa Nui

Claramente la Isla de Pascua, como la conocen los chilenos, o Rapa Nui, como la llaman los indígenas, los pueblos originarios que allí habitan, antes que llegara Policarpo Toro, han demandado que el Estado de Chile resguarde y haga efectivos los tratados y los compromisos que el Estado de Chile durante mucho tiempo no ha cumplido, dejando a la Isla en un claro abandono.
Esta es una medida administrativa, que tiende a proteger, por cierto, de sobrecarga turística a la Isla, en donde no habitan más de 5 mil habitantes, la mitad de ellos de origen rapanui, la otra mitad, extranjeros o chilenos, continentales.
Lo que yo señaló es que la legislación actual no considera dentro de la normativa ambiental la capacidad de carga como un elemento a evaluar en la normativa ambiental.
Y la pregunta que surge es cómo vamos a fijar esa capacidad e carga cuando limitemos el acceso a turistas o a empresas, si es que efectivamente la legislación medioambiental no la considera.

He presentado un proyecto de ley para incorporar el concepto de “capacidad de carga”, que está incluida en todas las legislaciones ambientales de los países desarrollados del mundo, menos en la chilena.

En segundo término, señor Presidente, la consideración en especial del Convenio 169 de la OIT requiere la incorporación, porque estamos hablando de una Isla cuyos principales habitantes son de un pueblo originario y, por lo tanto, están protegidos por el Convenio 169 de la OIT, que Chile también ha aprobado. Y eso establece mecanismos de consulta, establece mecanismos adecuados de información al pueblo rapanui.

Señor Presidente, también intentamos que esta limitación de la capacidad de carga no solo estuviera circunscrita a Rapa Nui e Isla Juan Fernández, sino también a un conjunto de islas en el sur austral que la verdad deben ser protegidas.

Son más de 23 mil kilómetros de costa en la Región de Aysén y en el sur de Chile en donde hay problemas concretos que requieren protección. Sin ir más lejos, la Isla Huafo, que actualmente está en la mira de empresas mineras, efectivamente, requiere protección, y la hemos venido solicitando de manera reiterada.

¿Vamos a proteger o no nuestro territorio insular? Esa es la pregunta.
Nuestro territorio nacional insular no es solo Rapa Nui ni Juan Fernández, son más de 23 mil kilómetros de costa que Chile tiene en el sur, en el archipiélago, y también, por cierto, islas como Santa María, en la Región del Biobío, o Isla Mocha en la Región del Biobío.

Quisiera señalar, entonces, señor Presidente, de que si bien concordamos en que este es un paso importantes para la protección de los territorios insulares respecto de lo que significa limitar la capacidad de carga para proteger el medio ambiente, la cultura y, particularmente, la sobrevivencia de esas comunidades, espero que la ley rgánica, que ha sido fijada para determinar los contenidos, pudiéramos consensuarla a la brevedad.
Mi pregunta es, para los miembros de la Comisión de Constitución, es por qué una ley orgánica va a ser la que tenga que fijar esas limitaciones. Eso va a requerir un gran debate y un gran consenso.

Me preocupa que esta reforma constitucional pueda brindar la condición para hacer esa limitante en Rapa Nui o en Juan Fernández, pero que en definitiva la ley orgánica que la regule se extienda y en definitiva no se apruebe.
Mi pregunta, señor Presidente, cuánto va a demorar este Congreso en despachar una ley que permita regular este derecho y hacer efectivo este derecho.
Voy a votar a favor, porque considero que esta limitación al derecho de permanencia en la Isla es una necesidad propia de la subsistencia de la Isla, de la comunidad rapanui y creo que en definitiva debe hacerse. Me preocupa que una ley orgánica vaya a fijar los contenidos. Me preocupa el tiempo que nos vamos a demorar en fijar esa ley orgánica, porque si no está reforma constitucional no tendrá ningún sentido y será vacía. Se requiere la ley que regule dicha capacidad de carga. Se requiere modificar la ley ambiental para hacer efectiva esta reforma constitucional.
Voto a favor, con estas observaciones, señor Presidente.

¡Patagonia, sin represas!
He dicho.

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