“Se debe intervenir el Sename con un delegado presidencial”

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  • Este miércoles 04 de mayo comienzan las audiencias en la Comisión DDHH, que preside el senador Navarro.

  • Asistirán los directores de Gendarmería y del Servicio Nacional de Menores y las asociaciones de funcionarios de la Institución
  • El parlamentario el año 2012 denunció ante el entonces presidente Piñera, la crisis que había en el Servicio.

Un delegado presidencial para el Sename, solicitará el presidente de la Comisión de DDHH del Senado, Alejandro Navarro a la mandataria Michelle Bachelet, “con el fin de que se intervenga de manera profunda el Servicio, que debería otorgar cuidado y protección integral a los menores que tiene a su cargo, pero que, sin embargo, hemos visto que hace tiempo ha transgredido ese rol, lo que quedó reflejado con la muerte de Lissette Villa de 11 años al interior de un centro”.

El Senador, expresó que “la renuncia de la Directora Nacional, Marcela Labraña, no resuelve los problemas de fondo que tiene la institución, aunque, evidentemente cometió un grave error cuando señaló que la menor que falleció en el Centro Galvarino, había muerto de pena porque la madre no la había ido a visitar”.

Aun así, el Parlamentario dijo que “aquí tenemos que hacer es tomar la decisión de intervenir el Servicio de manera decidida y que el delegado presidencial se encargue de convocar a un Comité Ejecutivo Intersectorial para la aplicación de las acciones inmediatas de intervención, compuesto por funcionarios, por el Ministerio de Justicia, por las comisiones de DDHH de la Cámara y del Senado más las instituciones privadas ligadas al cuidado, de tal manera de lograr elevar una propuesta que permita cambiar la estructura y el funcionamiento de la Institución”.

Añadió que “la constatación que hicimos con la Comisión en el Hogar Galvarino, es que los problemas internos que hay en la institución, entre los funcionarios y la Dirección Nacional, y las graves falencias que existen dan cuenta que la actual institucionalidad no están en condiciones de enfrentar la crisis”.

“La crisis es terminal-agregó- se agotó la institucionalidad de protección a los niños y niñas por parte del Estado de Chile. Y por eso, se debe producir el recambio total de funcionarios de Gendarmería en los centros de menores infractores de Ley”

Además, agregó que “se debe establecer una alianza con el sector privado para buscar el apoyo a la creación de centros transitorios para los niños de mayor riesgo dentro de Sename”.  Y, en ese sentido, Navarro comentó que “yo esperaría que los grandes empresarios y sus familias concurrirán con su apoyo para contribuir a salvar esta crisis”.

Por otro lado, el congresista explicó que en su calidad de presidente de DDHH, “en medio de esta crisis, como Comisión iniciaremos una serie de audiencias para elaborar un informe que apunte a la reestructuración integral del actual Servicio Nacional de Menores. Estas comenzarán el miércoles 04 de mayo con las exposiciones de los directores del SENAME, Hugo Herrera; y de Gendarmería Tulio Arce y los presidentes de la Asociaciones de Funcionarios: AFUSE, Alicia Del Basto; ANTRASE, Walter Arancibia; y ANFUR, Luis Cortés, entre otros.

El parlamentario, comentó que “en los Centros del Servicio Nacional de Menores comparten dormitorios niños y niñas; niños en protección y niños que han infringido la ley”. Del mismo modo, agregó que “hay 800 personas, entre 24 y 67 años, de los cuales la institución tiene que hacerse cargo, producto de que cumplida la mayoría de edad, ellos se han ido quedando por situaciones psicológicas, mentales”.

En 2012 Navarro denunció la crisis ante el presidente Piñera

“Lamentablemente”, sentenció el legislador “los problemas del Sename se arrastran desde hace varios gobiernos. Y creo que la muerte de Lissette debe marcar un antes y un después. Y, en ese sentido, el gobierno tiene el deber ético y moral de hacerse cargo porque debe cumplir con su deber de entregar protección a los niños y niñas que están en desamparo”.

Y en ese contexto, el legislador recordó que en 2012 le envió una carta al entonces presidente Sebastián Piñera, exponiéndole una serie de falencias que tenía el Servicio, basándose en un informe entregado a la Corte Suprema, en agosto de 2011, por los magistrados Mónica Jeldres y Germán Núñez que habían detectado serios problemas en diversos centros de residencia del Sename.

En dicha misiva, el senador del MAS, indicó que “en esa oportunidad, y basándome en los informes de los jueces, entregué detalles de la violencia y de la vulneración de los derechos que sufrían los niños y niñas  al interior del Sename, en donde se detectó que habían:  abusos de menores, deficiente infraestructura, escasas medidas de seguridad, mala alimentación, personal insuficiente, mezcla de adolescentes infractores con vulnerados”.

El congresista, en 2012, le entregó detalles de los centros en los que había vulneración. Como por ejemplo, dijo “uno de ellos era el centro Cread de Playa Ancha cuestionados porque alberga a menores vulnerados con otros que han cometido delitos, incluso de diferentes edades. Lo mismo, en la residencia Don Bosco, en Macul, se verificó un escape de gas y se señaló un mal servicio de alimentación. Por su parte, sobre las Aldeas Infantiles SOS Madreselva, de Macul, se sugirió el cierre del lugar debido por no contar con un plan preventivo de drogas y enfermedades venéreas de sus residentes”.

También comentó al mandatario que, entre otros, “en junio de 2011 se conoció el caso del hogar de menores de Coyhaique, financiado por el SENAME, y administrado por la Obra Don Guanella, de la Iglesia Católica, donde los niños fueron violados y violentados por sacerdotes y funcionarios del hogar. Para el año 2006, el hogar recibía del Estado más de 178 mil pesos mensuales por interno acogido. Eran 55, o sea, 118 millones de pesos anuales para asegurar que estos niños estuvieran bien”.

Del mismo modo, el senador señaló que “en octubre de 2010 salió a la luz las violaciones, prostitución infantil, estupro y abusos cometidos por 8 funcionarios del Hogar Capullo de Chiguayante, Octava Región, sobre niños de hasta 6 años. Incluso se coludieron con dos taxistas locales para cometer los delitos en un circuito ilegal de prostitución por la zona. Y si bien hubo condenas de hasta 15 años de cárcel, nadie pudo prevenir los delitos, en un lugar que pretende ofrecer protección y rehabilitación de los niños”.

Así como también, Navarro hacía énfasis en la carta al Presidente que “ya en junio de 2006 se informó que la Fiscalía Sur de Santiago investigaba siete denuncias por delitos de estupro, violación y abusos deshonestos en la fundación Mi Casa. La vocera de la Fiscalía Sur, Andrea Coppa, manifestó que los responsables serían “distintas clases de personas vinculadas, algunos cuidadores y otros monitores”.

Estos y otros casos La Moneda tuvo acceso, sin embargo en esos años tampoco se actuó con decisión. Aun cuando en 2012 le pedimos a Piñera que el SENAME requería una urgente, decidida y profunda intervención, sin embargo no se actuó de la forma que se debía hacer. Y tampoco se presentó el proyecto que había anunciado el gobierno de ese entonces de dividir el Sename en un organismo protector y otro encargado de niños que han delinquido (el Servicio de Persecución Penal y Rehabilitación y el Servicio Nacional de la Infancia y Adolescencia) Mientras tanto, seguimos lamentando que se sigan transgrediendo los derechos de los niños y de las niñas de nuestro país”.

Según consta la intervención del Senado realizada el miércoles 13 de junio de 2012, el senador Navarro expresaba que “con la actual legislación, señor Presidente, un menor golpeado por sus padres puede compartir pieza con menores que han cometido homicidios y/o violaciones. En los hogares del SENAME se mezclan niños que han sido vulnerados o abusados por sus padres o entorno, con los niños que han sido condenados por haber cometidos delitos criminales. No se discrimina por peligrosidad o edad. En virtud de la mezcla de menores con compromiso delictual con otros que no lo son, o por juntar niños de distinto perfil, sexo y edad, el sistema permite implícitamente la violación entre ellos, lo que es muy común”.

PRENSA OFICINA PARLAMENTARIA

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